Molestia. Rechaza líder de Onappafa la intención de destruir los automóviles que fueron recogidos en operativos.
El líder de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), José Guadalupe Barrios Núñez reprueba la intención de la Administración Fiscal General de destruir o adjudicarse, los autos de procedencia extranjera que hayan sido recogidos en los operativos y que no hayan sido recuperados en un lapso de cinco meses.
Y es que asegura que el problema que enfrentan los propietarios de autos "chocolate", es que las agencias aduanales no han expedido pedimientos de manera regular, debido a las diferencias que existen con las armadoras de automóviles.
Barrios explica que desde por lo menos dos meses se tiene esta problemática, lo que ha retrasado la solicitud y entrega de los pedimentos tanto de personas que no se han visto afectadas con los decomisos, como aquellas que esperan una solución y obtener el recurso necesario para realizar su trámite mientras su vehículo se encuentra en manos de las autoridades.
"La gente quiere arreglar su situación, pero no hay fecha por parte de las agencias aduanales, primero nos dicen que en ocho días, y así se van, tiene como dos meses que no dan (pedimentos)", comentó Barrios Núñez.
Sobre las declaraciones que hiciera Roberto José Díaz, administrador general, sobre la posible destrucción o adjudicación de los autos con más de cinco meses en el corralón, Barrios Núñez dijo "ellos no pueden hacer esto, cómo van a destruir una herramienta de trabajo esos señores, lo vemos mal; los gobernadores están pidiendo más producción, más ingresos, y ahora que se van a poner a destruir las herramientas de trabajo, se están contradiciendo".
Barrios comenta que además de la suspensión continúa de las agencias aduanales, el trámite es muy tardado, tanto que apenas llegaron los primeros cinco pedimentos para propietarios de autos extranjeros solicitados hace más de dos meses.
Además de tardado, el trámite sale caro. Y es que el costo promedio es de 9 mil 500 pesos hasta los 12 mil, más los gastos que implican los traslados, cuando se hace de manera directa en la frontera.
