Una vez alborotado el avispero con la salida de Renata Chapa del Instituto Municipal de Cultura, en donde han comenzado las renuncias del equipo de la exzarina, se han lanzado las apuestas sobre los próximos funcionarios que pasarán a ocupar la fría banca de la administración municipal de Torreón. El que suena más fuerte es Ricardo Hamdan, director de Protección Civil. Nuestros subagentes disfrazados de rescatistas nos informan que el trabajo de este servidor público tiene poco contento al alcalde Miguel Riquelme. El panorama pinta tan negro para Hamdan que ya se habla incluso de que don Miguel anda buscando remplazo y que uno de los candidatos es nada más y nada menos que Alonso Gómez Vizcarra, sempiterno jefazo de Protección Civil de Gómez Palacio.
Se dice por ahí que el munícipe ya le habló para sondear si estaría dispuesto a brincar el lecho seco del río para hacerse cargo de la oficina en Torreón. No obstante, nada está dicho aún. Si bien es cierto que Gómez Vizcarra cuenta con amplia experiencia en el tema, pues lleva más de una década haciéndose cargo de la unidad al otro lado del Nazas, el trabajo en Torreón tiene otras implicaciones que van desde las dimensiones de la ciudad hasta los contactos y quereres de la gente vinculada con el tema. Otro de los que se oye que será puesto en la lista de transferibles en las próximas semanas es el director de Urbanismo, Gabriel Calvillo, diestro trapecista de las nóminas estatal y municipal, quien recientemente ha sido blanco de golpeteo en redes sociales por supuestas travesuras que anda haciendo a la hora de revisar la entrega de permisos. ¿Será?
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Otras áreas en las que han comenzado a agitarse las aguas son el Simas y Seguridad Pública. Respecto a la paramunicipal corre como agua turbia de drenaje colapsado la versión de que Xavier Herrera va a dejar la dirección general para ocupar la regencia de la Comisión de Aguas del Estado, en donde actualmente se encuentra cómodamente sentado Juan Carlos Ayup. Los cuchicheos en radio pasillo apuntan a que don Xavier prefiere abandonar al emproblemado sistema de aguas municipal para fungir como encargado de la Comisión, la cual pocas veces está en medio de las turbulentas críticas porque sencillamente pocos saben cuál es el trabajo que se hace ahí y las responsabilidades que tiene. En cuanto a la Dirección de Seguridad Pública, se dice que el jefazo Adelaido Flores ya se está hartando de que nomás no le hagan caso en el ayuntamiento y en las otras corporaciones que participan en el Operativo Laguna que comanda el Ejército. Y es que, como ya se había dicho, el mandamás de la Policía de Torreón es afecto a irse por la libre. Como quiera que sea, don Miguel ha dicho que muy pocos en su administración tienen la chamba segura, entre ellos destacan los casos de Servicios Públicos y Desarrollo Social, a cargo de David Fernández y Mario Cepeda Villarreal, respectivamente, ambos herencia de la administración de Eduardo Olmos. Sobre el primero, basta decir que fue uno de los principales responsables de la caída del servicio de alumbrado público, junto con Jesús Humberto Luján, quien también fue uno de los sobrevivientes del pasado ayuntamiento. Tal parece que ambos personajes hicieron tan bien su labor que le ha permitido a Riquelme justificar el enjuague de concesionar el alumbrado a pesar de todas las críticas y sospechas y, como premio, piensa mantenerlos en el cargo. ¡Qué chulada! De don Mario, pues sólo hay que ver el poder que ha dado la administración riquelmista a la familia Cepeda, que controla amplias redes clientelares, para entender por qué es uno de los inamovibles.
