Territoriales. El procedimiento fracking, utilizado en la explotación del gas, tiene efectos negativos.
México carece de experiencia en la explotación de gas de lutitas (shale) y por esta razón, debieron generarse las condiciones precautorias y el análisis del impacto que esto tendría, antes de aplicar medidas tan determinantes como en el caso de Coahuila, donde ya se autorizó.
Para Mateo Castillo Ceja, miembro del Consejo Internacional de Carta de la Tierra, el simple desconocimiento de los efectos que tendrá esta actividad ya implica un riesgo, puesto que en todo el territorio nacional no existen antecedentes y, sí por el contrario, se ha generado mucha especulación.
En su opinión, antes de disponer la explotación del gas de lutitas debió aplicarse un principio precautorio con aspectos como una fase experimental o de pruebas; un análisis sobre los beneficios económico, social y al medio ambiente, y sobre todo con la integración de un consejo ciudadano que vigilara todos estos pasos.
Como hasta ahora se han establecido las condiciones para extraer el gas de lutitas, tampoco se han tomado en cuenta medidas para mitigar los efectos "lo cual es muy importante hacer mediante una investigación seria, con tiempo y sin prisas".
Castillo Ceja, considerado uno de los expertos nacionales en la aplicación de la Agenda 21 Local -documento de planeación estratégica de los municipios para un desarrollo sostenible- dijo que la explotación del gas de lutitas traerá a Coahuila impactos ambientales considerables, por el uso del agua en el procedimiento llamado "fracking", cuyos efectos negativos son territoriales y con lo cual se pondría en riesgo la existencia de zonas como Cuatrociénegas.
En el tema económico expresó que "hasta ahora no sabemos si realmente será un instrumento para mitigar la pobreza en la región o hará la brecha más grande entre ricos y pobres, si sólo va a beneficiar a unos cuantos o habrá un beneficio social".
Puesto que este tipo de proyectos favorecen a unos cuantos y no al resto de los participantes, es entonces que se generan diferencias y se producen injusticias que a su vez, detonan en un permanente conflicto entre organizaciones a favor y en contra; sociedad en contra y gobiernos a favor.
"El costo social se reproduce en un costo político que afecta a los mismos protagonistas en la toma de decisiones, cuyos alcances no conocemos porque no tenemos esa experiencia".
Mateo Castillo, el principal encargado del desarrollo de la Carta de la Tierra en México, expuso durante su visita a Gómez Palacio que dependencias federales como Semarnat, Sagarpa y los municipios de Coahuila deben tener cuidado "porque la decisión que han tomado no es sostenible ni sustentable".
