Si para algo sirven las elecciones internas de los partidos es para hacer uso de todas las herramientas retóricas posibles, incluyendo eufemismos, verdades a medias y francas mentiras. Tal fue el caso de los procesos que el fin de semana vivieron las dos agrupaciones políticas más importantes de la provincia coahuilteca. La elección de candidatos a diputados locales del PRI fue un mero trámite, pues desde el registro se sabía que en los distritos VI y VII de Torreón, Verónica Martínez y Shamir Fernández, respectivamente, serían los suspirantes oficiales. Tal vez estos nombres se le harán conocidos a usted, perspicaz lector, y quizá sea porque ambos personajes ya ocuparon una hamaca en el Congreso. Doña Verónica y don Shamir pertenecieron a la gloriosa Legislatura LVIII, dentro de la cual contribuyeron orgullosamente a legalizar la oscura megadeuda que el gobierno del “Profe” Moreira dejó en Coahuila.
Y es precisamente este tema de la deuda el que trae inquietos a los tricolores en el estado, ahora que el extesorero Javier Villarreal está próximo a subirse al escenario en el condado de Bexar, donde habita una cómoda celda, para cantar al son que el Tío Sam le ponga en el juicio que se le sigue por fraude bancario, lavado de dinero y narcotráfico. En esas melodías podrían salir algunos nombres interesantes de personajes políticos locales vinculados con el asunto de la mentada deuda. No es gratuita, pues, la preocupación que hay en las cúpulas priistas, sobre todo por la elección que se aproxima, la falta de grasa para la vieja maquinaria tricolor y los puntos negativos que pueda traer el resurgimiento del caso Villarreal. Así que, para tantearle el agua a los camotes, el PRI estatal que comanda David Aguillón, decidió hacer un proceso abierto a militantes y simpatizantes para ver qué tan caídos están sus bonos. Y aunque en sus comunicados se habla de una “amplia participación” y de una “fiesta cívica partidista”, lo cierto es que los 241 mil votos registrados son apenas un tercio de los sufragios que los abanderados tricolores obtuvieron en la elección de diputados locales de 2011. Por lo que, más allá de la retórica triunfalista, el sudor frío, las bocas secas y las miradas húmedas deben comenzar a proliferar en el seno del partido, porque en esta ocasión no la van a tener fácil. El carro completo parece haber sido arrastrado por el río revuelto de la deuda hace tiempo.
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Pero en el PAN también cantan bien las rancheras e, incluso, su retórica suele ser más bizarra que la del priismo coahuilense. Los albiazules coahuiltecos llaman “vibrante democracia” al divisionismo, a la guerra de lodo, los golpes bajos y la indisciplina, tal y como lo hemos visto en los últimos años. El fin de semana pasado, los panistas eligieron no sólo a parte de sus suspirantes a hamacas en el Congreso local, sino que también a su nuevo pastor en el estado, ahora que Carlos Orta dejará la presidencia para irse a engordar la burocracia municipal de Saltillo. Respecto a esta elección, la alianza del exalcalde de Torreón, José Ángel Pérez, con el exembajador Jorge Zermeño no fue suficiente para derrotar al candidato del grupo de Memo Anaya, Bernardo González, que será ahora dirigente estatal del albiazul. De esta forma y como se había previsto, los anayistas, entre los que figura el senador durmiente, Luis Fernando Salazar, mantendrán el control de la estructura del partido y podrán influir en el palomeo de los candidatos que restan por seleccionar, además de los becarios número uno, es decir, los plurinominales. Por lo pronto, entre los suspirantes azules a hamacas podrán verse nombres bien conocidos por propios y extraños, como el de la exsíndica de vigilancia del ayuntamiento de Torreón, Natalia Virgil, quien fue un verdadero dolor de cabeza para la administración de Eduardo Olmos. Pero tampoco para el PAN las cosas están fáciles, ya que deberá espantar al eterno fantasma del divisionismo y conjurar el riesgo de la desbandada, motivada por el descontento que hay de no pocos panistas con el grupo del diputado Anaya. A ver cómo les va. Mientras tanto, ellos siguen construyendo su retórica del “no pasa nada” y usando frases como “partido de verdadera esencia democrática” que llevó a cabo un “proceso transparente e histórico”. ¡Qué belleza!
