El año pasado en la Comarca Lagunera se cosecharon 169 mil hectáreas de cultivo, de las cuales el 60 por ciento se cultivó con agua de bombeo (102 mil ha), el 21 por ciento con agua de gravedad (36 mil ha), y el restante 18 por ciento bajo condiciones de temporal (30 mil ha); del total cosechado el 68 por ciento se destinó a producir forrajes (115 mil ha) de los cuales casi 39 mil ha fueron de alfalfa. Nuestra agricultura regional cultiva más de dos tercios de su superficie agrícola a producir forrajes.
Lo anterior responde al proceso de ganaderización que ocurre en la región desde hace medio siglo, donde la agricultura es la base la actividad ganadera que alimenta, por cierto con déficit de modo tal que requiere importar forrajes y granos de otras zonas agrícolas, más de 25 millones de cabezas de aves, ovinocaprinos, porcinos y bovinos de leche y carne, que a su vez proveen de carne, leche, huevo y otros subproductos que sustentan el complejo agroindustrial, principalmente avícola, lechero y próximamente de carne, que constituyen uno de los ejes clave de la economía lagunera.
En ese año sólo la producción agropecuaria aporta el nueve por ciento del Producto Interno Bruto regional, porcentaje que se eleva a una cuarta parte si se le agrega la producción agroindustrial, situación que indica, por un lado, el tipo de especialización productiva que adoptó el sector agropecuario lagunero después de la debacle algodonera, y por el otro, destaca un importante crecimiento económico reflejado en la integración de la cadena de valor que se ha creado en torno a este complejo forrajero-ganadero y agroindustrial.
Complementariamente, estas actividades has sido el soporte de acumulación de capital no sólo dentro del sector primario y agroindustrial, sino de aquellos en los que se ha diversificado la economía regional como son servicios financieros, aviación, hotelería, gastronomía, comercio y otros a través de negocios locales, franquicias externas o adquisición de empresas en otras partes del país y el extranjero, con un alto grado de concentración en una ya importante élite económica con incidencia decisiva en las esferas de poder local y nacional, que bien puede tener residencia en La Laguna u otras ciudades del país y el extranjero, particularmente en los Estados Unidos o España.
Lo cierto es que este crecimiento económico que ha concentrado la riqueza derivada de estas actividades tiene su contraparte en la desigualdad social que le acompaña, como lo expresan los datos de Coneval, que para 2010 registran un 36 por ciento de los 1.5 millones de habitantes residentes en los quince municipios laguneros, en condiciones de pobreza y otro casi cinco por ciento en extrema pobreza, situación que no debe haber cambiado mucho considerando la escasez de inversiones, que sí se aplican en las capitales de los estados, y la inseguridad que ocurren en los últimos años.
Aunado a lo anterior, el crecimiento económico regional ha provocado un grave deterioro ambiental, ya que la gestión que se ha realizado de recursos clave para que este ocurra, tales como el suelo (agrícola y no agrícola), el aire, la biodiversidad y, en forma relevante, el agua, están sufriendo una presión humana que evidencia un serio déficit de gestión gubernamental y estimula una mayor participación ciudadana. A la par de los graves problemas económicos y sociales que se reflejan en la falta de empleo y la inseguridad que nos ha afectado a los laguneros, tenemos en puerta también crisis ambientales que, cultural y políticamente, no queremos reconocer y resolverlas de manera estructural, no sólo parcial y temporalmente porque se vuelven recurrentes, porque exige modificar las bases del modelo de desarrollo regional.
Un ejemplo sería el problema de déficit hídrico que enfrentamos, donde la escasez de agua sólo es aparente porque no se ha querido o podido modificar la forma en que este recurso se gestiona, ya que existe una concentración marcada de los títulos de concesión, tanto de aguas subterráneas como superficiales, al grado tal que se ha monopolizado de manera privada un recurso que constituye un bien común y es de propiedad pública. La voluntad política gubernamental no alcanza para modificar la gestión hídrica porque implica trastocar los intereses de la élite económica beneficiada con ese monopolio, tiene que buscar una fórmula negociada que reduzca la sobreexplotación del agua acorde con los intereses de quienes ejercen ese monopolio.
Ante un situación como la descrita, resulta un insulto a la conciencia de los laguneros y una falta de respeto a la naturaleza, que la Comisión Nacional del Agua permita que algunos miembros de la élite que ha concentrado el agua continúen la devastación que realizan al deforestar varios miles de hectáreas en un área colindante con el Río Nazas para establecer cultivos que serán irrigados con aguas del subsuelo, desplazando a los pequeños productores locales y utilizando volúmenes que pueden afectar la recargan del acuífero; tal parece que la depredación ambiental continúa con el aval gubernamental.
Otro caso sería la biodiversidad, o los reductos de biodiversidad que aún existen en la región, mismos que aún a pesar de reducirse a ínsulas aisladas sujetas a protección que aseguren la conservación de los ecosistemas donde se alberga, no han merecido la atención debida en la asignación de recursos, aun cuando en esta misión, que debería ser una política pública prioritaria de los gobiernos locales, cuenta con la comprometida colaboración de ciudadanos, académicos y empresarios, que han enfrentado las amenazas que una y otra vez atentan contra este recurso natural tan escasamente valorado.
En fin, lo anterior obliga una reflexión sobre la viabilidad de La Laguna como región, ya que el reto que inevitablemente enfrentamos es de reorientar su desarrollo, cambiar el modelo en que éste se ha basado, por otro que dé mejores oportunidades económicas a la población lagunera y reduzcan la desigualdad social vigente, pero que también sean más amigables con el ambiente. Son retos para aquellos que toman decisiones sobre el uso de los recursos como para quienes lo regulan, pero sobre todo lo es para los ciudadanos, principales beneficiados o perjudicados de esas decisiones.
