Uno de los porristas más activos a favor de la reelección del polémico Raúl Plascencia como jefazo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, nada más y nada menos, que el gobernador coahuilense Rubén Moreira, quien también hace las veces de coordinador de la asociación de virreyes -perdón, Conago- en la materia. Como es bien sabido, el gober ha puesto uno de los acentos de su administración en el tema de los derechos humanos (ante la falta de dinero para hacer obras, debido a la abultada megadeuda de su hermano el Profe). Y para ello se ha valido de Plascencia como uno de sus principales aliados. No es fortuito que el primer acto de gobierno de don Rubén en Torreón fue precisamente la apertura de una oficina local de la CNDH. Y el cariño entre ambos funcionarios públicos ha quedado de manifiesto en numerosos actos públicos en los cuales no tienen empacho en manifestarse cualquier cantidad de elogios.
Pero una de las principales críticas que se le ha hecho al ombudsman suspirante a reelegirse es precisamente su cercanía y complacencia con el poder y la vista gorda que ha tenido la CNDH desde el sexenio del panista Felipe Calderón a la hora de enfrentar en tenebroso caso de las desapariciones. Este tema es harto sensible en estos momentos por el asunto de Ayotzinapa, pero también en Coahuila hay una historia espeluznante al respecto, con fosas clandestinas, restos no identificados, masacres encubiertas, investigaciones "fantasma", en fin un bonito cuadro para un thriller terrorífico muy ad hoc para esta temporada de Halloween. Y a manera de confirmación de las dudas que había desde 2009, cuando asumió la honorable investidura gracias a los votos de tirios y troyanos -o sea, panistas y priistas-, sobre su actuación en este punto de las desapariciones, ha sido uno de los tantos pies de los que ha cojeado su gestión. Porque cabe recordar que Plascencia fue visitador en los tiempos de José Luis Soberanes, quien también dejó mucho a desear en el tema. Tal parece que el continuismo incluyó la debilidad con que se ha abordado el caso de los desaparecidos, lo cual agradecen por igual calderonistas, como el diputado Guillermo Anaya, fiel cuidador de las espaldas de su compadre desde la comisión de Seguridad Pública, y gobernadores priistas, como el propio Rubén Moreira, a cuyo gobierno se le ha hecho bolas el engrudo con los restos hallados en el norte de la entidad por la masacre de Allende. Comentan los mal pensados que por eso los excontrincantes por la silla del Palacio Rosa ahora ponen juntos changuitos porque don Raúl siga sentado en su cómoda silla de ombudsman.
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La duda y la incertidumbre han empezado a envolver lo que el discurso oficial -ese bello subgénero de la literatura fantástica- ponderó como el máximo logro de esa abstracción llamada coordinación metropolitana, a saber, el reglamento de movilidad urbana. Y es que a unos cuantos días de que entre en vigor la norma, no hay claridad aún entre los ciudadanos sobre algunas de las nuevas disposiciones que, lejos del objetivo de poner orden en las caóticas calles metropolitanas, podrían prestarse para que los agentes hagan más travesuras o, en el mejor de los casos, para que los municipios ingresen más recursos a sus agujereadas arcas. Pero lo que más ha despertado escepticismo y asombro son las declaraciones vertidas por funcionarios municipales de ambos lados del río Nazas. En Gómez Palacio, los regidores no se ponen de acuerdo si el reglamento entrará en vigor el primer día de noviembre, como se dijo, ya que están entrampados en la discusión de si es necesario que primero se publique en el Periódico Oficial del Estado debido a que se trata de una norma que excede los límites municipales. Para ello, según regidores gomezpalatinos, tendría que ser aprobada por el Congreso local, en donde los diputados no se mueven si no reciben la orden del primer legislador -perdón, gobernador Jorge Herrera. Por si fuera poco, el jefazo de Vialidad, Ricardo Hamdan Huereca, pidió que por favor se reconsidere la fecha de arranque de la aplicación del reglamento ya que la ciudadanía no está todavía al tanto de las medidas a aplicar. Pero dicen los maliciosos que tal vez lo que quiso decir don Ricardo es que su gente aún no está lista, incluso él mismo, a la luz de la confesión que hizo sobre su poca destreza en los asuntos de vialidad. Por lo pronto, en La Laguna de Durango ya dijeron que de cualquier manera ellos ya van a empezar. Ahora sí que como dicen por estos lares, a ver qué pasa.
