La confrontación social en cadena que ha generado la Ley de Personas Desaparecidas de Coahuila, indica que el Moreirato como sistema es un excelente sembrador de cizaña que propicia el enfrentamiento entre los distintos actores sociales, para fortalecer el control hegemónico que ejerce dicho grupo político en el Estado.
Como es del conocimiento, la Ley en comento iniciada por el gobernador Rubén Moreira ante un Congreso Local que le es sumiso, echa sobre las espaldas de la iniciativa privada y de las empresas que operan a crédito el peso del auxilio a las familias de los desaparecidos, al obligar a los patrones a seguir pagando salarios y cuotas tanto del Seguro Social como del Infonavit, al tiempo que suspende el cobro de las deudas de la víctima, lo que genera un doble absurdo puesto que si la familia sigue recibiendo el sueldo, nada justifica la suspensión del pago de obligaciones previamente contraídas.
La Ley es demagogia pura y ha generado una confrontación estéril entre diversos actores sociales, que seguramente se decidirá en favor de quién tenga recursos para sostener su punto de vista ante los tribunales, porque está visto que la Ley es inconstitucional y el hecho de que se declare inaplicable es sólo cuestión de tiempo. El problema de fondo es que el abandono a las víctimas se agrava, porque se suma al enfrentamiento enconado que es objeto de comentario.
Ante la falta de argumentos legales Moreira Rubén recurre de mal modo al argumento de la solidaridad, como cortina de humo para ocultar la nula capacidad de su gobierno para enfrentar la inseguridad y para financiar el auxilio que el sector público está obligado a prestar a las víctimas de la criminalidad.
En tal escenario aparece el obispo de Saltillo Raúl Vera criticando a los empresarios por egoístas, porque a juicio del prelado nada hicieron para exigir al gobierno su responsabilidad en el pasado, sino hasta ahora que se ven afectados en el bolsillo. A la interpelación que antecede, el presidente de la Cámara de Comercio de Saltillo, Alejandro Pepi de la Peña, reprocha al obispo sus declaraciones, por considerar que confunden a los fieles de la Iglesia Católica y demanda la comprensión de la sociedad, porque entre las víctimas de la violencia también existen empresarios.
Acto seguido, el Grupo Vida de Torreón que está integrado por familiares de personas que al momento de su desaparición no tenían un trabajo formal, que laboraran por su cuenta o estaban desempleadas, reprochan al gobernador el haberlas excluido tanto de los supuestos beneficios que se atribuyen a la Ley como de la consulta legislativa previa a la que se dice que si tuvo acceso la asociación Fundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), con sede en Saltillo, lo que abre un nuevo frente de encono social entre el sector de las propias víctimas.
Al fin de cuentas tiene razón el obispo Raúl Vera pero se queda corto, porque poco o nada hemos hecho por exigir al gobierno de Moreira el cumplimiento de sus obligaciones en todos los órdenes, en virtud de lo cual impera la impunidad por la megadeuda contraída durante el mandato de Moreira Humberto, la mediocridad institucional, el deterioro social y los abusos continúan. Para botón de muestra ahí está el Contrato del Servicio de Alumbrado Público de la Ciudad de Torreón, adjudicado en condiciones que son claramente desventajosas para nuestra ciudad, frente al silencio y apatía generalizados .
También deja pendiente el obispo Vera su propio "mea culpa" y el de la feligresía a la que apacienta, porque hemos sido todos los coahuilenses los incapaces y omisos, sea que se nos considere en nuestra condición de ciudadanos o como parte de la Iglesia que somos o deberíamos de ser.