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Ya entrados en el tema de los funcionarios que viven de la nómina que se paga del bolsillo del sufrido pueblo, nuestros subagentes vestidos de pacientes nos comentan de un curioso caso de omnipresencia que se da en la Secretaría de Salud del Estado y el DIF Torreón. Se trata de Rocío Quiroz Flores, quien además de ser la jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en Francisco I. Madero, es la encargada de Servicios de Salud del citado organismo descentralizado municipal que dirige Guillermo Covarrubias, en donde, dicen, cobra por honorarios. Lo que no pocos se preguntan es ¿cómo le hace la funcionaria para estar en dos puestos en dos ciudades distintas al mismo tiempo? Pero, sobre todo ¿cómo le hace para cumplir con su trabajo de manera eficiente en ambas responsabilidades? Tal vez doña Rocío cuenta con súperpoderes que la mayoría de los mortales desconocen y que le permiten tener ese don de ubicuidad. Este caso recuerda al del exdirector de Salud Municipal, Javier Dorantes, quien además de cobrar en el ayuntamiento, lo hacía en la Secretaría de Salud de Coahuila como asistente en el Hospital General. De esto se deduce que, contrario a lo que dice en su férreo discurso don Miguel, esta administración no es tan distinta a la de su antecesor y amigo Eduardo Olmos.
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Versa el adagio que “candil de la calle y oscuridad de su casa”, el cual bien se puede aplicar al gobierno de Coahuila en lo que tiene que ver con transparencia. Y es que la administración que encabeza Rubén Moreira participó en estos días en la Reunión Nacional de Contraloría Social en Puebla, en donde el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui, presumió los grandes avances que tiene el gobierno estatal en materia de transparencia. Que si el blindaje electoral (no se ría, así le llaman), los observatorios ciudadanos, las escuelas transparentes y la publicación de beneficiarios de programas clientelares -perdón, sociales- y demás cosas que suenan en el papel muy bonitas. Pero lo cierto es que la administración de Moreira tiene varios hoyos negros que no ha decidido atacar. Por ejemplo está el llevado y traído tema de la megadeuda, la cual no registra avances en las investigaciones que la Procuraduría de Justicia jura y perjura que se están haciendo, ni en el esclarecimiento de a dónde fue a parar la mitad del dinero de los créditos que no aparece en las cuentas públicas, entre ellos unos 8,000 millones de pesillos de las cadenas productivas aplicados dizque para crear miles de pequeñas y medianas empresas que nadie sabe en donde están. Tampoco se ha publicado el recurso invertido en los viajes de placer -disculpe, de promoción- a los que don Rubén es muy aficionado y cuyos resultados son cuestionables, por decir lo menos. Por si fuera poco, el gobierno de Coahuila parece haber enterrado ya el tenebroso asunto de la matanza de Allende, para el cual se montó un operativo de búsqueda de restos humanos que, cinco meses después, no ha permitido saber cuántas personas fueron asesinadas ni cuántas de las osamentas encontradas corresponden a gente desaparecida que aún es buscada por sus familiares. Al menos en estos aspectos, parece que a las autoridades estatales nadie les ha dicho que más que un bonito concepto para adornar discursos, la transparencia debe ser un acto que dé certidumbre al cada vez más escéptico y dolido pueblo de la provincia.
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A propósito de la seguridad y el bello ejercicio de la retórica oficial, el zar de la Prevención Social del Delito, Roberto Campa, visitó la Laguna de Durango, una vez más, para presumir los avances que hay en la región por el famoso Pronapred. El funcionario federal se aventó declaraciones optimistas como esta: “Me parece que (La Laguna) es hoy uno de los puntos donde se pueden ver claramente mejores resultados” (y aquí es donde el respetable se pone de pie y aplaude jubiloso). El asunto es que, si bien es cierto que la situación no está como hace dos años, para nadie es un secreto que en la región siguen operando grupos del hampa y que los crímenes siguen ocurriendo. Además, tampoco es un secreto ni “novedad” (como lo dijo el propio alcalde Riquelme) que con todo y operativos, reuniones de evaluación y patrullajes intensivos el robo violento no ha podido ser abatido. Parece que a don Roberto le hace falta salirse un poco de los círculos del poder estatal y regional para darse una vuelta por la sociedad civil y así tener la película completa. Los sabedores de la cosa pública dicen que aunque la estadística es importante, también lo son las acciones para evitar que en La Laguna se vuelva a padecer el caos de seguridad que se vivió cuando la comarca era un auténtico campo de batalla. O ¿podrían asegurar ahora las autoridades que esta aparente “pax romana” que tanto se pregona será duradera?
