El sábado, Fausto Vallejo dejó territorio nacional. Se fue, dijo él, a hacerse un examen médico. -Cuestión de unos días- dijeron sus colaboradores en el Gobierno de Michoacán. Pero la verdad es que Fausto Vallejo no puede volver. Qué regrese a México, si es lo que quiere, pero no a la gubernatura. No después de que todos vimos a su secretario de Gobierno recibiendo instrucciones de Servando Gómez, "La Tuta", líder de "Los Caballeros Templarios". No cuando se exhiben fotografías de su hijo con el mismo delincuente. No cuando es más que evidente que las autoridades federales desconfían de él y evitan compartirle cualquier información medianamente importante.
Es cierto que sobre Fausto Vallejo no pesa ninguna acusación legal pero sí una enorme responsabilidad política. La de un hombre que gobernó, en la interpretación más generosa, estando rodeado por gente leal al crimen organizado.
A principios del año pasado, los líderes de las autodefensas insistían en que si habían iniciado un movimiento armado es porque no tenían a quién recurrir, todas las autoridades locales, incluidas las de Morelia, estaban coludidas con los "Templarios". ¿Qué les pueden decir hoy los que se escandalizaron porque aparecieron armados y encapuchados? ¿Cómo discutir la legitimidad de su movimiento cuando vemos videos de presidentes municipales y secretarios de gobierno departiendo alegremente con los delincuentes que los azolaban?
Lo sorprendente es que no sea un escándalo de mucho mayores proporciones. Fausto Vallejo debería agradecerle a su partido y al Gobierno que le haya permitido una salida tan tersa e inmerecida. Es de suponer que lo hacen porque ni el PRI ni el gobierno de Enrique Peña Nieto quieren cargar con el estigma de un gobernador obligado a dejar el cargo por vínculos de su círculo más cercano con el crimen organizado. Entonces, lo ayudan a salir del escenario sin grandes aspavientos. Conveniente para ellos, pero un pésimo precedente.
Duele imaginarse la situación de indefensión en la que se encontraban todos los michoacanos y muy en particular los que eran víctimas de esa organización. ¿Cuántas decisiones se tomaron en ese gobierno para favorecer al grupo criminal? ¿De cuántas omisiones se les puede hacer responsables y que repercutieron en la vida y muerte de sus conciudadanos?
Las autodefensas no tienen dudas. El 10 de abril del 2013 un grupo de limoneros de la Ruana fueron a entrevistarse con Jesús Reyna en el crucero de cuatro caminos, en el municipio de Múgica, donde encabezaba un acto público. Le pidieron que el Gobierno del Estado interviniera para ponerle fin al bloque del que eran objeto sus comunidades por parte de los "Templarios". Dicen que los escuchó. De regreso, dos patrullas de federales los escoltaron, sin embrago, al pasar por el fraccionamiento Los Girasoles en Apatzingán fueron atacados. Catorce perdieron la vida y varios federales resultaron heridos.
Se sabe que sin cierto nivel de protección por parte de las autoridades, mucho de lo que hacen los grupos delictivos, no sería posible. Hemos escuchado y confirmado que muchos secretarios de seguridad municipal han sido impuestos por los grupos criminales. Qué muchos presidentes municipales se han hecho de la vista gorda o han cooperado abiertamente con el crimen. Incluso que alguna policía estatal no actúa en contra de los grupos de criminales en su estado. Pero lo de Michoacán es distinto. Un gobernador rodeado de informantes del grupo delincuencial. Un secretario de Gobierno arreglado con los delincuentes. Presidentes municipales riendo complacientes de los chistes de "La Tuta", acompañados por el entonces presidente de la asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate de Michoacán. Es la elite la que se acomodó con el narco.
A Michoacán lo traicionaron y nadie ha pagado por ello.
