Quebrada la esperanza de un mejor país al regreso del PRI a Los Pinos, el balance empresarial a más de un año del presidente Enrique Peña Nieto tiene perfil de fiasco. Se diría que de la euforia se pasó al desconcierto y de ahí al desencanto. La tabla rasa incluye, incluso, el orgullo de la casa: las reformas estructurales.
De acuerdo a una encuesta denominada "Perspectivas de Alta Dirección 2014" realizada por la empresa KPMG, sólo el nueve por ciento de la élite de las grandes empresas califica de buena la actuación del gobierno.
El año pasado, a sólo unas semanas del regreso al poder del partido tricolor, el 49 por ciento le ponía calificación aprobatoria. La caída, pues, es de 40 por ciento. En el mismo renglón, al 37 por ciento le parece regular la gestión priísta; al 35, mala y el 19, pésima. En enero del 2011, aún bajo el gobierno gris monotemático y autoritario del presidente Felipe Calderón, la propia muestra ofrecía 46 por ciento de aceptación a la línea conductora del país.
Más grave aún, en el peor año del anterior gobierno panista para la economía, es decir, en el 2009, el 24 por ciento de los encuestados calificaba como buena la actuación del Ejecutivo. La muestra de KPMG, cuyos resultados integrales se darán a conocer esta semana, se realizó entre un total de 670 directivos o ejecutivos de empresas, de los cuales el 48 por ciento tenía nivel de director general; el 18 por ciento de presidentes del Consejo de Administración; el seis de vicepresidentes, y el resto de gerentes o subdirectores.
La encuesta se realiza tradicionalmente durante el mes de enero. Durante el 2013, a sólo menos de 60 días de iniciado el régimen, ubicada la esperanza en el Pacto por México, pese a incluir sólo partidos políticos en lugar de sectores, sólo el dos por ciento había calificado de pésima la actuación del gobierno federal, que en la práctica apunta a la del presidente Enrique Peña Nieto.
A su vez, el cinco la calificó de mala y el 36 de regular.
El dato más contundente, sin embargo, apunta a que mientras en aquel ejercicio el 12 por ciento de los empresarios calificaba de excelente la faena, este año no hubo un sólo voto hacia el cuadrito correspondiente.
Naturalmente, gran parte del malestar lo explica la reforma fiscal a la que algunos califican de hacendaria, por más que no incluye compromisos concretos para garantizar el uso óptimo de los recursos. El 92 por ciento de los encuestados la reprobó.
En el mismo horizonte, sólo tres por ciento califica de bueno al régimen fiscal, frente al 11 por ciento del año pasado. A su vez, el 43 por ciento lo califica de malo, el 21 de muy malo y el 33 de regular. En el 2013 el 50 por ciento lo ubicaba como regular; el 30 de malo y el siete de muy malo. En el caso de la reforma financiera, uno de los orgullos del régimen, hete aquí que el 80 por ciento señala que no cumplió con las expectativas. Y aunque la reforma laboral se inscribe como "logro" del anterior régimen, el 88 por ciento señala que no ha beneficiado a la competitividad del país. La crítica contrasta con el optimismo de la dirigencia empresarial, que en la etapa previa a la promulgación de las reformas había aplaudido hasta sangrarse las manos, asegurando, en el caso de la laboral, un crecimiento anual de medio millón de empleos, y en el de la financiera, una derrama de créditos inédita de la historia.
Se diría que la dirigencia y las bases no utilizan la misma graduación en sus anteojos. Esperanza inútil.
BALANCE GENERAL Rechazada la posibilidad de quitas, es decir, descuentos a la deuda de los acreedores, el concurso mercantil a que se acogió la desarrolladora de vivienda Geo se perfila como una simple operación de cambio de manos en la propiedad de la firma encabezada por Luis Orvañanos Lascuráin. El 92 por ciento de las acciones, es decir, la marca, los activos, llámese casas construidas, hipotecas o terrenos, quedarán en manos de los acreedores.
Del 88 por ciento que mantenía el presidente de la empresa, sólo conservará la undécima parte.
La firma que entró al tobogán al cambio de reglas implantada por el actual gobierno, que impide la construcción de unidades habitaciones horizontales y cancela la posibilidad de hacerlo en núcleos alejados de los centros urbanos, acumula deudas por 28 mil millones de pesos. Se trata del mayor débito de un total de 70 mil millones acumulados por sus similares Homex y Urbi.
Los que tomarán las riendas de la empresa con opción de rematar miles de casas abandonadas y darle vitalidad a las que están en proceso de construcción, son Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa y BBVA/Bancomer, a quienes le debe el 50 por ciento del fardo. El resto son firmas constructoras, trabajadores y el fisco.
El concurso mercantil se planteó bajo un escenario de salida previamente acordada.
SÍ PERO NO
Las señales apuntan a una divergencia entre lo planteado originalmente en la reforma antimonopólica y las leyes secundarias.
Estas plantean un escenario más laxo, o si lo prefiere menos agresivo para las firmas a regular. De entrada, se cierra la posibilidad de que el gobierno decrete precios oficiales ante embestidas especulatorias de productos sensibles, como sería el caso hoy del aguacate y el limón.
Más allá, la Comisión Federal de Competencia Económica sólo podrá investigar mercados cuando suponga falta de competencia, es decir, con que haya tres empresas contra la hegemónica ya no se tendría el perfil, dejándose de lado el uso de subsidios cruzados para sacar de mercado a rivales, la existencia de obstáculos artificiales o precios y tarifas elevadas en perjuicio del consumidor.
Tampoco habrá la exigencia de desmantelar empresas hegemónicas, colocado en escena el criterio de acabar con las prácticas monopólicas, no los monopolios.
Subsiste, empero, la posibilidad de audiencia oral con los implicados en una investigación, y la alternativa de la Cofeco de plantear controversias constitucionales.
LE BAJAN A OCEANOGRAFÍA
Aunque la presentación voluntaria del director general de Oceanografía, Amado Yáñez, que obligó a decretarle un arraigo de 40 días, pone de nuevo en el caldero el escándalo, la pretensión del gobierno era bajarle decibeles a éste para evitar una rebelión del ala panista fiel al expresidente Felipe Calderón de cara al pacto con el PRI para aprobar leyes secundarias descafeinadas de cara a la reforma en telecomunicaciones.
La defensa del empresario coloca en el limbo a prominentes funcionarios de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Se habla de comisiones inauditas.
DOS PARA FERROMEX
A contrapelo de los jaloneos entre las empresas acereras y las firmas ferrocarrileras, dos de éstas han firmado contratos a mediano plazo con Ferromex, la empresa propiedad del GrupoMéxico que controla el troncal del centro del país.
Estamos hablando de ArcelorMittal y Deacero.
La Cámara del ramo está presionando en el Senado para abrir el renglón de carga ferroviaria a la competencia, en afán de abatir tarifas.
albertobarrancochavarriaen0@gmail.com
