Los vuelos del alcalde Torreón, Miguel Riquelme, con miras a alcanzar la candidatura tricolor a la gubernatura de Coahuila parecen ya no ser tan altos. Nuestros subagentes disfrazados de tazas de café nos informan de secretas reuniones que se han llevado a cabo en la capirucha del esmog, en las oficinas del pastor del rebaño priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, conocido como “El Padrino”, con el objetivo de impulsar candidaturas alternas a la del alfil moreirista. Y es que, como se sabe, dentro del PRI no todos están de acuerdo con que el mandamás de la provincia lleve la mano en la designación de quien pudiera ser su sucesor. Las versiones que corren es que un grupo encabezado por el exgober y secretario de Agricultura, Enrique Martínez, anda moviendo las aguas para empujar la precandidatura del sampetrino Javier Guerrero, actual subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Sedesol que dirige la polémica experredista Rosario Robles.
Don Javier ha trabajado en la administración estatal para los dos grupos tricolores antagónicos, primero como secretario de Finanzas en el gobierno de Martínez y luego como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Rubén Moreira. A decir de sus patrocinadores políticos, esta situación le concede una ventaja ya que tiene vínculos con un amplio espectro de priismo estatal además de que su cargo le da la posibilidad de proyectarse en todo el estado. Comentan también que Guerrero ya anda trabajando en construir su red clientelar -perdón, base social- y para ello, por ejemplo, ha empezado a colocar a su gente en las filas de la delegación de programas clave como Oportunidades, ahora Prospera, con el fin de acercarse a la clientela y poder conseguir ahora sí su sueño, frustrado en 2005, de ir por la silla grande del Palacio Rosa. Los agudos espectadores de la cosa pública estatal auguran un auténtico choque de trenes entre don Javier y don Miguel, quien suspira fuertemente por ser gobernador, aunque los recelos del grupo martinista, relegado de la política coahuilense durante el moreirato, los problemas que han comenzado a resurgir -si es que alguna vez disminuyeron- en Torreón y el recuerdo vigente de la megadeuda, le ponen varias piedras en el camino. Dicen que, incluso, el secretario de Agricultura ha convencido a su hijo, Enrique Martínez Morales, para que se conforme por lo pronto con la negada diputación federal y comience a trabajar para su posible candidatura a la gubernatura en la década siguiente. Aunque para esto todavía falta mucho tiempo. Habrá qué ver.
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Quien cree tener ya un pie en San Lázaro es Armando Luna, secretario de Gobierno de Coahuila. Varias voces han comentado que está buscando instalarse en la capital de la República Azteca y que ya se asoma la “cargada” para impulsarlo hacia una hamaca con bono en el Congreso de la Unión. El hecho más evidente fue la reciente reunión del Consejo Político Municipal del PRI en Saltillo para nombrar a Manolo Jiménez como dirigente tricolor en la urbe de adobe, en donde le llovieron loas y aplausos de los asistentes y hasta el propio jefazo estatal del partido, David Aguillón, presumió los “logros” de Luna en materia de seguridad -aunque se sigan presentando hechos violentos en regiones como La Laguna, pero claro que esto no lo mencionaron-. Por cierto, algunos enterados comentan que, ante la creciente oposición hacia el grupo moreirista dentro del PRI y de su suspirante Riquelme, don Armando pudiera ser el bateador emergente del equipo en la candidatura. No obstante, dicen por ahí que el secretario de Gobierno primero tendría que salir de la burbuja en la que se mueve y trabajar en eso de las formas con la gente, cosa que no se le da mucho que digamos, para entrarle a una labor de campaña en distrito, aunque se rumora que él prefiere ir a lo seguro por una pluri. ¿Será?
