Los subsidios en las tarifas eléctricas se mantendrán tras la publicación de la reforma energética, aclaró la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristina Díaz Salazar.
Esto para aclarar los muchos rumores que se han generado a raíz de la aprobación de la reforma energética, específicamente sobre lo que tiene qué ver con la producción energética y la venta de energéticos, incluyendo la electricidad, uno de los insumos más caros para las familias y la industria.
En entrevista, señaló que las reformas aprobadas por el Legislativo y que el Ejecutivo prevé promulgar el próximo lunes, tienen el objetivo final beneficiar al pueblo de México.
"Basta de engaños, seamos claros con todo el pueblo mexicano. No se eliminará ninguno de los apoyos que actualmente reciben los usuarios en lo que se refiere a luz eléctrica", expresó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Explicó que la reforma obliga al Estado mexicano a cumplir por fin el derecho de los pueblos indígenas a la energía eléctrica en sus comunidades, además que la liberación del mercado reducirá gradualmente el costo del servicio de acuerdo con la disminución en los precios de producción.
Además, aseguró, el Estado no dejará solos a quienes más lo necesitan, por lo que se crearon apoyos focalizados para los pobres en zonas urbanas y zonas indígenas.
Además, de acuerdo a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, el Ejecutivo federal podrá establecer tarifas preferenciales para distintos grupos de consumidores.
"En otras palabras, tanto los usuarios domésticos, como aquellos que residen en zonas especialmente cálidas, seguirán recibiendo como ahora una tarifa preferencial", agregó.
Por separado, el senador del Partido Verde Ecologista de México Carlos Puente Salas, aseguró que ninguna de las leyes secundarias de la reforma vulnera los derechos de los trabajadores de Petróleos Mexicanos ni de la Comisión Federal de Electricidad.
En un comunicado recordó que estos derechos están salvaguardados en el Artículo 123 de la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo, además que por tratarse de derechos signados por los sindicatos y sus respectivas empresas, no se pueden modificar vía legislativa.
