La pelea por la dirigencia del Partido Acción Nacional en Coahuila empieza a tomar color… y calor. Los púgiles han quedado definidos. En la esquina del continuismo está Bernardo González Morales, exbeneficiario (de años) de la nómina federal y hasta hace poco secretario general del partido azul en el estado. Don Bernardo ha sido uno de los más cercanos colaboradores del actual líder del panismo coahuilense, Carlos Orta, y forma parte del grupo del diputado federal Guillermo Anaya, quien se resiste a soltar las riendas del partido o de la nómina, lo mismo da. En la esquina del “cambio” está nada más y nada menos que el exalcalde de Torreón, José Ángel Pérez, quien regresa al ring político cual boxeador veterano en busca de un segundo aire.
La pelea está pactada para el dos de marzo y del resultado no sólo depende el rumbo tomará el extraviado PAN en Coahuila, sino también el reparto de candidaturas para luchar por las hamacas del Congreso local. Aunque don José Ángel seguro cree -como muchas otras cosas ha creído- que puede ganar la contienda, lo cierto es que las malas lenguas juran y perjuran que los dados están muy cargados para el lado de González. Ya varios comienzan a murmurar si este nuevo triunfo del anayismo no implicaría el inicio de una era de coexistencia pacífica entre el priismo y el panismo en Coahuila, a la luz de los indicios de coqueteo entre el grupo del diputado federal y exprimer compadre y la administración del jefazo de Torreón, Miguel Riquelme. Recientemente, don Memo declaró que le tendía la mano a don Miguel y que le gustaría tener mayor comunicación con él. Además, han comenzado a circular por las redes sociales fotografías de uno de los asesores del director del Instituto de Planeación y Competitividad Municipal, Eduardo Holguín, “excrítico” del poder y ahora cercano a Riquelme, y se trata nada más y nada menos que de Rodrigo González Morales, hermano del mismísimo Bernardo que busca ser el jefazo del PAN en Coahuila. ¿La coexistencia pacífica con el PRI será el camino que don Memo tiene trazado para su partido? ¿O nos falta todavía saber de los panistas que ganaron, por citar un ejemplo, en Saltillo?
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Y ya que hablamos de diputaciones locales, después de tanto argüende que se hizo en torno a la llevada y traída comisión de la deuda de la dependencia legislativa de Coahuila, todo parece indicar que dicho organismo va a quedar en un mero ejercicio de amague y simulación, tal y como es la usanza en estas tierras norteñas abandonadas de los dioses. Resulta que luego de que se pospuso la conformación de la mentada comisión porque así lo solicitó el pastor de los diputados locales, Eliseo Mendoza Berrueto, para poder preguntar a su patrón, el mismísimo jefazo Rubén Moreira, cuál había sido el sentido de su propuesta, el acuerdo del que emana el organismo carece de claridad en cuanto a sus alcances y objetivos. O sea que, con todo y haber solicitado a don Rubén que repitiera la orden, los legisladores todavía ignoran -entre muchas otras cosas- qué es lo que van a investigar de la deuda. Y es que son tantos lo agujeros que hay en ese tema -al igual que en las finanzas estatales- que no saben por dónde empezar. El asunto es que originalmente la idea era medir el impacto que tuvo la megadeuda del Profe Humberto Moreira en los programas sociales. No obstante, algunos diputados de oposición, como el panista Fernando Gutiérrez, alias “el Gutiz” solicitaron que se ampliara el panorama a investigar. Y es que, cabe mencionar, el análisis del impacto social ya lo hizo la Auditoría Superior del Estado en 2011, cuando dijo que para poco o nada habían servido los 35 mil millones de pesillos en mejorar la vida del sufrido y endeudado pueblo coahuilense. El chiste es que, ahora, los trece legisladores que conforman la comisión, la mayoría de ellos del PRI o partidos satélites del tricolor, se rascan la cabeza y se miran entre sí tratando de descifrar el enigma. Pero por ahí ya saltó la primera voz discordante, la del propio don Gutiz quien ya dijo -con mucha convicción, eso sí- que al primer asomo de simulación, va a dejar la comisión. Al respecto, los maldicientes opinan que el panista puede hacerlo ya y ahorrarse corajes, porque de esa institución legislativa no saldrá ni un ápice de pista sobre el destino de los 18 mil millones de pesillos que no aparecieron en las cuentas estatales de la pasada administración. Tal vez haya que llamar a Sherlock Holmes.
