Los integrantes del jurásico grupo de exalcaldes, mismos que insisten en hacerse pasar por una “asociación civil” y no por un sector de su partido, tuvieron ayer la ocurrencia de regalarle a los aficionados del acontecer político una anécdota surrealista que seguro sería la envidia del mismísimo André Breton. Pues resulta que este “sindicato” de exfuncionarios tricolores, junto con algún empresario norteado, tuvo la idea de invitar a la presidenta del ICAI, Teresa Guajardo, para que les informara sobre el trabajo que realiza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, así como respecto a la reciente reforma en la materia de tanto orgullo para el gobernador y con la que piensa barrerse la mala imagen que le dejó la megadeuda de su hermano.
Pues la cosa de plano se puso muy chistosa cuando los exalcaldes expresaron, al más puro estilo de López Portillo, que “ellos defenderían la transparencia y la rendición de cuentas como un perro” y que “asistirían al gobernador Moreira y al alcalde Riquelme en su esfuerzo por transparentar el manejo de las finanzas públicas”. Expresiones que casi hacen que nuestros subagentes disfrazados de bastones fueran descubiertos ya que tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano por contener la risa. Pero, cosa curiosa y contrario a lo que se pudiera esperar, el aplauso a doña Teresa no fue estruendoso. Pero no vaya usted a pensar bien y atribuir este acto de moderación a un arrepentimiento o repentino brote de conciencia, sino a que, dicen las lenguas viperinas, muchos de los integrantes de esa “asociación” aún tienen las manos inflamadas de tanto que le han aplaudido a Miguel Riquelme. Y no faltó entre los asistentes quienes entregaran su currículum a la zarina de la transparencia estatal para ver si los consideran como “consejeros ciudadanos” del ICAI y de paso les “reaviven” sus carreras políticas, o sea, casi casi sacarlos del panteón de los “héroes”. Pero no fue todo. Quien estuvo en dicha reunión acompañando muy campante a doña Tere fue ni más ni menos que José Manuel Jiménez Meléndez, feliz consejero del ICAI, herencia viva de la administración de Humberto Moreira y becario del presupuesto público. Pues resulta que antes de haber sido consejero del ICAI, el conocimiento de don Manuel en materia de transparencia era nulo, pero gracias a su cercanía con Carlos Delgado, quien en esos tiempos tenía una buena relación con el Profe bailador -que bailó al estado-, decidió nombrarlo consejero y premiar “sus dotes” empresariales y políticas con una generosa beca de capacitación y con un jugoso goce sueldo en temas de transparencia a cuenta de los coahuilenses. ¡Qué tal!
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La polémica por el nuevo reglamento de movilidad urbana no termina. Uno de los puntos que más ha despertado extrañeza entre el respetable, además de la falta de agentes capacitados y de infraestructura vial para que se respeten los nuevos lineamientos, es el que concierne a las multas por conducir con aliento alcohólico. Y es que no pocos han visto en esta medida una puerta de entrada para que los elementos de tránsito hagan su agosto con (más) travesuras, tal y como nos han reportado nuestros subagentes disfrazados de matutes. Sucede que, contrario a lo que dice el alcalde Miguel Riquelme, esta decisión de multar a quienes cometan la osadía de acompañar sus alimentos con una o dos cervezas ya ha generado algunos dividendos a los gendarmes de vialidad, quienes asustan a los incautos con llevarlos a la ergástula municipal en donde les cobrarían hasta 1,275 pesillos y, pues, para evitar la molestia mejor piden a los conductores que se “reporten” con ellos mismos. Ya hasta los ipecos levantaron la voz (cosa curiosa) por estos presuntos abusos y pidieron al munícipe que “amarre” las manos a su gente y que frene la cacería recaudatoria (propia y para las arcas). A lo que don Miguel respondió, casi con el puño cerrado en la mesa, que no hay marcha atrás ya que sólo se “asustan los que son asiduos clientes de las infracciones”. Se le olvidó mencionar a los asiduos clientes de las travesuras de los agentes. O ¿acaso ésos no cuentan?
