Desde hace por lo menos seis años se habla de la necesidad de la creación de un sistemaintegral de transporte metropolitano, pero hoy no se puede decir que estemos cerca de conseguirlo. Lo que se tiene es un conjunto de visiones encontradas e intereses creados en medio de problemas con distintos matices a ambos lados de río Nazas. El único factor de cohesión es la realidad misma, a saber: un transporte público colectivo deficiente y costoso para los usuarios.
La movilidad no sólo es uno de los principales factores de competitividad de las ciudades y sus regiones. La posibilidad que tiene una población de moverse dentro de las zonas urbanas y desde o hacia las áreas rurales es un indicador de igualdad social, calidad de vida e, incluso, democracia. Una urbe conmovilidad acotada segrega, margina, hostiliza, rompe.
A lo anterior hay que sumar el factor ambiental. La ausencia de un transporte conurbado eficiente propicia la proliferación de vehículos automotores particulares, los cuales contribuyen en gran medida a la contaminación del aire en la región, además de la que generan los mismos autobuses.
Por si fuera poco, la escasa o nula capacitación de los choferes en el manejo de las unidades y el trato a los usuarios, aumentan la hostilidad del ambiente urbano con el consecuente incremento del estrés de los ciudadanos que a diario circulan por las calles de la zona conurbada.
Por todo esto es importante contar con un proyecto integral de transporte que no sólo conecte a las principales ciudades sino que también mejore la capacidad demovilidad de todos los habitantes de la región, principalmente de quienes menos recursos poseen. No obstante, el proyecto planteado hasta ahora por las autoridades metropolitanas genera serias dudas sobre su concreción y alcances. Veamos por qué.
El Proyecto Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) elaborado por la empresa española Transconsult con un costo de siete millones de pesos, contempla una inversión de 6, 200 millones de pesos para la construcción de los carriles exclusivos y la adquisición de los autobuses que recorrerán la ruta troncal de 41 kilómetros de Matamoros a Lerdo.Aunque se dijo que este mismo año iniciarían las obras, en las últimas informaciones se ha manejado que será en 2015 cuando puedan observarse los primeros avances.
No obstante, el primer punto a sortear es el financiamiento. Las autoridades han dicho que una vía para conseguir los recursos es el fondo metropolitano que año con año se asigna. Pero debido al monto, para llevarlo a cabo sería necesario designar la mayoría del dinero de esta partida, si no es que todo, durante varios años, por los menos diez. Otra posibilidad es el Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, aunque éste sólo contempla apoyos a municipios con población mayor a 500 mil habitantes, por lo que tres de las cuatro ciudades quedarían fuera. Los recursos también podrían venir de la Secretaría de Comunicación y Transportes, pero el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 no considera ninguna partida para este fin.
Por otra parte, está el tema del desorden que impera en el sistema de transporte en las cuatro ciudades de la zona metropolitana. Como caso ejemplar está el rotundo fracaso del sistema de prepago en Torreón, en donde sólo un 12 por ciento de los usuarios utiliza las tarjetas debido a las fallas en las máquinas y el sabotaje de los propios conductores, lo cual, dicho sea de paso, no fue objeción para que el ayuntamiento incrementara las tarifas. Y en La Laguna de Durango, el gobierno estatal, de quien depende el servicio, ha sido incapaz de modernizar las unidades, la mayoría de ellas en lamentables condiciones.
Tampoco se ha hablado hasta ahora del papel que jugarán los camiones de las líneas existentes y de qué forma se integrarían a las rutas alimentadoras, así como también está en el aire la pregunta de qué pasará con el actual servicio intermunicipal Torreón-Gómez-Lerdo, que es federal.
Otras interrogantes tienen que ver con cuál va a ser el nivel de gobierno que se encargue de la licitación del servicio en la ruta troncal, si será sólo una compañía o varias las que lo proporcionarán y qué autoridad tendrá la facultad de regularlo y supervisarlo. Las carencias que enfrentan las direcciones de transporte municipales y estatales ponen en duda su capacidad para asumir estas tareas.
Los gobiernos de Coahuila y Durango se han mostrado evasivos a la hora de aclarar los alcances del proyecto y si se tiene contemplada la integración de las líneas de camiones suburbanos que dan servicio a las poblaciones periféricas de la zona conurbada, aspecto que también es de vital importancia para la movilidad en la región.
Con este panorama, son escasas las esperanzas que se pueden abrigar en torno a un proyecto que desde hace años es fundamental para el crecimiento de La Laguna y el aumento de la calidad de vida de sus habitantes.
Mucho antes de que existiera el concepto de la movilidad sustentable, la comarca ya contaba con un sistema de transporte conurbado. En una época en la que el uso del auto no se había generalizado, el tranvía eléctrico que circulaba de Torreón a Lerdo fue el principal transporte colectivo entre las tres ciudades durante la primera mitad del siglo pasado. Este logro fue posible gracias a la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada.
Hoy, más de media centuria después, las autoridades no logran dar los pasos decisivos para volver a conectar de manera eficiente a la región. Quizá lo que hace falta es el empuje de esa sociedad civil que no se ha animado a tomar el papel que le corresponde en la toma de decisiones de la vida pública.
