Senadores del PRD y PAN presentaron una iniciativa por la que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política, que busca establecer filtros de confianza para frenar la incursión del crimen organizado en campañas electorales.
Esta iniciativa la impulsan los senadores Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Benjamín Robles Montoya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional (PAN).
La propuesta señala que los ciudadanos que pretendan ser candidatos, de manera previa al registro de su candidatura ante las autoridades competentes, deberán presentar una solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a las Fiscalías federales y locales de combate a la corrupción.
Durante la sesión de este martes y en tribuna, Ríos Piter expuso que el planteamiento deberá enviarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Las cuales, dijo, determinarán si son los perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se traten y evitar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales.
Asimismo prevé el establecimiento de reglas y procedimientos para la investigación, procesamiento, sanción y ejecución de penas a servidores públicos que en el desempeño de sus funciones se involucren, beneficien o toleren hechos de corrupción.
También, desvío de recursos públicos, conflicto de interés, “lavado” de dinero y nexos con la delincuencia organizada.
Con la infiltración del crimen organizado en la política, peligra la democracia, por lo que urgió a “blindar” los procesos electorales y a la administración pública.
La iniciativa propone que el Estado proteja el interés público y garantice la integridad de sus ciudadanos, para lo cual establecerá mecanismos para impedir la infiltración del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones.
Crea el Instituto Nacional para el Combate a la Corrupción, que conducirá el procedimiento administrativo sancionador a efecto de determinar la responsabilidad correspondiente.
