Juicio. Las protestas de la oposisión siguieron en Venezuela mientras su líder se entregó al Gobierno.
El líder opositor Leopoldo López, que se entregó voluntariamente a las autoridades, fue trasladado ayer martes a un tribunal para responder por su presunta responsabilidad de los incidentes de la semana pasada que dejaron tres muertos y detonaron una serie de protestas en el país.
Los abogados defensores, citados en un comunicado del partido Voluntad Popular, indicaron que la audiencia de presentación fue diferida para el miércoles y que durante la noche del martes podría pasar la noche en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.
"Tenía opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad y no tenemos nada que esconder", dijo López ante miles de seguidores. Destacó que si su arresto permite a "Venezuela despertar definitivamente... mi encarcelamiento valdrá la pena".
"Les ruego que cuando yo pase y me entregue, les pido por favor que tengamos prudencia", dijo a través de un megáfono.
Durante los últimos ocho días, las protestas callejeras se han multiplicado en la capital y otras ciudades, dejando cerca de dos centenares de detenidos.
El presidente Nicolás Maduro acusa López, de 42 años, de encabezar un complot "fascista" en su contra financiado por Estados Unidos. El dirigente opositor ha negado las acusaciones y aseguró que es un "perseguido político".
El opositor resaltó que el lugar escogido para entregarse fue elegido para explicar de viva voz las razones de su lucha. Los más de 10,000 manifestantes, vestidos de blanco y con gorras con el tricolor nacional, acataron el llamado de López y se alejaron pacíficamente de las fuerzas de seguridad rumbo a una populosa plaza del este de la ciudad.
"No arriesgaré a nadie, no caigamos en violencia", afirmó y se montó en un vehículo blindado de la Guardia Nacional.
A solicitud de la Fiscalía, los delitos que se le imputarían son homicidio intencional, terrorismo, lesiones graves, incendio de edificio público, instigación a delinquir y delitos de asociación, entre otros.
Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, declaró a la AP que el caso "eminentemente es una criminalización de la disidencia porque para todos es sabido que Leopoldo López no es responsable penalmente por los delitos que le están imputando". Dijo que las autoridades buscan sacarlo "de la vida pública" por su arrastre popular
Las autoridades abrieron contra López un proceso por su presunta responsabilidad en los violentos incidentes que se registraron el 12 de febrero en Caracas tras una multitudinaria marcha de universitarios y opositores al gobierno.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch denunció violaciones al debido proceso en el caso del López y el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco, en un correo electrónico apuntó que las autoridades "hasta el momento no han presentado ninguna prueba seria, sólo insultos y las teorías de conspiración".
La entrega del líder opositor se produjo un día después de que Maduro expulsó a tres funcionarios consulares de Estados.
Se extienden protestas
Manifestaciones de solidaridad y protestas por la situación en Venezuela se registraron en diferentes partes del continente entre coros sobre la lucha de un país libre y la necesidad de convertirse en la voz de los compatriotas silenciados.
Los inmigrantes venezolanos se expresaron vestidos de blanco y con las banderas de su país en las manos en Miami, Madrid y Nicaragua, en apoyo a las marchas que se realizan en Caracas para exigir al gobierno que se investiguen los sucesos del 12 de febrero que dejaron tres muertos y la libertad de los más de 60 detenidos.
El vocero de la Casa Blanca Jay Carney expresó preocupación por la situación en el país sudamericano y afirmó que el gobierno venezolano "usa las fuerzas de seguridad y pandillas armadas afiliadas al gobierno para reprimir protestas pacíficas, lo cual es desproporcionado y amenaza a una escalada de la violencia".
Carney señaló que investigaciones imparciales y procesos judiciales independientes deben determinar los responsables de actos violentos. Vestidos con camisetas blancas y con carteles e inmensas banderas amarillas, azules y rojas, los venezolanos se congregaron frente a un concurrido restaurante de Doral, ciudad vecina a Miami, apodada como "Pequeña Venezuela" por la numerosa comunidad de ese país que vive en EU.
