Escribir sobre el mismo tema en una semana podría parecer un sentimiento obsesivo o peor todavía una ausencia de creatividad.
Pero como periodista y mexicano resulta imposible dejar a un lado el grave conflicto que vive Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida hace ya veinte días.
Sin menospreciar la crisis política y social de la entidad y la polémica sobre si el gobernador Ángel Aguirre Rivero debe renunciar al cargo, lo sorprendente al día de hoy es el vacío de autoridad que respiran los guerrerenses a pesar de los discursos y el movimiento de fuerzas policiacas.
Empecemos por el principio. La noche del 26 de septiembre desaparecen 43 estudiantes normalistas quienes a bordo de un autobús fueron aparentemente entregados por agentes municipales de Iguala a miembros de un grupo extremista de los Guerreros Unidos.
Esto ocurrió después de que los policías, por órdenes superiores, sofocaron a balazos y torturas las protestas estudiantiles. Seis individuos murieron, entre ellos tres normalistas, por la acción represora de los agentes municipales.
Transcurrieron dos días más para que ante la presión social el alcalde José Luis Abarca pidiera licencia del cargo y huyera tranquilamente con su esposa María de los Ángeles Pineda, por rumbo desconocido.
Desde entonces las autoridades locales y federales, incluyendo la flamante Gendarmería Nacional que tomó posesión de Iguala, no saben nada del paradero de los 43 estudiantes desparecidos y menos de la poderosa pareja municipal. Le recomendamos leer este artículo de El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/12/actualidad/1413144418_433976.html
Secuestrar a una o dos personas y mantenerlas ocultas por una semana, un mes o incluso tres meses, resulta comprensible en un país inmerso en la corrupción y la impunidad como México.
Pero desaparecer a 43 estudiantes con todo y camión durante veinte días puede considerarse una hombrada del crimen organizado o por el contrario una muestra de la ineptitud e ignorancia de nuestras autoridades.
En abono al talento de los policías mexicanos del pasado, podríamos inferir que la autoridad conoce el paradero de los 43 jóvenes -seguramente asesinados a mansalva-pero ha aplazado la revelación de los hechos para evitar una sublevación estudiantil nacional.
Sin embargo, esto es una mera especulación del periodista y en tanto no aparezcan los estudiantes -vivos o muertos-criticaremos cada día con más intensidad la labor de las autoridades, en este caso las federales quienes se han hecho cargo de las investigaciones.
Hoy las corporaciones mexicanas cuentan con equipos de la más alta tecnología, armas modernas, vehículos sofisticados e infinidad de elementos. Sin embargo carecen del talento y la intuición para encontrar a los 43 normalistas así como al exalcalde de Iguala y su esposa, quien seguramente no anda solo ni habrá huido sin dejar rastro.
El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho en repetidas ocasiones que su gobierno investiga a fondo los hechos y que aplicará todo el peso de la ley a los responsables de los crímenes y de la desaparición y posible ejecución de los 43 normalistas.
Pero van tres semanas de los hechos y no existen indicios sobre el paradero de los desaparecidos ni tampoco de Abarca y su mujer. ¿Existe un manto protector sobre el exmunícipe y sus tropelías? ¿Cómo es posible esfumar de un día para otro a 43 normalistas sin que nadie sepa nada?
Para colmo las autoridades locales y federales adoptaron la política del dejar hacer en lugar de la cero tolerancia y de manera inaudita permitieron que el Palacio de Gobierno en Chilpancingo quedara hecho cenizas.
¿En dónde está la aplicación de la ley? ¿Vamos a seguir con distingos y canonjías para que no se molesten los "estudiantes" que utilizan la ilegalidad para protestar contra la ilegalidad?
Bonito país, bonita autoridad y bonitas leyes tenemos en México en pleno siglo XXI.
Comentarios a jhealy1957@gmail.com
