I. Luego del bombazo que significó el anuncio de la caída de La Laguna en el Índice de Competitividad Urbana del IMCO -que ya habían adelantado nuestros avezados subagentes-, los retoques y maquillajes de las autoridades no se hicieron esperar. El primer argumento usado por la administración y en particular por el zar de la Planeación y Competitividad, el excrítico Eduardo Holguín, fue que los datos en los que se basa el estudio son de 2012. ¡Ooole! Pero mientras el matador celebra su pase ante un público más bien aburrido y escéptico, el toro lo embiste por detrás con un hecho irrefutable: la faena para levantar a la ciudad y a la región en materia de competitividad no inició el primero de enero de 2014, como quieren hacer creer, sino tres años atrás, en 2011.
En esas épocas de las que ahora ya nadie quiere acordarse, se instaló el Instituto de Competitividad, promovido por el exalcalde Eduardo Olmos, que nadie sabe en qué quedó y cuál fue la labor que desempeñó. Y adivine quién fue el ungido para presidir dicho instituto… pues nada más y nada menos que el mismísimo Holguín, cuando todavía lanzaba dardos envenenados a las autoridades que no le hacían caso. Por lo visto de nada sirvió ese instituto primigenio y ahora Torreón y su zona metropolitana están en una posición menos afortunada, por decir lo menos. Y con todo y el fracaso de ese primer organismo -que algunos juran y perjuran que la culpa toda la tuvo Olmos, aunque nadie lo vaya a llamar a cuentas por éste y otros varios asuntos pendientes-, el alcalde Miguel Riquelme no tuvo empacho de volver a colocar a don Eduardo en el nuevo Implan. Por lo visto, eso de reciclar a los funcionarios se está haciendo costumbre.
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II. Dicen las malas lenguas que hay un grave desconcierto entre los empleados de la administración municipal por el aviso de la reducción de su sueldo en un 12 por ciento. Los bien enterados aseguran que esta rebaja se dio sin previo aviso y más que a una política de austeridad responde a una estrategia de ajuste y balance con otras motivaciones. Algunas versiones indican que se trata de un intento desesperado por evitar que los números de la nómina se inflen debido a la colocación de más gente a la que se le prometieron huesos y no le habían cumplido. Otras, más emponzoñadas, hablan del inicio del llenado del cochinito, de cara a la próxima elección federal en 2015. De cualquier forma, a esta reducción hay que sumar el 5 por ciento que se les quita a los trabajadores municipales de la cuota obligatoriamente voluntaria que va a parar a las arcas del Partido Revolucionario Institucional. Así que mientras el sufrido pueblo se soba el lomo para pagar sus contribuciones al ayuntamiento -no vaya a ser que le embarguen sus bienes-, otros gozan la vida gracias a los enjuagues que se hacen con la nómina.
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III. Y ya que hablamos de dinero, nuestros subagentes vestidos de lienzos y pinceles nos reportan que la zarina de Cultura, Ruth Idalia Ysáis, se las está viendo negras ante los crecientes reclamos de los cultureros. Pero no crea que se trata de las ya típicas, comunes y sempiternas quejas de proyectos y programas. A éstas se ha sumado una motivada por la otra zarina, Lucrecia Martínez, quien recientemente dijo a los demandantes de apoyos culturales que tenían que transparentar todos los recursos que recibieran y entregar facturas y comprobantes de cada peso que se les dé. La respuesta de los hipersensibles artistas y promotores no se hizo esperar y dijeron que así como se les exige a ellos transparencia, la administración municipal debe predicar con el ejemplo y obligar al Instituto Municipal de Cultura y Educación que aclare en qué se fue la mayor parte del presupuesto prácticamente agotado a estas alturas. Porque uno de los argumentos que ha utilizado hasta el propio alcalde para sacarle la vuelta a compromisos con algunas instituciones culturales es que no hay dinero y que, incluso, comentan los maldicientes que este habría sido uno de los motivos de la salida de la maestra Renata Chapa. Pero frente a los reclamos, doña Ruth Idalia hasta ahora ha hecho oídos sordos y ha topado por voltear a otro lado, aunque debería de mirar hacia el lugar de doña Quecha para decirle que mejor no le ayude, porque la mete más en problemas. Ya de por sí la directora del IMCE se enfrenta a la bronca de cómo justificar que su hijo Arturo García Ysáis siga apareciendo en la nómina como coordinador en el instituto sin que esto parezca nepotismo, lo cual se antoja harto difícil.
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IV. Comentan los amantes del cuchicheo que al gobierno de Rubén Moreira de plano le ha faltado tino en la designación de funcionarios públicos en las dependencias que lo representan en la Perla de La Laguna y hasta algún agorero del desastre arguye que también siempre que se designa a un lagunero en Saltillo a La Laguna le va peor. Incluso dicen maliciosamente que bien podría desaparecer esos puestos y no pasaría nada malo, al contrario, se ahorraría varios sueldos y gastos de oficina. Y lo anterior lo dicen sobre todo por el caso de la recaudadora de rentas en Torreón, Alicia López de la Torre, que parece ser la "aviadora" principal en esa oficina donde, cuentan los subagentes disfrazados de placas vencidas, se comete todo tipo de artificios en perjuicio de los atribulados contribuyentes y bajo la complacencia del administrador Fiscal General del Estado, Roberto Díaz. Otro caso es el de Manlio Gómez Uranga, quien de la oficina estatal del Catastro en esta ciudad, donde vegetó por varios años, pasó ahora a ser el representante del gobierno del Estado para La Laguna, sea lo que sea que esto signifique. Lo cierto es que a la fecha se desconoce qué hace, en qué casos interviene o si corre la misma suerte que las instalaciones de lo que fue el Edificio Coahuila, que ahora son un "elefante blanco''. Pero de lo que sí están seguros los subagentes es de que cobra, cobra.
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V. Mientras los empresarios de los hidrocarburos y algunos funcionarios se frotan ya las manos por el anuncio del Proyecto Galaxia -que según los promotores llevará a Coahuila a los confines del cosmos en desarrollo económico-, los ambientalistas y organismos críticos del progreso a costa de la ecología siguen a la espera de los estudios del impacto que traerá la presumida bonanza del petróleo y el gas. Son varias las ocasiones en las que la secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales, se ha salido por la tangente cuando se le cuestiona el resultado de dichos estudios. En la ocasión más reciente declaró que cuando haya un proyecto seguro y firme de extracción de gas de lutitas por el bello método de la fractura hidráulica, prohibido en algunos países del Viejo Continente y en varios estados de la nación del Tío Sam. Los aficionados al cuchicheo comentan que los resultados de esos estudios están como los anunciados para los restos humanos encontrados en el municipio de Allende, que a meses del hallazgo se ignora en qué quedó ese tétrico asunto. Pero quien de plano se brincó todo estudio y análisis fue el principal promotor del proyecto, el exgobernador y exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor, quien declaró que todo eso del daño ambiental por el mentado "fracking" son puros cuentos y que háganle como quieran, pero la explotación del gas y el petróleo se va hacer en Coahuila. Lo que tampoco han aclarado -y como dijo don Teofilito, ni aclararán- es quiénes serán los principales beneficiados con todo este mitote. Dicen los que saben que ese secreto está en las asociaciones empresariales y los subcontratos.
