Juicios. Las personas tramitan un juicio de presunción de muerte ante la incertidumbre que tiene respecto al paradero de un familiar.
De enero a noviembre de 2013, último mes contabilizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, se iniciaron 82 juicios por presunción de muerte en la entidad.
Este proceso legal se inicia por personas que, ante el clima de violencia, quedaron en la incertidumbre sobre el paradero de algún familiar después de haber sido "levantado" o secuestrado.
Al obtener un acta de presunción de muerte, los familiares tienen la posibilidad de ejercitar los derechos que tenían precisamente sus familiares y de estos derechos el fundamental es la sucesión.
De acuerdo a la estadística elaborada por el Poder Judicial del Estado, en enero del año en mención se iniciaron ocho trámites; en febrero, uno; en marzo, cinco; en abril, cuatro; en mayo, ocho; en junio, 13; en julio, siete; en agosto, 10; en septiembre, seis; en octubre, 13; y en noviembre, siete.
Todavía no se ha contabilizado el mes de diciembre ya que se atravesó el periodo vacacional en el Tribunal pero, de acuerdo a la cifra preliminar, es probable que el año haya cerrado con alrededor de 100 trámites de este tipo.
En total, el Poder Judicial reportó un total de 27 mil 354 juicios iniciados de enero a noviembre, de los cuales, tres mil 367 fueron en materia civil; 12 mil 65, mercantil; nueve mil 18, familiar; y dos mil 904, en materia penal.
Es de recordar que hace tres años el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación que permitieron realizar el trámite de presunción de muerte de las personas que estuvieran desaparecidas por un plazo mínimo de un año, previa denuncia ante las autoridades correspondientes. Y es que, anteriormente, este proceso legal tardaba hasta ocho años.
El objetivo es que viudas, hijos y padres puedan acceder a las prestaciones que las personas desaparecidas tenían en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras.
