Con el arranque del pleito de vecindad -perdón, campañas- para renovar las hamacas del Congreso de Coahuila, viejos y nuevos fantasmas comienzan a aparecer sobre la sombra de los suspirantes por los distritos de Torreón, además de que las mañas empiezan a asomar entre los equipos contendientes. En la esquina de los priistas, destacan los casos de Shamir Fernández y Verónica Martínez, quienes van por los distritos VI y VII, respectivamente, con la pesada losa a cuestas de haber formado parte de la Legislatura que legalizó la oscura mácula de Moreira I, “el Profe de la Deuda”, argucia con la que legitimaron la hipoteca que tendrá que pagar usted, estoico lector. Pero ahora resulta que para los dos alfiles priistas el haber aprobado la gracia de don Humberto fue una acción “muy responsable” para dar viabilidad al gobierno estatal. ¡Qué tal!
En el caso de Luis Gurza, por el distrito IX, su pasado panista opera como su flanco débil ya que la lealtad no parece ser uno de sus principales atributos (ni de él ni de otros, ya sabemos), aunque don Luis en su propaganda presuma de otros y hasta asegure que es “el que todas quieren” (no se ría, así dice en sus espectaculares). Por el lado de los panistas, quien parece remar contra corriente es la exsíndica de vigilancia, Natalia Virgil, en el IX, quien con todo y nuevo look para su propaganda no cuenta con el apoyo de los anayistas que controlan al PAN. Por el contrario, a quienes no les niegan el respaldo es a Margarita del Río, del distrito VI, y a Mary Carmen Espada, del distrito VII, quien en su discurso parece confundir la filantropía con la política. Pero más allá de esto, ha llamado la atención la estratagema que los priistas han tenido que aplicar luego del fallo del Trife contra la Coalición “Todos Somos Coahuila”, de hacer renunciar a varios de sus aspirantes para que se sumen a las filas de los partidos satélite del PRI con tal de no perder la sobrerrepresentación en el Congreso. Así que el chaqueteo está a todo lo que da con tal de ofrecer al electorado gato por liebre.
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Y a propósito del arranque de las campañas políticas, en los últimos días se han dado varias interesantes revelaciones. Una de ellas es la reaparición estelar de Miguel Batarse, jefazo del PAN de Torreón, dentro de la arena política local. Hasta ahora, de su ronco pecho no se había escuchado una sola crítica contra la administración riquelmista. Pero alguien pareció despertarlo de su letargo y dejó la venta de zapatos para atender las instrucciones del primer senador panista, Luis Fernando Salazar (de quien dicen los priistas que también ha despertado), con el objetivo de emprender una campaña para tronar el proceso de licitación de concesión del alumbrado. Por cierto, nuestros subagentes disfrazados de reparadores de luminarias, cuentan que se les ha visto muy cerca al senador y a la síndica Gabriela Casale con gente de la empresa Led Lumina, una de las diez que ya no quiso seguir en la lucha por el contrato y que se quejó por los plazos. Los malpensados se preguntan si detrás de la estrategia panista hay algo más que el golpeteo político y los suspiros de Salazar por la candidatura a la grande de Coahuila. Y precisamente otra situación que salta a la vista es que don Luis ya comienza a medir fuerzas con el grupo de su padrino Guillermo Anaya. Las fisuras se hacen evidentes y dentro de la misma polémica por el tema del alumbrado público, causa extrañeza la ausencia de tres regidores del PAN que en dos conferencias de prensa consecutivas se han negado a acudir al silbido del legislador. Ellos son Ángela Campos, Verónica Soto e Ignacio Corona, los cuales evidentemente no comulgan con la alianza Salazar-Casale.
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Los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Torreón a la caótica Ventanilla Universal han causado enorme revuelo. Y es que las travesuras de varios empleados que recibían jugosas propinas por emitir licencias mercantiles truqueadas y hasta constancias de uso de suelo chuecas, salieron a la luz con pelos y señales. Pero nuestros subagentes disfrazados de computadoras arrumbadas nos informan que el asunto es más escabroso de lo que parece, pues ahora resulta que gran parte de esos documentos se autorizaron para favorecer a miembros activos de uno de los corporativos priistas, la CNOP de Mario Cepeda Ramírez, que en Torreón se ha convertido en un coto de poder. Supuestamente las licencias fueron a parar a manos de comerciantes de algunas colonias populares controladas por don Mario. Dicen que un empleado, que fue sindicalizado apenas el año pasado, de nombre Mauro López, tiene mucha información que aportar al respecto. Habrá qué ver cómo proceden las autoridades municipales luego de que ya abogan por él para que no suelte la sopa.
