La idea de establecer un salario mínimo como la remuneración más baja que legalmente deben pagar los patronos a un trabajador se materializó por primera vez en 1894 en Nueva Zelanda y se extendió después a otras partes de Oceanía, Europa y América.
Actualmente, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los salarios mínimos, definidos como las remuneraciones que establecen un piso en la estructura salarial para proteger a los trabajadores ubicados en el estrato más bajo, se aplican en más del 90 por ciento de los países miembros de esa organización.
La Gran Recesión de 2008 y 2009 revivió la discusión sobre el tema de los salarios mínimos, a los que en principio se le asignan tres funciones: primera, como instrumentos de promoción social ante la crisis; segunda, para mejorar los niveles de vida de los trabajadores con salarios más bajos; y tercera, como un mecanismo para sostener la actividad económica.
La OIT recomendó en su Informe mundial sobre salarios 2012/2013 que "los salarios mínimos deben ser fijados por las autoridades tras consultar con sus interlocutores sociales y que es necesario adoptar un enfoque equilibrado que tome en consideración las necesidades de los trabajadores y sus familias así como factores económicos, incluyendo niveles de productividad, requerimientos en términos del desarrollo económico y la necesidad de mantener un alto nivel de empleo".
Estas recomendaciones tan variadas ponen de relieve las dificultades que se enfrentan para lograr ese "enfoque equilibrado". Por un lado es deseable que los trabajadores cuenten con un ingreso mínimo que, como lo determina en nuestro caso la Constitución, sea suficiente "para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
Pero por otro lado, si el nivel de esas remuneraciones no está respaldado por una productividad suficiente, no es sostenible y puede generar efectos perjudiciales para los propios trabajadores a los que se pretende apoyar, como un incremento en la inflación y en el desempleo.
Este es precisamente el centro del debate hoy en los Estados Unidos (EU), donde el presidente Barack Obama está impulsando que se aumente el salario mínimo hasta llevarlo a 10.10 dólares por hora, lo que ha ocasionado reacciones a favor y en contra.
El salario mínimo en Estados Unidos existe desde 1938, cuando se estableció en 25 centavos de dólar por hora, y ha sido elevado desde entonces 22 veces. La más reciente fue en 2007, situándolo en los 7.25 dólares por hora actuales, por lo que la propuesta del presidente Obama equivale a un incremento de 39.3 por ciento.
Es probable que el alza, si ocurre, sea escalonada, ya que como señaló Mark Pryor, senador demócrata por Arizona, el aumento de una sola vez a 10.10 dólares por hora sería demasiado y muy rápido, lo que podría afectar negativamente el nivel de empleo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de EU realizó un análisis al respecto. Una opción es aumentar el salario mínimo a 10.10 dólares por hora en tres años: 2014, 2015 y 2016. Después, crecería anualmente de acuerdo a la inflación medida por el índice de precios al consumidor. Otra opción es elevar el salario mínimo en dos años (2015 y 2016) hasta llevarlo a 9.00 dólares por hora, sin ajustarlo posteriormente por la inflación.
Aunque los partidarios del aumento en el salario mínimo insisten en que los impactos negativos de esa medida sobre el empleo son nulos o mínimos, es interesante destacar que el análisis mencionado encontró, como estimación central, que llevar en tres años el salario mínimo a 10.10 dólares por hora reduciría el empleo en medio millón de trabajadores, mientras que la opción de 9 dólares por hora en dos años lo disminuiría en 100,000 trabajadores.
Estos cálculos son importantes porque sirven de base para hacer una discusión educada del tema. Lamentablemente, en nuestro país no se han hecho ejercicios similares cada vez que se decide elevar los salarios mínimos que existen desde 1934.
Aunque el nivel del salario mínimo general en México es bajo (alrededor de 60 centavos de dólar por hora) y sus actualizaciones recientes son similares al crecimiento de los precios, no se vinculan con el crecimiento de la productividad, lo que sería conveniente dado que su incremento sirve de guía para todos los demás salarios, incluyendo los salarios mínimos profesionales.
Es por ello que, así como está sucediendo actualmente en Estados Unidos, convendría que hubiera una mayor discusión sobre las decisiones que se toman en México sobre el nivel y las repercusiones de los salarios mínimos, tanto por sus efectos sobre el empleo de los trabajadores no calificados como por las repercusiones sobre los demás salarios.
