En serios aprietos se encuentra el ave de mil tempestades de la pasada administración municipal, el extesorero Pablo Chávez Rossique, mejor conocido como el “Rey de la Licuadora”, porque todos los recursos los metía a una gran bolsa y hacía singular mescolanza para pagar allí, allá y acullá (bueno, eso de pagar es un decir, porque ahí está el enorme pasivo heredado). Nuestros subagentes disfrazados de mallete nos informan que don Pablo aparece en una lista negra de tres exfuncionarios municipales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en capilla por retrasar el acatamiento de sentencias judiciales. Según los reportes de los subagentes de la capirucha del esmog, el tema se relaciona con las decenas de amparos que Chávez se pasó por el arco del triunfo y en los cuales los ciudadanos reclamaban la devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) que en aquel tiempo, de 2011 a 2013, estuvo jurídicamente en el limbo por su improcedencia para cobrarlo ya que la Secretaría de Finanzas del Estado había olvidado firmar el Código Financiero.
“El Catrín”, como también se le conoce al extesorero, sencillamente no hizo caso hasta que se le vinieron las demandas como en cascada y las perdió todas (qué raro). Sobre este caso hay dos asuntos a considerar: uno es que se desconoce de qué manera procederá la Tremenda Corte si el señor es ahora exfuncionario y ya no procede su destitución por lo que posiblemente este caso quede en absoluta impunidad. El otro es que al erario le ha costado hasta ahora más de 20 millones de pesos esta “pequeña” omisión y se espera que sean más porque hay varios amparos por diferentes cantidades pendientes de resolverse. Así que, probablemente todavía sigamos escuchando hablar de Pablo Chávez durante un buen rato más. ¡Qué tenacidad, qué persistencia!
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Y ya que hablamos de las arcas públicas municipales y sus celosos guardianes, en radio pasillo del gran Cocedor Municipal se escuchan cada vez más fuertes los cuchicheos de que Enrique Mota Barragán va que vuela para ser una segunda parte de Pablo Chávez Rossique, pero repotenciada, aunque, como dijo Cervantes, nunca segundas partes fueron buenas. Y si ya de por sí la primera no lo fue, pues imagínese como estará la segunda. El funcionario, sentado en la silla del zar de los dineros del municipio, se la pasa haciendo cuentas alegres del estado financiero del ayuntamiento que, jura y perjura, va por buen camino. No obstante, las promesas de bajar la nómina a niveles, digamos, razonables o decentes y de hacerla más transparente que el aire de esta ciudad -lo cual no sería muy difícil-, no se han cumplido. Y el alcalde Miguel Riquelme hasta acaba de anunciar que el gasto de servicios personales seguirá subiendo por la contratación de los nuevos Supermatutes del GATE, para que nadie se espante. Además, don Enrique no ha logrado explicar de manera convincente dos o tres enjuagues en donde el ayuntamiento parece estar pagando de más, como en el caso de la concesión de alumbrado público y el arrendamiento de vehículos. Con todo esto, los bien enterados se cuestionan si la agresiva política recaudatoria, que haría sonrojar al mismísimo Antonio López de Santa Anna, en la que se cobra por todo y hasta se quiere embargar las casas abandonadas del Infonavit para recuperar el Impuesto Predial, no es un esfuerzo desesperado por allegarse recursos y pagar el pasivo que gradualmente va “engordando” Mota, a sabiendas que nadie le reclama lo que hace y deshace con los recursos públicos.
