La actual descomposición institucional que se ha traducido en una grave crisis de seguridad desde hace años, y que parece fuera de control, tiene varias causas, pero una de fondo es la endémica corrupción que arrastramos históricamente (lo que no supone que estemos condenada a ella indefectiblemente). Y es que las instituciones no sirven para lo que están diseñadas, sino para fines particulares de políticos, funcionarios, sus amigos y poderes fácticos.
La impunidad casi absoluta permite y alienta a que quienes puedan echen mano de la corrupción para enriquecer sus bolsillos, con mínimos riesgos de ser penalizados.
Es en ese terreno que el crimen organizado ha podido echar raíces y realizar sus actividades delictivas con relativa seguridad y buenas ganancias. Cuando el Estado quiere hacer uso de sus mecanismos institucionales para detener o penalizar al crimen, resulta que están podridos por la corrupción.
Decir entonces que la corrupción sistémica es responsable directa (aunque no la única) del crimen organizado y la inseguridad rampante, aunque es un lugar común, no por eso es menos cierto.
Y por ello se ve difícil hacer algo eficaz para detener al crimen y reducir la inseguridad, que muchas veces proviene de los propios órganos del Estado, sea por corrupción, por penetración del crimen o simple abuso impune. ¿Cómo o con qué puede el gobierno hacer frente a esta crisis, con expectativas reales de arrojar resultados? Ni el propio gobierno probablemente lo sabe. Es justo por la corrupción que el pacto por la seguridad de 2008 no funcionó, y por ello se ve un tanto inútil tratar de repetir ese pacto en términos parecidos.
No pasaría de ser un acto mediático en el cual ya prácticamente nadie creería. En esta circunstancia, surge la iniciativa del PAN para configurar un nuevo sistema anticorrupción, que en el papel suena bastante bien, pues dota de más dientes y autonomía a diversas instituciones (creando otras nuevas) que vigilen las manos a políticos, funcionarios y empresarios, además de generar un contrapeso entre sí.
Es lo menos que puede hacer el PAN tras haber desperdiciado la oportunidad histórica para hacer algo significativo al respecto en doce años de gobierno ineficaz.
De aprobarse y ponerse en práctica dicha iniciativa, no resolvería la crisis de inseguridad que ahora enfrenta el país, pues para desarraigar la corrupción hace falta mucho, pero al menos podrían ponerse los cimientos para un combate serio y sistemático a la corrupción pública, más allá de que esté o no directamente vinculada con el crimen organizado. Como se viene insistiendo, mientras los niveles de corrupción continúen igual, el país continuará estancado o en franco deterioro; ninguna reforma económica, social o política, por espectacular que parezca, rendirá los frutos previstos.
En el camino se desvirtuará gracias a la corrupción. Es la asignatura pendiente de nuestra transición política; sin eso, podemos hacer los esfuerzos que se quiera, pero no avanzaremos. Hace poco dijo la ministra Olga Sánchez Cordero que el Estado de Derecho no ha sido rebasado. El problema es que nunca hemos tenido Estado de Derecho.
Es un asunto de voluntad política; quienes pueden realmente instrumentar medidas eficaces contra la corrupción son los mismos que de ella se benefician, y hasta ahora todo indica que tienen planeado seguir en ello. Por eso contra la corrupción no hay, sino declaraciones, y una que otra golondrina que no hace verano. Quizá lo ocurrido en Iguala, y sus efectos políticos y sociales, sea el acicate necesario para que la iniciativa del sistema anticorrupción sea aprobada. Si ni ante la indignación social vigente los legisladores hacen algo para combatir seriamente la corrupción, entonces el país seguirá a la deriva. Será pésima señal -que será leída como indiferencia, insensibilidad y cinismo de los políticos- si la iniciativa no pasa en este período de sesiones, pues después será más difícil retomar el tema con éxito. Si algo bueno sale de la actual crisis -y ojalá así sea- esto puede ser un buen inicio.
Profesor del CIDE
