Tras la exigencia de orden por parte del Consejo Coordinador Empresarial, Peña Nieto no se limitó a ofrecer diálogo y vías pacíficas de resolución sino que advirtió que "el Estado está facultado para usar la fuerza y reestablecerlo". La palabra Estado por fin se escucha en su discurso, lo preocupante es que sea para anunciar el uso de la fuerza. Este doble discurso tiene consecuencias.
Después de Ayotzinapa, el Presidente ha tenido tiempo de plantear una propuesta sólida a la crisis, abordar a fondo la corrupción, la colaboración de ciertas autoridades con el crimen organizado, la posesión ilegal de armas, el desempleo y la desigualdad. No lo ha hecho.
La solicitud de su renuncia es cada vez más sonora. Cualquier democracia que se precie de serlo puede plantearse la salida de su mandatario cuando atraviesa por una crisis profunda. Aunque nuestra situación amerita ese cuestionamiento, la salida de Peña Nieto sólo resolvería simbólicamente el descontento sin modificar estructuras de corrupción y delincuencia ancladas a nuestras instituciones.
Su ambigüedad entre la ruta de paz y el ejercicio de la fuerza intenta tal vez dejar tranquilos a los empresarios, pero genera desconfianza. En cambio, no se sintió obligado a explicar de una vez por todas el tema de la "casa blanca". Si los consejos empresariales fueran tan intolerantes a la corrupción como lo son al desorden, quizá parte de su preocupación estaría resuelta, pero no se escuchan voces que desde ahí exijan la rendición de cuentas. Es comprensible que parte del sector privado al sentir amenazados sus intereses recurra al ejecutivo para exigir respuesta. Sin embargo, es altamente riesgoso que se anuncie como "último" recurso el uso de la fuerza porque inevitablemente implica violencia.
Lo que menos requiere México son justificaciones para la violencia ¿Peña ha calculado el efecto que esto puede tener entre algunos gobernadores y alcaldes hambrientos de venganza sobre sus opositores? En esta extrapolación de demandas ni la renuncia de Peña ni el uso de la fuerza resolverían la podredumbre que a todos nos afecta.
En efecto hay que plantear varias renuncias, la primera debe ser la dimisión del gobierno al uso de la fuerza como mecanismo para garantizar orden social. El Presidente debe presentar cuanto antes propuestas constructivas. Además, las protestas deben blindarse de cualquier tentación para agredir o destruir espacios públicos. Urge ubicar grupos de choque, a veces coordinados desde el poder para criminalizar la protesta.
Algunas noticias del sábado: aumenta Corte salario a ministros, exigen ediles fin a cobro de "moches", gobernador de Chihuahua desvía recursos a su propio banco, triplica Monterrey gasto para desfile, opacidad en deuda de Quintana Roo. Tenemos que elaborar un Contrato Social que coloque en el centro del trabajo nacional la reducción drástica de la corrupción. Sin compararnos con quienes administran lo público, también a nosotros, los ciudadanos comunes, nos toca renunciar a ciertos hábitos. ¿Cuántos pueden asegurar que nunca han pagado una mordida, comprado películas pirata, evadido impuestos o consumido algún producto ilegal?
Los partidos políticos y monopolios económicos deben renunciar a la concentración de poder y riqueza. Urgen esquemas nuevos que garanticen una redistribución de recursos equitativa y mecanismos de acceso al poder que no se limiten a la partidocracia. Si no comenzamos por hacer efectivas estas renuncias, en el corto plazo Ayotzinapa será replicado y escalado.
Analista política y activista ciudadana