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Dicen los maliciosos que las reuniones semanales de evaluación de los índices delictivos de la Perla de La Laguna, y que son presididas domingo a domingo por el alcalde Miguel Riquelme, se asemejan cada vez más a una lista de buenos deseos. Nuestros subagentes vestidos de tazas de café de olla que se les reparte a los mandos medios para que se espabilen, nos informan que mientras que el alcalde sale a declarar sólo "cifras alegres", los asaltos a negocios en plena zona centro están a la orden del día. Y tal parece que don Miguel ya no se acuerda del dinerillo invertido en la integración de la Policía del Centro Histórico que, con todo y sus supervehículos monoplaza -que sólo sirven para que se paseen los agentes-, no ha dado los resultados esperados pues es precisamente en el primer cuadro de la ciudad donde más se registran asaltos, aunque los cuerpos de seguridad ni se enteren pues los afectados no le ven el caso a denunciar los atracos. Y las cifras de robos de autos con violencia son algo tan cotidiano que sólo sirven para adornar la estadística, en vez de utilizarlos para aplicar operativos de vigilancia a lo largo de, por ejemplo, la autopista a San Pedro y la zona comercial del bulevar Independencia para inhibir el despojo de autos que van a parar al vecino municipio de Gómez Palacio que, a falta de policía municipal, es como una tierra sin ley. El asunto es que no se sabe cuál es la nueva excusa para no frenar a los malandros, ahora que ya se les acabó el pretexto de la distracción que tenía la Policía Municipal por enfrentar al narco -porque "ahora sí", dicen, hay apoyo de la Federación- así como el de las patrullas desvencijadas. Y por lo visto todos menos los agentes se percatan de que los hampones siguen haciendo de las suyas. Pobre Torreón.
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Quienes parecen estar metidos en la fábula de Pedro y el Lobo son los empresarios de Canacintra y su líder Eugenio Treviño con eso de su supuesta indignación ante la Ley de Desaparecidos de Coahuila. Pues resulta que los canacintros anduvieron cacareando que promoverían un juicio de amparo en contra de la norma promovida por el gobierno estatal, pero esto nunca sucedió ya que estuvieron más ocupados en quejarse ante los medios y publicitarse como "defensores del empresariado" que en iniciar el litigio. El resultado fue que el plazo para presentar ese juicio expiró desde hace meses, o sea, como quien dice, se les fue el tren y ni cuenta se dieron, y en caso de que en verdad quieran ampararse, ahora lo tendrán que hacer cuando se presente el primer caso. Pero la cosa no queda ahí. Ahora los industriales y otros miembros de cámaras empresariales están anunciando que promoverán un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado contra la Ley de marras, y para ello han sostenido incontables reuniones para "analizar la estrategia jurídica" a la vez que también han aprovechado la ocasión para dar numerosas entrevistas en las que expresan su "indignación" y de paso sonríen a las cámaras. Mientras tanto el tiempo transcurre y los ipecos siguen sin dar el paso decisivo. Ante esta situación, dos coahuilenses (uno de La Laguna y otro de Saltillo) se hartaron de esperar y mejor optaron por iniciar, muy lejos de los reflectores, un juicio en contra del gobierno del estado. Todo esto, estimado lector, no hace más que avivar las especies entre los sospechosistas de que el endeudamiento contraído por el gobierno del estado para pagarle a las constructoras y a los proveedores hizo que las cámaras reconsideraran su postura con respecto a la Ley de Desaparecidos y de paso reavivara el amor apache que existe entre las autoridades y el empresariado. ¿Será?
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Y en más temas de la grilla empresarial, dicen nuestros subagentes que los que todavía no se reponen del "cortón" abierto que les dieron durante la reciente visita del preciso Enrique Peña Nieto, son los "todólogos" del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Y es que mientras se giraron invitaciones a "nuevos perfiles", como el representante de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y hasta a "la primera vecina de Torreón", Lorena Medina Bocanegra -pieza clave del eje Medina-Hernández Velez en la UT, la UAdeC, el Consejo de Transparencia, más lo que se agregue-, quienes ocuparon los lugares principales a un lado del gran tlatoani, el jefazo del CLIP, Agustín Arellano Saucedo, brilló por su ausencia. En su lugar, dicen, el Estado Mayor optó por invitar a Ernesto Llamas Sotomayor, expresidente de los ipecos laguneros. Los bien enterados comentan que poco a poco la figura del arquitecto Arellano se ha ido desgastando ya que se ha peleado con medio mundo y que, incluso, a dos o tres críticos acérrimos de su desempeño les ha pedido amablemente que mejor se retiren del Consejo por ser personas non gratas.
