Los estados han hallado la manera de burlar los controles impuestos por los congresos locales en la adquisición de deuda sin tener que rendir cuentas.
Además de echar mano de créditos bancarios, también recurren a emisiones bursátiles, esquemas de asociación público-privada (APP) y pasivos adquiridos con financieras locales y empresas privadas con montos que, en muchos casos, carecen de registro público.
De hecho, el nombre de dichas instituciones ni siquiera es reportado a la Secretaría de Hacienda.
En el caso de las emisiones bursátiles, que comprometen recursos por décadas, analistas advierten que se trata de focos amarillos en las finanzas públicas de las entidades.
Estas emisiones representan 17.2 por ciento de los pasivos totales de estados y municipios. Dicha deuda, que ahora representa 4 mil 16 millones de pesos, creció 10.8 por ciento en el último año.
Desde 2012, las entidades han realizado al menos 12 emisiones de deuda en los mercados, que son pagaderas a plazos que van desde los 15 hasta los 30 años.
Adicionalmente, hay créditos que han sido adquiridos por los estados con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, que suman otros 17 mil 409 millones de pesos al mes de septiembre, monto mil 455 millones de pesos superior al que tenían hace un año.
Y el resto, 13 mil 11 millones de pesos, que equivalen a 2.6 por ciento de la deuda total, son pasivos adquiridos con financieras locales, cuyo nombre no está definido en los registros de Hacienda, así como con empresas privadas.
La deuda total de estados y municipios asciende a 489 mil 877 millones de pesos, según datos a septiembre de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo con especialistas, el problema con la deuda estatal es que ni siquiera se conoce por completo porque falta registrar los créditos de corto plazo, así como las deudas con proveedores.
Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, explicó que el ritmo al que se endeudan las entidades por medio de emisiones bursátiles y otros mecanismos poco convencionales encienden una alerta para las finanzas públicas.
Además, los más de 480 mil millones de pesos en deuda son apenas una parte de lo que en realidad deben los gobiernos locales, afirmó.
