Un juez no emitió una orden para aprehender al gobernador texano Rick Perry, dijo un funcionario de la corte, por lo que el político republicano piensa seguir recorriendo el país en preparación a una posible candidatura presidencial para 2016.
Perry enfrenta en su estado dos cargos de abuso de poder.
El funcionario se convirtió el viernes en el primer gobernador de Texas desde 1917 en ser encausado. Los cargos en su contra conllevan una sentencia máxima de 109 años de prisión por haber ejecutado una amenaza de vetar fondos para la unidad de integridad pública del estado a mediados del año pasado.
Perry ha negado enfáticamente haber actuado mal. Sus abogados habían programado una conferencia de prensa en Austin el lunes en la tarde para analizar sus siguientes acciones.
Linda Estrada, una empleada del jurado investigador del Condado Travis, dijo que el juez que supervisa el caso, Bert Richardson, decidió no emitir una orden para capturar al gobernador.
En lugar de ello, Perry recibirá una orden de comparecencia, la cual no ha sido emitida aún. A la larga se le tendrá que abrir un expediente y tomar sus huellas dactilares.
Un jurado investigador en Austin acusó formalmente a Perry de ejecutar la amenaza de vetar un financiamiento de 7.5 millones de dólares para la unidad de integridad pública del estado después de que la fiscal de distrito del Condado Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, se negó a renunciar tras ser arrestada por conducir en estado de ebriedad. La unidad defensora de la ética reside en la oficina de Lehmberg.
Nadie rebate que Perry tiene el poder de vetar medidas aprobadas por la Legislatura, pero la promesa de veto motivó una queja de un grupo activista de izquierda. El juez Richardson, un republicano, designó a un fiscal especial para que encabece el caso contra Perry, quien ha sido acusado de abusar de su capacidad oficial y de intimidar a un funcionario público.
Información de que sus abogados estaban negociando una comparecencia en la corte suscitó algunas conjeturas respecto a que hubiese favoritismo, pero observadores jurídicos dijeron que abstenerse de emitir una orden de arresto es común en casos administrativos.
El ex fiscal federal Matt Orwig indicó que insistir en una orden de aprehensión contra Perry hubiera sido un "acto para llamar la atención".
"Obviamente no existe riesgo de que huya ni representa un peligro para la comunidad", dijo Orwig. "Eso no significa que ya no enfrente la deshonra de que se le abra un expediente".
La unidad de integridad pública también encabezó el caso contra el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Delay, un republicano texano que fue condenado en 2010 por cargos relacionados a financiamiento de campaña, los cuales fueron desechados en una apelación.
