Terror. El dolor y la angustia de no saber dónde están sus familiares, se roba la vida de quienes los buscan.
La falta de registros confiables y protocolos uniformes sobre personas desaparecidas aumentan la desconfianza que los familiares y la sociedad en general tienen hacia las autoridades.
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advierte que "México no tiene la capacidad para procesar, en un escenario ideal, los restos de 22 mil desparecidos".
Por su parte, Pilar Tavera, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, destaca además que el gobierno mexicano siempre intenta presentar los casos de desapariciones de grupos como casos aislados. "Esto no es así, pero lo que sí es aislado es el tipo de atención que se da a estos episodios, porque pareciera que cada vez que desaparece una persona las autoridades comienzan de nuevo protocolos de búsqueda".
Esto es grave porque Ayotzinapa también puso sobre la mesa un tema subyacente en los casos de las desapariciones: la falta de registros para la identificación de cuerpos.
Por todo el país hay fosas comunes de personas que no probablemente ni siquiera están contabilizadas en los registros de desapariciones y que no se sabe quiénes son, dice Pilar Tavera.
"Si antes había nombres sin cadáveres, ahora además tenemos restos sin nombres, porque no tenemos un control de esos lugares ni de los cuerpos que allí se han encontrad, y menos una sistematización para poder identificar si los cuerpos corresponden a alguna persona desaparecida", explica.
A la carencia de registros sobre desapariciones, se suma también la falta de políticas y mecanismos de confianza que atiendan a los familiares de desaparecidos.
"Hay una falta de confianza de las víctimas en las autoridades y en los peritos. Yo, como abogado de casos de desaparición forzada, normalmente no confío en los peritos de la PGR. Sus métodos no son los adecuados desde la perspectiva y la manera en que tratan a las víctimas", dice Guevara.
REUNIONES BIMESTRALES
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Funndec) integra a cerca de 300 familias de Saltillo y Torreón y ha establecido reuniones bimestrales con las autoridades estatales, sin embargo no se ha logrado dar con el paradero de ninguno de sus desaparecidos.
María Elena Salazar, integrante del organismo, informa que son los familiares los que, como en su caso, han hecho la labor de investigación que debieran realizar las autoridades. "Las pistas que tienen son las que nosotros hemos llevado (...) no puedo creer que después de cuatro años de reuniones, no hayan podido dar con el paradero de uno de los muchachos".
Aunque reconoce que la confianza en las autoridades se ha perdido, asegura que seguirán porque es su derecho a exigir "porque es su obligación encontrarlos".
Francisco Macías Medina, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) de Jalisco, señala que hay una variación notable entre las cifras de procuradurías locales, Gobierno federal y asociaciones civiles debido a que los entes de procuración de justicia parten de una política de "no intervención" y no reconocimiento de casos de desaparición.
Critica que se utilicen las mismas herramientas "poco útiles" para investigar este delito, cuando es necesaria mayor intervención de la sociedad. En Jalisco, el delito de desaparición forzada ni siquiera está tipificado, situación que hace más difíciles las investigaciones, señala Macías.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Frente a la desconfianza de las víctimas en las instituciones, José Antonio Guevara propone una comisión de la verdad como una acción inmediata para la atención del fenómeno de las desapariciones.
"Necesitamos un mecanismo para que las víctimas cuenten su historia y a partir de eso se identifiquen patrones y responsables y, si es posible, podamos integrar una historia de la verdad".
Para ello el Ejecutivo y los partidos tendrían que convocar a organizaciones, expertos en temas de víctimas y a los familiares de desaparecidos a un gran diálogo para integrar un mecanismo cuyo resultado sea un informe y una legislación.
"Esta comisión -dice- debe dar como resultado mecanismos de justicia extraordinarios, porque las procuradurías locales y federal no tienen la capacidad técnica ni la infraestructura para llevar a juicio tantos casos que le implican además tocar tantos intereses políticos", dice Guevara.
(Con información de Elia Baltazar, Guadalupe Miranda e Isaack de Loza)
Desaparecidos en algunos estados:
1. Tamaulipas: 4,875
2. Jalisco: 2,113
4. Distrito Federal: 1,450
5. Coahuila: 1,332
7. Baja California: 1,260
13. Veracruz: 500
15. Durango: 383
17. Colima: 240
19. Oaxaca: 195
22. Sonora: 168
24. Tabasco: 119
25. Yucatán: 101
