Una prioridad. La principal encomienda del organismo es promover el aprovechamiento del acceso a la información pública entre los ciudadanos.
Héctor Octavio Carriedo Sáenz fue nombrado nuevo consejero presidente del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP).
La encomienda de presidir el órgano garante del derecho a la transparencia le fue conferida el pasado 1 de marzo, misma que atenderá durante los próximos dos años.
Para ello, el Consejo General del IDAIP, integrado por tres consejeros, procedió a la votación correspondiente, logrando la unanimidad a favor de Carriedo Sáenz.
Los consejeros Lourdes López Salas y Carriedo Sáenz serán parte del Consejo General del IDAIP por cinco años más, mientras que el consejero presidente saliente, Alejandro Gaitán Manuel, formará parte del mismo por tres años.
Por su parte, el nuevo consejero presidente del IDAIP precisó que se propondrá fortalecer la estructura actual del Instituto para redimensionar y ampliar el programa de trabajo del mismo, en el marco de la planeación estratégica que está en marcha.
Octavio Carriedo manifestó que junto con sus homólogos del Instituto que ahora preside, se impulsará el fortalecimiento de los programas de capacitación, promoción, difusión y vinculación para aumentar el conocimiento de la sociedad con relación al Derecho de Acceso a la Información Pública.
Esto, por parte de los servidores públicos de todos los sujetos obligados de nuestra entidad, como de la sociedad duranguense en su conjunto, buscando incrementar el ejercicio de este derecho humano fundamental por parte de la ciudadanía.
Otro reto consiste en reforzar la vinculación del Instituto con los sujetos obligados, para lograr un mejor nivel de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
Recordó el estudio de la Métrica de la Transparencia 2014, que actualmente se está llevando a cabo en todo el país por parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas y que estará evaluando los avances de todos los sujetos obligados del país, tanto la normatividad vigente como en la calidad de la información plasmada en los portales de transparencia.
