Un total de 223 demandas contra los organismos operadores de Agua Potable de los ayuntamientos se ha presentado en lo que va del año en curso ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, principalmente porque los requerimientos de pago van dirigidos con firma facsimilar, acción que se considera ilegal pues deben contener la firma de puño y letra por parte de la autoridad que los emite, además del corte del servicio que se realiza en algunos casos.
Así lo señaló el magistrado presidente del mencionado tribunal, Julio César Piña Grittsman, tras complementar que dentro de los organismos con mayor número de demandas interpuestas ante este órgano jurisdiccional destacan los municipios con mayor cantidad de población, entre los que mencionó Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro, Guadalupe Victoria, y otros.
Agua Potable de los ayuntamientos constituye una situación que violenta la garantía de seguridad jurídica del gobernado, en virtud de que se ignora si fue realmente el titular de ese ente municipal quien está realizando ese acto de cobro a los usuarios del mencionado servicio.
Este, dijo, es el principal motivo por el que los ciudadanos acuden a este tribunal a demandar a los diversos organismos de Agua Potable en el estado de Durango, entre los que citó específicamente a Aguas del Municipio de Durango (AMD), el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL), el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa) y el Sistema de Agua de Santiago Papasquiaro (Siaspa), entre otros.
Otra de las causas por las que se demanda se relaciona con el corte del suministro de agua potable si se hace de manera total y no parcial.
