Está a punto de concretarse materialmente la concesión del servicios de alumbrado público por quince años para el municipio de Torreón. El contrato mismo para celebrarse ha sido aprobado por la comisión respectiva por mayoría de votos. La unanimidad que se presentó al inicio de la ruta del proyecto se ha quebrado ya en las distintas fuerzas políticas. Los tiempos electorales parecen ser la razón más fuerte para que la ruptura se haya producido, ya que la naturaleza misma de los intereses ineludiblemente impide que se puedan mantener unidos, así fuera para el bien de Torreón, en caso de que así fuera. También cabe la posibilidad de que realmente algunos miembros del cabildo, pertenecientes a la oposición, efectivamente hayan encontrado gato encerrado en este lance de miles de millones de pesos.
Cuando está por consumarse la otorgación del contrato, la organización Participación Ciudadana 29, está intentando impedir que esto se realice mediante la presentación de varios amparos contra el proceso de asignación de concesionario. Obviamente este organismo seguro está que algo perjudicial para Torreón está oculto en esta gran maraña y complejidad administrativa que significa realizar este tipo de concesión.
La realidad es que pierde el tiempo Participación Ciudadana, porque no va a lograr detener el proceso con un amparo. Quizá logre dilatarlo, pero la presente administración municipal que está llevando a cabo la asignación de la concesión, tiene personal capacitado de sobra para poder cubrir todos los requisitos que marca la ley; esto no significa necesariamente que tengan también la probidad -tampoco por supuesto que no la tengan- para que su trabajo no vaya a afectar el patrimonio de los torreonenses.
En medio de este escenario, el día de ayer El Siglo de Torreón publicó una información donde se hace un comparativo entre el costo unitario de las luminarias que se invertirán en Torreón contra una inversión similar que se ha anunciado en el Distrito Federal, que está a consideración erogar un monto también multimillonario para la renovación de las lámparas en la capital del país.
La comparación simple lucía desproporcionada, en Torreón el costo por lámpara doblaba en apariencia a los precios que se gastarán en la ciudad de México.
Ante esta información, autoridades reaccionaron airadamente, descalificando el método que se utilizó para comparar. El tesorero municipal, Enrique Mota, fue el más preciso en su crítica, porque aduce que no se puede hacer un comparativo de esa manera. Y de alguna forma tiene razón: el gobierno del Distrito Federal va a comprar, mientras que Torreón va a concesionar, por lo que las obligaciones que se derivan de estos actos son diferentes.
Lo que no tiene discusión es realmente el fondo del asunto. Por más que Mota enfatice que esto del alumbrado no significa deuda, la realidad es que lo que están haciendo es embarcando a Torreón por una ruta más onerosa que el haber optado, o bien por una reposición paulatina de las luminarias apagadas de la ciudad (que son miles y miles, el 35% del total) o decidir la reposición total para aprovechar de paso las nuevas tecnologías para el ahorro de energía.
O incluso haberse lanzado de cara y adquirir deuda, y hacerlo entonces con sus propios recursos, que resulta más económico para los torreonenses, pero mucho menos rentable políticamente hablando para el grupo en el poder.
Además, un nuevo elemento ha surgido para contribuir a enrarecer más el ambiente en torno al comprometimiento al que está a punto de ser sometido el municipio de Torreón por los próximos quince años, que es propiamente esta concesión.
Ayer el gobernador Rubén Moreira de motu proprio respaldó la decisión del alcalde Miguel Riquelme de llevar adelante esta concesión. Aprovechó el acto para declarar que algunas empresas o medios prefieren hablar mal de Torreón para beneficiarse indirectamente. Citó incluso el gobernador que una nota publicada (por El Siglo de Torreón) de que en Torreón no hay agua, fue motivo suficiente para que una inversión no se concretara.
Sin dudar de la palabra del señor gobernador, el que un encabezado dijera que en Torreón no hay agua, la realidad es que el cuerpo de la nota señalaba que en zonas de la ciudad con el calor que se sufre aquí, hay escasez o ausencia del vital líquido; de lo cual tampoco se puede dudar. Como tampoco se puede dudar que el Simas fue saqueado en la administración de Olmos, la cual la segunda mitad transcurrió a la par del primer tercio del mandato de don Rubén, y nadie ha sido llamado a cuentas realmente por ello, de ahí del desastre de Simas y de que muchas colonias no tengan agua.
Así como el gobernador ahora decidió opinar de un asunto del municipio y en todo caso del Congreso coahuilense, ojalá se metiera para llamar a cuentas a los que robaron a Torreón en los tiempos de Eduardo Olmos.
El respaldo que ha hecho Rubén Moreira a esto de la concesión, suena así como el adagio que reza: "explicación no pedida, acusación manifiesta", por lo que se puede trasladar a "respaldo no pedido…