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Harto misteriosa fue la reunión que se llevó a cabo en el Congreso local entre el secretario de Finanzas, Ismael Ramos, y diputados de distintos partidos para revisar el asunto del crédito que el gobierno provincial va a solicitar para pagar los adeudos que tienen con contratistas y proveedores desde la pasada administración. Y decimos misteriosa porque curiosamente en esta ocasión no se permitió el acceso a la prensa bajo el “contundente” argumento de que “la orden es que no se deje entrar a nadie”. Se sabe que, de acuerdo con el reglamento del Congreso local, sólo las reuniones en las que se abordan temas de seguridad son a puerta cerrada, por lo que en este caso no se explica tanto secretismo, sobre todo ahora que el gobierno de Rubén Moreira trae en boga todo lo que tiene que ver con la transparencia. No obstante, se logró conocer -¡por fin!- el monto real del adeudo, que fue más que lo que originalmente había informado don Lito, y que el préstamo a solicitar no alcanzará para cubrir el total de lo que los acreedores le fiaron al gobierno. Así las cosas, de pronto los coahuilenses se dan cuenta que casi por arte de magia sigue apareciendo más deuda, con lo que esta historia parece ya una pesadilla interminable sacada de cualquier thriller barato de Hollywood. A ver si no salen luego con otra misteriosa reunión en la que resulte que hay más adeudos que estaban escondidos y que “ahí disculpen” las molestias que las fallas en los cálculos les ocasionan.
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En donde han optado por mirar hacia otro lado y silbar distraídamente en el asunto de los autos “chuecos” es en el gobierno y el congreso de Durango, que para el caso son lo mismo. Y es que con todo y la coordinación que se presume en temas como seguridad, el gober Jorge Herrera no quiere entrarle a los operativos para meter en cintura a las decenas de miles de vehículos que circulan con placas “patito”. Ya hasta el mandamás coahuilense tuvo que lanzar un llamado para que del otro lado del Nazas se ajusten las normas y se apliquen filtros como se ha hecho de este lado, aunque no con mucha claridad y equidad. Pero todo indica a que don Jorge no está dispuesto a sacrificar el capital político electoral que implica tener contentas a las organizaciones “defensoras del patrimonio familiar” (de los líderes) que ya amenazaron con no votar a favor del partido que siempre los ha solapado y que ahora en Coahuila quiere quitarles el “sustento”. Pero lo cierto es que no se puede esperar mucho de las autoridades de La Laguna de Durango, toda vez que los municipios de Gómez Palacio y Lerdo ni policía tienen. Así que solicitarles que actúen contra los “chuecos” es como pedirle al Diablo que le bese la mano al Papa.
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El truculento asunto de las cuotas que descuenta la Tesorería Municipal de Torreón sigue dando de qué hablar. Y no sólo porque los panistas se animaron a seguir con el tema presentando una solicitud de transparencia -y no la denuncia que habían anunciado-, sino también porque está circulando por la red el reglamento del sistema nacional de cuotas del tricolor que establece en uno de sus artículos (el 24, para ser precisos) que las aportaciones de los militantes debe hacerse directamente en las oficinas de los comités nacional, estatales, municipales o distritales, y no a través de la nómina como lo hacen los ayuntamientos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Al respecto, los maliciosos comentan que si los priistas no cumplen con los reglamentos del partido, pues mucho menos lo van a hacer con las leyes federales, estatales o municipales bajo las que se ha puesto en duda la legalidad de los descuentos.
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Tremendo susto se han llevado varios parroquianos con los operativos de revisión de bares y cantinas de Torreón que realizan las autoridades desde el fin de semana pasado. Y es que comentan que el despliegue fue tan aparatoso en los antros de alrededor de la Plaza Mayor, que más de uno de los asistentes se vio tentado a meterse debajo de la mesa por pensar que se iba a desatar la pelotera. Y no es que esté mal que las autoridades realicen estos operativos de inspección para ver si los centros nocturnos de sano esparcimiento están en regla, sino que la forma en la que los llevan a cabo se antoja excesiva y espanta a los parroquianos. En los famosos operativos participan agentes de todos los colores y sabores y hasta elementos de Ejército, lo cual ha llevado a algunos a cuestionarse ¿para qué tanto aspaviento si sólo van a revisar cuestiones de protección civil y licencias de alcoholes? ¿Qué no son suficientes para ello los muchachos del teniente Adelaido Flores y los inspectores municipales y estatales? ¿Será acaso que necesitan quién los vigile a ellos para evitar las travesuras? Pero lo que más llamó la atención es que mientras el tremendo contingente de las fuerzas del orden visitaba los antros del sector poniente para clausurarlos, en el oriente los malosos aprovecharon para atacar un restaurante de mariscos, matar a dos personas en un bar y asaltar un banco, todo en una misma tarde. Esta situación pone una vez más en duda la capacidad logística de las corporaciones y el discurso tan de moda de que los hechos violentos recientes “no afectan a la sociedad”. Vaya cosas que se ven por estos lares.