El presidente municipal de Torreón llega a su primer año de Gobierno con aciertos, controversias y pendientes. Integrantes de la Iniciativa Privada señalan que no existe un parámetro para medir el trabajo de la administración de Miguel Ángel Riquelme, puesto que su antecesor, de acuerdo a la percepción ciudadana, de la oposición y otros sectores de la sociedad, dejó mucho a desear. Sin embargo, el sentir de esta mayoría hoy es distinta. De acuerdo a un sondeo realizado por este medio tanto en su edición impresa como en la digital, los torreonenses ven una mejoría tanto en servicios, como obras y seguridad, aunque son enfáticos en señalar que aún falta para alcanzar un mejor nivel.
Además, los ciudadanos esperan que el alcalde cumpla las promesas que faltan y que refuerce la seguridad y se acerque más a la gente. Ante esto, la expectativa de los gobernados por ver mejores resultados es aún mayor.
Esta situación se refleja también en la baja de calificación que registró el alcalde en sendas encuestas de Mitoksky y Barómetro de México Avanza: de 6.9 y 5.9 pasó a 6 y 4.9, respectivamente, lo cual sugiere una disminución en la satisfacción de los gobernados respecto al trabajo del munícipe.
En su informe, Miguel Riquelme destacó la baja en la incidencia delictiva, sobre todo los homicidios relacionados con el crimen organizado; la mejora en la imagen urbana en general, y la tendencia positiva que presentan servicios como limpieza, agua potable y alumbrado público.
Además, destacan arranques de obras importantes como la Línea Verde, el parque Compresora y el Paseo Morelos proyectados en sectores que durante años han sufrido el abandono y en polígonos de pobreza.
También en el tema de transparencia se reportan avances, como lo ha señalado el Imco en su último informe en donde el ayuntamiento de Torreón ha logrado subir de 22 a 93 por ciento en su evaluación de cumplimiento.
Sin embargo, hay puntos que ensombrecen la labor del alcalde. Uno de ellos es el tema de las cuotas presuntamente voluntarias que son cobradas por la Tesorería Municipal para el Partido Revolucionario Institucional bajo mecanismos poco claros y con el uso de la estructura del ayuntamiento.
Otro tiene que ver con los polémicos convenios firmados con el gobierno estatal para el cobro de predial y con el equipo Santos para la exención de impuestos y entrega de apoyos.
Pero el asunto más “espinoso” para la administración de Riquelme ha sido la asignación del contrato para renovar el alumbrado público de la ciudad por 3,000 millones de pesos, que a decir de la oposición, deja muchas dudas sobre las supuestas ventajas con las que contó la empresa concesionaria Construlita y los costos que, a decir de organismos como Fomec, resultan altos en comparación con los proyectos que se llevan a cabo en otras ciudades.
En cuanto a los pendientes, queda aún en la mesa por resolver el rezago en materia de transporte público, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de prepago. También, en la agenda de la participación ciudadana el alcalde de Torreón queda a deber, ya que los organismos que hasta ahora ha creado para tales efectos carecen de representatividad y su trabajo es poco claro en cuanto a la construcción de de decisiones de los temas de la vida pública local.
Los retos sin duda son muchos y para enfrentarlos el alcalde tendrá que realizar ajustes en su gabinete, como ya lo anunció, con criterios y objetivos más claros y atendiendo a las necesidades de la población en su conjunto.