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Quienes no cantan mal las rancheras en eso de las travesuras son los superpolícias del GATE, conocido como la anónima marea negra del estado, quienes han ido acumulando quejas por varias sutilezas que han cometido. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de tenderos que recientemente se registró un caso de robo violento de vehículo en una colonia residencial de Torreón en donde la persona afectada tuvo la valentía de fotografiar al malandrín y presentarla ante el Ministerio Público. Pero resulta que el susodicho es un “gate” que el día del crimen andaba franco, vestido de civil, al parecer consiguiendo “un extra” de su sueldo. El asunto es que, según nos informan, la afectada fue persuadida a presentar su denuncia contra quien resulte responsable para no afectar al agente. Este caso se suma a las protestas organizadas en Monclova contra las acciones de la marea negra a quienes varios ciudadanos acusan de llevar a cabo los clásicos “levantones” de personas que nada tienen que ver con hechos delictivos. ¡Zas! A todo esto ¿sabrán los encargados de la seguridad y la justicia de Coahuila lo que hacen sus gendarmes? ¿Lo sabrá el propio señor gobernador? Para saberlo, tal vez se tendría que hacer una petición de respuesta al lejano oriente.
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Los supuestos bonos del preciso Enrique Peña Nieto van, digamos, en declive. Y la causa de ello son 10 letras: Ayotzinapa, 43 desaparecidos y la incapacidad de su gobierno para encontrarlos. Incluso el caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, a donde acudió la semana pasada la subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, acompañada nada más y nada menos que por el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna, en calidad de secretario técnico de la comisión respectiva del consejo de virreyes -perdón, la Conago. Los subagentes disfrazados de Tío Sam nos reportan que a la delegación mexicana no le fue muy bien en su audiencia, la cual solicitaron para presentar el programa de Derechos Humanos del Estado mexicano elaborado en agosto, antes de que ocurriera el penoso asunto de los normalistas secuestrados por el hampa con el consentimiento de autoridades locales y la omisión de las estatales y federales. Y tremenda sorpresa fue la que se llevaron al llegar al edificio sede de la CIDH al ver que un grupo de aguerridos manifestantes se apostó a las afueras con pancartas para exigir que los normalistas sean encontrados con vida. Los cuestionamientos al respecto llovieron y a doña Lía no le quedó de otra que incluir en su presentación el caso, al igual que el de Tlatlaya, y prometer que el gobierno mexicano actuará “con toda diligencia” para “sancionar a quienes resulten responsables”. Mientras tanto, don Armando sudaba la gota gorda porque no fuera a ser que se les ocurriera a los integrantes de la comisión sacar el tema de la masacre de 300 personas en Allende, asunto que no ha sido resuelto luego de tres años al igual que la mayoría de los 1,600 desaparecidos registrados en Coahuila, y que misteriosamente no ha llamado la atención del gobierno federal. Lo cierto es que la administración de Peña Nieto no sale de una cuando ya está entrado a otra y para muestra el caso de los siete periodistas españoles que tuvieron que salir de Chiapas por pies, escoltados por policías y militares, ante la amenaza de secuestro cuando realizaban un reportaje sobre el “amable” trato que se le da en México a los inmigrantes centroamericanos. El hecho mereció dos artículos de uno de los periodistas afectados, Melchor Miralles, quien, como era de esperarse por el trago amargo pasado, no se expresó nada bien del Estado Azteca, del cual dijo que no es un Estado fallido, sino un Estado comatoso en donde los tres niveles de gobierno están entregados al crimen organizado. ¡Pum! A ver cómo salen de todo este embrollo el gran tlatoani y su gente.
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Por cierto, vaya espectáculo el que ha dado la llamada clase política nacional y estatal con el tema de Ayotzinapa. Luego de que se supo que la pareja imperial de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles, ya detenidos, ordenaron frenar a como diera lugar a los normalistas -orden que derivó en el asesinato de seis personas y la desaparición de 43-, panistas, priistas, perredistas y hasta morenistas iniciaron una batalla de lodo por ver quién tenía las manos más cochinas. Que si la foto de Abarca con AMLO, que si la imagen con EPN, que si el apoyo de los azules a la candidatura del Sol Azteca. Y el pleito tuvo ecos hasta en Coahuila, donde los jefazos estatales del PAN y del PRI, Bernardo González y David Aguillón, respectivamente, no desaprovecharon la oportunidad para lanzar improperios y demás “linduras” contra el equipo contrario. Lo que extraña a los agudos observadores de la cosa pública es que ninguno de los partidos que señalan con dedo sucio y flamígero parece darse cuenta que la situación de Guerrero es un engendro del sistema político mexicano, en donde un expriista, Ángel Aguirre, fue postulado por un partido de izquierda, PRD, y respaldado por el de la derecha, PAN, para llegar a la gubernatura que ya abandonó. Por si fuera poco, ahora estos partidos que se tiran hasta con la cubeta frente a una tragedia que le ha dado la vuelta al mundo son los mismos que llaman a crear un pacto para “acabar con la inseguridad y la corrupción” que campean en esta República de folletín. Bien dicen que hay quienes tienen poca vergüenza y quienes de plano no tienen.
