La prioridad en cualquier gobierno que se precie de ser democrático debe ser el interés público. Cuando el grupo en el poder sobrepone su interés particular sobre el de la ciudadanía en su conjunto estamos frente a una aberración política que se aleja de lo que es una democracia. Vale la pena recordar esto de cara al proceso de privatización de servicios públicos que ha iniciado la administración municipal de Miguel Riquelme.
En su diagnóstico de la realidad de la ciudad, el alcalde encontró que uno de los principales problemas de Torreón es la decadencia de los servicios públicos en general. Como solución, desde los primeros días de gobierno planteó la alternativa de privatizar varios de esos servicios. Si bien este esquema puede resultar una salida viable para mejorar la calidad de los mismos, los riesgos que se corren en caso de olvidar el interés público a la hora de firmar los contratos son altísimos.
En Torreón existen ejemplos de esta distorsión de intereses que ha convertido posibles soluciones en nuevos problemas. Ahí está el caso de la concesión de recolección de basura, con el que el ayuntamiento debe lidiar mes a mes por lo costoso del servicio en un contrato que en numerosas ocasiones se ha calificado de leonino a favor de la empresa. También está el caso de la planta tratadora de aguas residuales que no genera los beneficios previstos para el municipio y para la cual se adquirió una deuda que se ha convertido en un lastre para el sistema de aguas y saneamiento.
Con estos antecedentes como marco histórico, el gobierno de Miguel Riquelme se dispone a privatizar el servicio de alumbrado público en un contrato que alcanzará casi 3,000 millones de pesos y sobre el cual han surgido algunas interrogantes. El alcalde también ha declarado su intención de privatizar servicios como el de parques y jardines y parquímetros.
Si bien no se puede descalificar a priori la concesión de áreas de la administración pública, es muy importante no perder de vista que es el interés ciudadano el que debe primar a la hora de firmar los contratos para evitar que, como ya ha ocurrido en Torreón, sean las empresas las únicas beneficiadas. Es una realidad que las compañías que buscan este tipo de contratos lo hacen pensando en la utilidad, la cual es necesaria para subsistir como negocios; pero esa utilidad privada no puede estar por encima de la utilidad pública. Y ahí está el reto para el actual ayuntamiento.
