- Esperaba que el sustituto de Rodríguez Almeida tuviera un perfil de respeto a derechos humanos y debido proceso.
Miguel Ángel Mancera hizo oficial la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida y designó como secretario interino a Luis Rosales Gamboa.
Este intercambio desató reacciones que deambulan entre la celebración por la remoción de Rodríguez y la preocupación por el nombramiento de Rosales. Durante la administración del hoy ex funcionario se acumuló una larga lista de irregularidades. Las sucedidas durante o después de diversas manifestaciones alcanzan para justificar su salida.
Antes de las protestas por Ayotzinapa la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en San Bartolo Ameyalco ofreció pistas de lo que sería un recurrente comportamiento alejado del debido proceso y con reiteradas violaciones a los derechos humanos. El 21 de mayo a cinco ciudadanos inocentes, desde el momento de su detención, les fue vulnerado el derecho a un debido proceso y a una legítima defensa. En el ministerio público no se les permitió descargar pruebas ni presentar testigos y fueron consignados al Reclusorio Oriente sin hechos probatorios, acusados de los siguientes delitos:
*Ataques a la paz pública contra agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones.
*Lesiones contra agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones.
Finalmente, la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió a favor de los quejosos, otorgando un amparo. Así que en los próximos días tendrán que acatar la sentencia a favor de los 5 ciudadanos y cabe la posibilidad que la C. Juez Quincuagésimo Sexto Penal del Distrito Federal les devuelva la libertad. ¿Nos suena conocido? La historia de las detenciones del 20 de noviembre -tanto en las inmediaciones del zócalo como del aeropuerto- como podemos ver, son muy similares a las ocurridas en Ameyalco.
Hubiéramos esperado a que el sustituto de Rodríguez Almeida tuviera un perfil de respeto a los derechos humanos y el debido proceso, sin embargo, Rosales Gamboa fue coincidentemente su operador y durante la administración de Marcelo Ebrard fue el responsable de las detenciones arbitrarias del primero de diciembre del 2012. De esa intervención se derivó la muerte del manifestante Francisco Kuykendall y la desaparición de Teodulfo Torres.
Revisando la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución queda claro que el Presidente de la República "tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno". El nombramiento del Secretario de Seguridad del DF, según el Artículo 34 de los Estatutos, corresponde a Enrique Peña Nieto, lo que en buena medida le otorga responsabilidad sobre el desempeño de quien decida designar.
Si Luis Rosales Gamboa es el perfil que Enrique Peña Nieto ha elegido para encargarse de la seguridad del Distrito Federal se cancela la esperanza de un cambio significativo que garantice el respeto al derecho de protesta, la detención bajo debido proceso o el respeto a la integridad física de quienes decidamos expresar alguna inconformidad legítima en nuestras calles. El Presidente todavía puede recapacitar. Su decisión representará sin duda el tipo de seguridad que pretende imponer de ahora en adelante.
Analista política y activista ciudadana