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Todo apunta a que ya salió el peine en el asunto de los constantes reclamos de algunos miembros del sector restaurantero por el incremento de los asaltos en este tipo de establecimientos. Desde el año pasado, la voz de los directivos de la Canirac se alzó fuerte para exigir al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón apoyo para comprar equipos de seguridad que les ayudaran a proteger sus negocios, pues desde finales del año pasado y todavía a mediados de éste han sido constante blanco de asaltos a mano armada con susto e insulto incluidos. Nuestros subagentes disfrazados de servilletas y manteles nos informan que este reclamo tiene un trasfondo económico, ya que la intención de colocar “botones de pánico” en los restaurantes con el fin de dizque evitar asaltos o por lo menos lograr ayuda rápida de la policía, es sólo el pretexto para vender un software que cuesta ocho millones de pesillos y que con la compra algunos podrían llevarse una comisioncita por comercializarlo. Los bien enterados dicen que es un secreto a voces el proyecto de hacer este negocio y por esa causa, ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento les han abierto la puerta al grupito que lo promueve. Supuestamente por eso el presidente del Consejo de Seguridad, Juan Adolfo von Betrab, y casi vocero oficial de la autoridad, hizo un señalamiento intencionado para que los restauranteros mejor le inviertan en vez de esperar dinero público. ¿Será?
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A propósito de Von Bertrab, conocido también como “Hansi”, los subagentes disfrazados de smartphones último modelo nos reportan del “agarrón” que se dio el jefazo del Consejo de Seguridad con integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada en la más reciente sesión. Resulta que cuando Juan Adolfo tomó la palabra para opinar de los asuntos que se estaban abordando, Agustín Arellano, presidente del CLIP, le dijo que no podía participar en la discusión porque estaba en la sesión en calidad de invitado y no de miembro asociado, comentario que algunos de los asistentes respaldaron. Pero Von Bertrab no se quedó callado y comenzó a cuestionar a varios de los presentes, incluido el propio Arellano, sobre su representatividad empresarial ya que varios de los integrantes que se dicen empresarios, pues... no tienen empresa. Los aludidos nomás se quedaron viéndose unos a otros desconcertados y sólo alguno se atrevió a decir: “por eso, usted es invitado”. Al terminar, comentan, el presidente del Consejo de Seguridad juró y perjuró que no volvería a asistir a una sesión del CLIP. Así las cosas.
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Tal parece que, por fin, se le recargaron las pilas al jefazo de la Policía Municipal de Torreón, Adelaido Flores, para realmente poner a sus muchachos a patrullar la ciudad como es su obligación. Luego del cariñito que recibió tanto del gobernador Rubén Moreira como del alcalde Miguel Riquelme con la entrega de patrullas nuevas, lograron en una peliculesca persecución la detención de dos presuntos “pájaros de cuenta’’ que momentos antes habían robado con violencia un vehículo y que, supuestamente, tienen largo historial delictivo. De esta manera, el teniente estrenó muy contento sus nuevos juguetes -disculpe, vehículos- y de paso trató de demostrarles a los recién llegados “Gates”, que no están bajo su mando, que aunque ellos traen la encomienda de atender los delitos de alto impacto, él todavía tiene con qué. A ver si en este despertar también le jala las orejas a sus gendarmes para que dejen de andar haciendo travesuras.
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La grilla también está fuerte al otro lado del seco Padre Nazas, en donde ya se empiezan a mover con mayor celeridad y claridad las piezas en el tablero de ajedrez de la polaca regional. Cuentan que la senadora Leticia Herrera, suspirante por la gubernatura de Durango, además de las constantes entregas de apoyos clientelares -perdón, sociales- a pobladores de Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí, tiene una estrategia para ganarse a la gente del campo, sobre todo a los pequeños productores y a quienes dependen de ellos. La empresa de la que su familia es propietaria está anunciando de manera reiterada la compra de leche a productores de traspatio, quienes siempre se quejan de que no tienen a quien venderla, con lo que la familia Herrera aparecería como gran benefactora de este grupo y así fortalecer las bases para la posible candidatura de doña Leticia. Tampoco es casualidad que el exdiputado Sergio Uribe, fiel alfil de los Herrera, sea ahora delegado del PRI en Coahuila por allá por San Pedro, dicen que para que “no se aburra” mientras.
