El Senado aprobó un punto de acuerdo en el cual expresó su condena y solidaridad a los familiares de jóvenes de la normal de Ayotzinapan y de los familiares de las personas que perdieron la vida el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y exigió al estado mexicano localizar a los 43 normalistas desaparecidos.
Tras más de cinco horas de debate, la Cámara Alta exhortó al gobierno federal y al de Guerrero a que las investigaciones se realicen con estricto apego a la ley y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, así como a las autoridades que por acción u omisión tuvieron algún grado de responsabilidad en este crimen.
La Cámara Alta también aprobó la creación de un grupo plural de senadores, al interior de la Comisión de Gobernación, que dé seguimiento a la investigación.
El presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa, expresó que durante la sesión se expresó una condena y una exigencia de justicia unánime. "Fue unánime la necesidad del fincamiento de responsabilidades a servidores públicos, sean quienes sean".
Senadores del PRI, PAN, PRD, PT y Panal condenaron el clima de violencia que existe en Iguala, Guerrero, y alertaron sobre el nivel de infiltración que ha alcanzado el crimen organizado en las policías o autoridades municipales.
El PAN y el PRD pidieron revisar el papel de los partidos políticos al momento de elegir a sus candidatos porque -dijeron- no es posible que sí los aparatos de inteligencia del Estado tenían información sobre presuntos nexos del narcotráfico con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, prófugo de la justicia, no se hiciera nada.
La senadora panista Luisa María Calderón refirió que el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) sabía que el alcalde de Iguala fue financiado por la delincuencia organizada y recibió recursos "dar y para regalar".
El senador Alejandro Encinas (PRD) manifestó que el Senado debe exija al gobierno federal y al de Guerrero que esclarezcan los hechos, pero reconoció que también existe responsabilidad de los partidos porque en sus procesos internos de selección de candidatos no se puso la atención y se abrió la puerta a autoridades vinculadas con la delincuencia organizada.
La senadora Layda Sansores (PT) criticó que era un punto de acuerdo "ligth" y que en ningún momento se hace mención de las omisiones de las autoridades federales. Es "ligth" y como se dice es el dolor de todos, la responsabilidad de nadie.