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Las quejas contra el monopolio de las luces y las sombras, es decir la CFE, parecen haberse agravado desde la llegada de Hugo Alberto Niebla como subgerente comercial de zona, y Alfredo Ruiz, como gerente de la división Norte. El malestar va en aumento en varios niveles. Por ejemplo, los ciudadanos constantemente se quejan de que los recibos de luz llegan desfasados, sin posibilidad de pagarlos a tiempo, luego viene el corte y ante esto no hay razón humana que valga, además de que el trato no suele ser muy amable que digamos. Las autoridades municipales también están molestas ya que recientemente las fallas de CFE provocaron apagones y consecuentes paros en el equipo de Simas -que ya de por sí no es muy eficiente-, con lo que más de cien colonias de Torreón se quedaron secas y enojadas. Y como cereza del pastel está el hecho que por primera vez durante la pasada Semana Santa la CFE ordenó cortes de luz a ciudadanos morosos en los días inhábiles, de ahí que no encontraran respuesta para restablecer el servicio. Incluso los trabajadores de la dependencia también se molestaron porque esos días los pusieron a chambear, quizás por primera vez en su vida en festivo, ya se sabe cómo se las gastan las burocracias. Esta columna había mencionado que don Hugo tenía la costumbre de cortar la electricidad a dependencias de gobierno, así como agricultores grandes y pequeños sin que les digan “agua va”, ignorando convenios de pago lo que le provocó varias protestas en su paso por el Estado de México. ¡Lo que se tiene que hacer para que paguen a tiempo!
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Parece que a las autoridades locales y estatales de La Laguna de Durango les urge un cursillo de sensibilización ante problemáticas sociales. Esto se ha puesto en evidencia a raíz del tratamiento que han dado al tema de las violaciones sexuales en Gómez Palacio y Lerdo, en donde no sólo la Vicefiscalía se ha visto bastante lenta para atrapar al presunto violador serial, sino que algunos regidores, como el priista Mario Ortega, de la antigua Santa Rosa, y el panista Nicolás Rangel, de la Ciudad Jardín, han hecho burla del temor que se ha desatado. Otro caso es el de Enrique Guerrero, director de Gobernación de Gómez Palacio, quien a pesar de que las protestas de asociaciones de defensa de la mujer se han dado en la explanada de la Presidencia, siempre es el último en enterarse. Y según las responsabilidades de su cargo es quien supuestamente debería atender las quejas sociales y tener el pulso de por dónde se mueve el agua. Pero nuestros subagentes disfrazados de escritorios viejos dicen que don Enrique está más preocupado en platicar con las secretarias y andar de galán que en hacer su chamba. Incluso en los pasillos del edificio municipal ya lo conocen como el Mauricio Garcés de petatiux. Pero el caso que raya en el colmo es el de la encargada de la oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Gómez, Sarah de los Santos, quien además brinda atención a 11 municipios de la Laguna de Durango. Resulta que la Red de Mujeres de la Laguna acudió a las oficinas de doña Sarah para solicitar un informe sobre las acciones entorno a los casos de violaciones sexuales. El detalle es que para la guardiana de los derechos humanos, dicha solicitud no es una queja que merezca un tiempo de respuesta. Pero lo más grave es que De los Santos se molestó por el escrito, al grado que se hizo de palabras con Rosario Varela, catedrática e integrante de la Red, cuando ésta le recordó que uno de los deberes de los servidores públicos era dar respuesta a las solicitudes de información. La falta de sensibilidad de la encargada de la oficina regional en nada ayuda a Felipe Rodarte, presidente estatal de la Comisión, ante un problema que ya llegó a la Cámara de Diputados. A ver si no ruedan cabezas.