La política de privatización emprendida en el Municipio de Torreón bajo la presidencia de Miguel Riquelme y con el impulso del gobernador Rubén Moreira, exige una explicación frente a los ciudadanos.
La administración pública tiene por objeto la satisfacción de las necesidades colectivas y para ello, el estado puede actuar mediante su estructura central o descentralizada, o mediante la concesión de los servicios públicos a empresas particulares.
El acierto en la concesión de un servicio público en cada caso concreto y la justificación de que sea un negocio lucrativo para los dueños de la empresa titular de la concesión, depende de que el concesionario proporcione el servicio con mayor eficiencia en términos de calidad y costo, que lo que suponga la prestación del mismo por parte de la estructura del gobierno.
Lo que no se entiende es que exista una concesión que sea un fracaso y se mantenga por tiempo indefinido como ocurre, según un dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) fechado en el año de 2010, en relación a la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Municipio de Torreón, ubicada en el Ejido Rancho Alegre. La descripción del fracaso se ilustra en los medios de comunicación con un desfile morboso de afirmaciones deshilvanadas y confusas, según las cuales siete agricultores de la región se han beneficiado con aguas de riego que obtienen por debajo de su costo de tratamiento, y que contienen materia fecal en una proporción trescientas cincuenta veces por encima de lo permitido por la norma aplicable.
De acuerdo al dictamen de la ASE, la concesión para la construcción y operación de la planta que nos ocupa fue un fiasco desde su origen, puesto que además de costosa, nunca ha producido el agua ni en la cantidad ni en la calidad requerida y además daña el medio ambiente.
Lo extraño es que según la información en comento, por más de una década, durante los gobiernos de Salomón Juan Marcos, Guillermo Anaya, José Angel Pérez y hasta el segundo año de la gestión de Eduardo Olmos, cuatro administraciones municipales estuvieron pagando de manera puntual diez millones de pesos mensuales a los concesionarios, hasta que Olmos dejó de pagar como muchas otras cosas, lo que ha generado un adeudo para nuestra ciudad por ese solo concepto, de doscientos cuarenta millones de pesos.
La imprecisión del dictamen de la ASE pretende diluir la responsabilidad en el tiempo, pero lo cierto es que las autoridades del Estado de Coahuila y del Municipio de Torreón lo han mantenido oculto desde 2010, y nada han hecho para poner remedio, demandando la rescisión de la concesión y reclamando el pago de los daños y perjuicios a los dueños de la empresa concesionaria y desde luego, fincando responsabilidades a los funcionarios públicos implicados.
Lo anterior obliga a los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme a rendir un informe completo de la identidad de la empresa concesionaria, con una relación de los nombres de sus accionistas y administradores que registre los cambios ocurridos a lo largo de su historia, así como los nombres de los agricultores beneficiarios de las aguas tratadas. Se requiere además, un informe analítico del comportamiento de la concesión mes por mes, año por año, para deslindar responsabilidades relativas a cada una de las administraciones municipales involucradas.
Mientras lo anterior no ocurra, es razonable sospechar que el referido dictamen es un instrumento falaz del Moreirato, que tiene por objeto descalificar los resultados de la concesión para justificar un nuevo contrato que privatice la construcción y operación de otra planta, en favor de una empresa asociada a los intereses del grupo en el poder, para seguir con el saqueo interminable del patrimonio de nuestra ciudad.
Esta sospecha ha sido expresada de manera genial por el caricaturista de El Siglo J. Enríquez, en un cartón en el que presenta el logotipo de la administración municipal en funciones, al que a renglón seguido del nombre de Torreón, agrega las abreviaturas que identifican a nuestra ciudad como sociedad anónima de capital variable es decir, como comercio y propiedad privada.
