Las declaración hecha la semana pasada, por el secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca del Gobierno Federal, Enríque Martínez y Martínez, en el sentido de que cuando fue gobernador de Coahuila dejó un estado seguro y sin deudas, enfrenta al exgobernador con el Moreirato.
En ocasión de la vigésima segunda edición del Encuentro Nacional de Ganaderos Lecheros (Engalec), Martínez hizo la manifestación de referencia, frente a un público integrado por mil quinientos productores del gremio agropecuario, y el público que asistió a la clausura del evento que tuvo lugar en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna.
El pleito ocurre dentro de la observancia de las más exquisitas formas, que hace a los priistas capaces de asesinarse entre sí, con la sonrisa en los labios. El planteamiento lo hace Enrique con deliberada intención, como quien siente la necesidad de trazar una línea que lo deslinde del Moreirato.
La vergüenza que revela el desahogo del hoy titular de Sagarpa, no es para menos. Sensible al deterioro humano, institucional y financiero que implica para los coahuilenses el gobierno de los dos Moreiras, ni los propios priIstas hallan el modo de soportar los tres años y pico que faltan para que concluya el sexenio.
Ante esa realidad, para dar la cara a sus paisanos Martínez se ve obligado a señalar un antes y un después de su propia gestión como gobernador, que le sirva de excusa propia y de esperanza de futuro para sus oyentes.
Es cierto que el gobierno de Martínez no fue la panacea, pero al menos dio continuidad a los esfuerzos emprendidos en virtud del reclamo de la Sociedad por mejorar la seguridad pública, desde tiempos de Rogelio Montemayor. A ello se debe que el secuestro se haya erradicado de la entidad en la era Enriquista, con la sola excepción del plagio sufrido por un empresario de Torreón, que cada vez que se toca el tema resalta la gravedad intrínseca del hecho, pese a su condición de excepcional.
En cuanto a la deuda pública, tiene razón Enrique Martínez al presumir que entregó la administración con una deuda mínima, que contrasta con la deuda por treinta y seis mil millones de pesos contraída de modo ilícito en los primeros seis años del Moreirato, que pesa sobre las espaldas de los coahuilenses.
Enríque Martínez habla no sólo por sí, sino por la clase política priista de todo el Estado, que al igual que el resto de los coahuilenses gime bajo el yugo Moreirista.
Desde su arribo al poder, los Moreira se dedicaron a desplazar lo mismo a las facciones priistas que a los partidos de oposición, cortando cabezas y doblegando a los reticentes que no aceptaron someterse, a base persecuciones, espionaje y campañas sucias de desprestigio. Reprodujeron los esquemas sindicales de control aprendidos de su origen en el magisterio, usando la nómina y la amenaza de desempleo como zanahoria o garrote según el caso.
Con la disposición de los ilimitados recursos obtenidos de la megadeuda, generaron una nómina aparte para los leales privilegiados, en contraste con los empleados públicos de nivel medio y bajo que han visto congelados sus salarios durante los últimos ocho años y en algunos casos han tenido reducciones de su sueldo y prestaciones hasta de un cuarenta por ciento. Por si fuera poco, los diferentes fondos de pensiones de los servidores públicos, han desaparecido.
Para responder a los ataques de Martínez, el gobernador Rubén Moreira aparece en medios y aunque sin referir a quien lo cuestiona, eludiendo el tema de la deuda, y enfoca el tema de seguridad alegando que el descuido de los cuerpos policiacos ocurre desde hace "décadas", con lo que pretende transferir la culpa.
Lo cierto es que cada tiempo es diferente y a cada gobernador le toca atender problemas más o menos graves, que los enfrentados por sus antecesores sin embargo, la obligación de cada cual es estar a la altura de las circunstancias. En ese orden de cosas, nunca como en los tiempos de Moreira los cuerpos policiacos estuvieron infiltrados por las bandas criminales y nunca como en estos tiempos, Coahuila ha sido objeto del saqueo de recursos y se ha visto ahogada con el peso de la deuda pública.
