Rechazada en octubre pasado una demanda de Petróleos Mexicanos en la Corte de Nueva York contra el consorcio responsable de las tareas de reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, bajo cargos de soborno para avalar reclamos, la empresa pública va por la revancha
El reclamo, a título de apelación, que involucra a la compañía coreana Sunkyong y la alemana Siemens, se está replanteando, corregido y aumentado, colocándose las piezas en los sitios correctos.
Pelos y señales, pues.
La primera audiencia se celebrará el 5 de junio próximo, en un escenario en que la aún empresa paraestatal presentó pruebas de que se pagaron facturas falsas por parte de una instancia financiera denominada Master Trust.
El legajo apunta a cuestiones ajenas a las tareas encomendadas al consorcio denominado Conproca (Consorcio Proyecto Cadereyta), como compra de membresías para clubes privados, colchas de pluma de avestruz, facturas de restaurantes…
Los cobros se realizaron una vez terminadas en el papel las obras, por más que éstas estaban inconclusas, a título de "costos complementarios".
A la absurda inauguración de la "nueva" refinería, al cuarto para las 12 del final del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en noviembre de 2000, la situación era tan patética que hubo de traerse petróleo del puerto de Dos Bocas, Tabasco, para realizar pruebas-piloto de refinación.
El oleoducto que alimentaría las plantas estaba inconcluso… como la mitad de éstas, incluida una deshidratadora y desulfatizadora.
La empresa coreana había utilizado materiales de segunda para encuadrar con el bajo precio ofertado para conseguir los contratos, además de un ejército de jóvenes con opción de soslayar un acuartelamiento de dos años de servicio militar, en función de soldadores.
El caso es que Pemex acusa hoy a las firmas de haber obtenido el contrato en forma fraudulenta, falsificando su potencial de financiamiento de las obras bajo el esquema Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido o en Registro del Gasto).
El costo de éste era de mil 600 millones de dólares, lo que dejaba fuera de toda posibilidad a empresas nacionales como el grupo ICA, quien, sin embargo, entraría al quite para construir a la vera de la refinería una planta para producir coque de petróleo, en un escenario en que los tiempos se habían traslapado, y el cliente previsto, Cementos Mexicanos, urgía la entrega del combustible.
De acuerdo a la empresa pública, las firmas coreana y alemana mintieron sobre la capacidad financiera de sus filiales en Estados Unidos.
La vela en el entierro de la justicia de ese país, además, se ubica en el que la instancia aparentemente defraudada se ubica en su suelo, y algunas de las facturas falsas plantean direcciones en ciudades bajo la bandera de las barras y las estrellas.
En paralelo, se apunta la posibilidad de un fraude al Eximbank del país del norte y su propia Comisión de Valores, conocida por sus siglas en inglés como SEC.
La demanda original contra Conproca se basaba en un documento elaborada por la Comisión de Valores de Estados Unidos en que se acusaba a Siemens de haber obtenido el contrato de la discordia con el gancho de un soborno de 2.6 millones de dólares.
Sin embargo, bajo el nuevo escenario se plantea que hubo más de éstos para avalar cobros indebidos.
En el largo conflicto, como recordará usted, Conproca había logrado un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París que obligaba a Pemex a pagarle 500 millones de dólares por supuestos vicios ocultos en el contrato de la discordia.
Al rechazo de la demanda original de la empresa pública por parte del juez de la causa, Louis Stanton, Conproca le pidió urgir a Pemex del pago, lo que negó el togado, alegando que éste no podía hacerse efectivo mientras no terminara el proceso de validación por parte de los tribunales mexicanos.
Éste está en manos de la juez Edith Alarcón, la misma que decretó la quiebra de Mexicana de Aviación.
Lo extraño del caso es que a la llegada del sexenio el director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, tenía en su escritorio para firma un cheque de 500 millones de dólares con Conproca como beneficiario.
El fallido asalto desató una investigación que culminó con la demanda… y la apelación.
BALANCE GENERAL
Al cuarto para las 12 de vencerse el plazo el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), logró conjurar una huelga emplazada por un fragmento de los trabajadores de Oceanografía en reclamo de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
La moneda de cambio fue un convenio laboral, ahora bajo la responsabilidad de la instancia oficial como administrador de la firma en concurso mercantil.
El caso es que la instancia ha reconocido que el flujo de recursos por los contratos que mantiene con Pemex, pactados en la fase previa a su suspensión, no garantizan para mantener en operación a la firma, lo que abona el camino a la quiebra.
El problema es que el SAE no se aseguró en la fase previa de mantener a resguardo los barcos que la empresa había pignorado al colocarlos como garantía para colocaciones de deuda, con lo que el remate de los activos difícilmente garantizaría el pago de un débito calculado en mil 800 millones de dólares.
La subasta incluiría el finiquito de contratos que vencen en 2015.
MEXICANA EN LA LUPA
Colocada en la moda legislativa la posibilidad de comisiones para investigar asuntos espinosos, ya Oceanografía, ya la Línea 12 del Metro, trabajadores de Mexicana de Aviación están solicitando la creación de otra para colocar la lupa en el largo viacrucis que provocó su quiebra.
La petición formal, vía un punto de acuerdo de urgente resolución, lo planteará la bancada perredista en la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, en el marco de la reunión del jueves de la dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores con el presidente Enrique Peña Nieto, el dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Ricardo Del Valle, tocó el caso de la línea aérea, colocando el énfasis en la situación dramática de los jubilados.
En la ruta, éste tendrá mañana una reunión con el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, para tratar el asunto.
PING-PONG
En el escenario de dimes y diretes de cara a la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, se tensó al máximo la vieja querella entre el magnate Carlos Slim y el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hoy presidente de la Telefónica México.
El intermediario involuntario de los jalones es el presidente del Senado, Raúl Cervantes, a quien le han dirigido sendas cartas éste y el director general de Teléfonos de México, Héctor Slim Seade.
Cada una de ellas descalifica la de su oponente. En el último revire el sobrino del rico más rico de México acusa a Gil Díaz de incongruente al solicitar hoy que no haya cobro alguno en interconexión… tras haber demandado al gobierno de México por 100 millones de dólares por haber reducido las tarifas en la materia vía la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
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