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Si de confusiones hablamos, también a nivel federal se cuecen bien las habas. Gran extrañeza ha causado entre el respetable público nacional que observa al filo de su butaca la telenovela trágico-cómica de Michoacán los mensajes encontrados, por no decir francamente contradictorios, que el gobierno del preciso Enrique Peña Nieto ha mandado. Primero, sus muchachos del gabinete de seguridad negaron la existencia de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, cuando estos aparecieron en escena el año pasado. Luego, frente a la necia realidad, el discurso cambió y al reconocer que -¡ups!- sí había autodefensas, la postura fue la de evidenciarlas como agrupaciones que operaban fuera de la ley y que, por lo tanto, habría que combatir. Cuando la cosa se puso realmente fea en suelo michoacano y el Gobierno (por llamarle de alguna manera) del Estado quedó completamente rebasado, las tropas de don Enrique iniciaron la ocupación y, en una movida que todos menos el gobernador Fausto Vallejo entendieron como la virtual desaparición de poderes de la entidad, se nombró a un comisionado plenipotenciario para que pusiera orden en el encierro. La Procuraduría de la República, siguiendo la línea marcada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció una investigación sobre el financiamiento de las autodefensas. El asunto es que, luego de varios días de estires y aflojes, el comisionado de Peña Nieto firma un acuerdo con los grupos civiles armados para incorporarlos a las guardias de defensa rural del Ejército o a las policías locales de Michoacán, las mismas que no pudieron hacer frente a la ola criminal que se apoderó de la entidad. Por si fuera poco, sin que haya resultados de la mentada investigación, el comisionado Alfredo Castillo ya dijo que el esquema se podría replicar en otras partes del país. Los malpensados, que nunca faltan en estos temas, ya se preguntan si toda esta confusión es el reconocimiento tácito de lo que en el sexenio del michoacano Felipe Calderón tantas veces se intentó resolver y jamás se pudo y que enfáticamente negó, a saber, que caminamos hacia un estado fallido. Habrá que ver.
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En temas de la grilla pueblerina, de todos es conocido el calvario que han pasado las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a llenar los vacíos que dejan los gobiernos en la atención a grupos vulnerables. Durante la administración anterior este asunto fue uno de los que más reclamos y problemas generó al ayuntamiento y al sistema municipal del Desarrollo Integral de la Familia. Recientemente se dio a conocer que una de esas asociaciones, que atiende a personas invidentes y con debilidad visual, está a punto de desaparecer por falta de apoyo. En respuesta, el flamante jefazo del DIF Torreón, Guillermo Covarrubias -por cierto, otro sobreviviente de la nómina- anunció que el próximo martes van a elaborar los “lineamientos” para el reparto de la lana entre asociaciones. Pero mientras eso sucede, investigaciones de nuestros subagentes disfrazados de fotocopiadoras empolvadas hacen surgir serias dudas sobre la solvencia económica del DIF. Y es que nos cuentan que en las oficinas centrales del sistema, ubicadas en el bulevar Revolución, no hay ni papel. Son los propios empleados los que tiene que llevar sus hojitas para sacar alguna copia o imprimir algún oficio. Si a esto le sumamos que don Guillermo no tiene fama de cumplidor, toda vez que la promesa de la administración pasada, cuando él era director de Recursos Humanos, de ahorrar en el gasto por servicios personales quedó muy lejos de hacerse realidad, pues se puede sugerir a las organizaciones que mejor vayan prendiendo sus veladoras y acomodando sus sillas en la sala de espera… que parece que será otra vez larga.
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Crucemos ahora el pobre y seco Padre Nazas. La semana pasada Lerdo adquirió formalmente la buscada categoría de Pueblo Mágico. Pero no porque la autoridad federal se la haya otorgado, sino porque en esta apacible comunidad lagunera se llevó a cabo uno de los actos más sorprendentes del ilusionismo regional, a saber, la desaparición de una avioneta Cessna 206, propiedad del exalcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda, alias “el otrora Bien Peinado”. Además de lo extraño, y vaya usted a saber si también sospechoso, que resultan los detalles del robo registrado en la terminal aérea “J. Agustín Castro” de la vecina ciudad, de sumo curioso es que los radares no hayan detectado el vuelo de la aeronave. Para abonar a esta mágica incertidumbre, en su visita de esta semana por la región, el jefazo de jefazos de la antigua Nueva Vizcaya, Jorge Herrera Caldera, se negó a dar detalles de la investigación, en el supuesto, claro está, de que ésta exista. Los que sí dijo don Jorge, con la alegre confianza que le caracteriza, es que dicho acto de ilusionismo no vulnera ni pone en duda las acciones de seguridad que se llevan a cabo en la región. Ante esta respuesta, los maldicientes ya se arrebatan la palabra para preguntar: ¿tendrá que desaparecer un edificio o una colonia entera, una plaza quizá, para que las autoridades reconozcan fallas en la lucha contra la criminalidad?