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Y ya que hablamos de la dependencia legislativa del estado, nuestros subagentes disfrazados de empleados de limpieza nos informan que una rebelión se está gestando en el Congreso... pero entre los trabajadores del inmueble, que no los legisladores, porque la mayoría de estos están muy bien alineaditos a las órdenes del señor gobernador. Resulta que la mitad de los 100 empleados que tiene el inmueble solicitó recientemente un préstamo para sortear, seguramente, la cuesta de enero que también fue de febrero y pinta que va a durar hasta abril, cortesía de doña Dolores, alias la Secretaría de Hacienda, y su brazo armado el SAT. Los 50 trabajadores están molestos no sólo porque el salario no les alcanza para comprar limones -¿a quién sí?-, sino también porque la Tesorería del Congreso modificó el procedimiento de solicitud de préstamos y la pasó a la comisión de Finanzas, en donde los diputados dijeron que, con la pena, pero no hay dinero. Por si fuera poco, los legisladores ofrecieron como solución a los solicitantes la colocación de un módulo de Banorte -uno de los grandes acreedores del gobierno estatal- junto a la oficina de Tesorería, a donde el viernes acudieron los trabajadores a cobrar su quincena. Aunque varios se acercaron a preguntar, nadie solicitó el préstamo porque la tasa de interés es muy alta, tal y como ocurre con la famosa megadeuda. Ya molestos, los empleados pidieron hablar con el diputado del Partido Primero Coahuila, satélite del PRI, Francisco Dávila, quien está en la comisión de Administración y Presupuesto, pero no los atendió porque anda más ocupado con todas las grillas de su partido. Como era de esperarse, esto generó molestia entre los ignorados, quienes lanzaron con tono retador un “recuerden que nosotros también somos votos”. Para colmo de males, hay sonadas quejas porque noveles empleados, entre ellos Gabriel Pereyra, el archivista inmortalizado en uno de los murales de Venustiano Carranza, y una sobrina del presidente de la Gran Comisión, Eliseo Mendoza, ganan sueldos superiores al de la mayoría que desde hace más de cinco años no recibe un aumento. Mientras tanto, nuestros representantes populares se dan una vida de emir a costa del erario.
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Extraño caso de restas en el gabinete del gobernador Rubén Moreira es el de la Secretaría de Infraestructura, encabezada por Francisco Saracho, quien parece remar contra la lógica electorera que suelen tener los gobiernos en épocas de convocar a los clientes a las urnas. Y es que don Francisco ha dado excelentes muestras en Torreón de que poco le importa la imagen de la institución para la que labora, y esto debido al escaso trabajo por corregir el desorden en obras que heredó de su antecesora, María Esther Monsiváis. Para muestra, no uno sino varios botones. Para empezar, los trabajos de ampliación del acceso principal a la Ciudad Industrial de Torreón están arrumbados, y las decenas de luminarias nuevas recién instaladas no funcionan en el mismo sector. Igual (mala) suerte de abandono corren decenas de habitantes de la Primera y Segunda Rinconada La Unión, que han sufrido en sus viviendas los efectos de los explosivos de las obras del bulevar Laguna, mejor conocidas como las “ya merito”, porque nunca acaban. Por si fuera poco, ha habido total desentendimiento en el asunto de los elevadores para el inmenso aparador municipal -perdón, sede del ayuntamiento-, aparatos que no han sido entregados en su totalidad por parte de la empresa que, como ya se dijo en correspondencias anteriores, es consentida de “papá” gobierno estatal. Este es un caso similar al de los elevadores tipo montacargas del Sistema Vial Alianza, que no han sido instalados y por lo que no puede darse por terminada esa dilatada obra. Con todo esto, las malas lenguas, siempre ponzoñosas, no dudan en decir que el secretario está en la “lista negra” de funcionarios estatales, al igual que Juan José Yáñez Arreola, subprocurador especial para la búsqueda de personas no localizadas (tome un poco aire luego de tan rimbombante nombre institucional). De este personaje se dice que luego de que fue regañado y recientemente corregido por su patrón, don Rubén, por crear una bola de nieve al presumir el hallazgo de 500 restos humanos en el norte de Coahuila, ya opta mejor por esconder la cabeza, como dicen que hace el avestruz, al menos en las caricaturas. Bajo el pretexto de la veda preelectoral y de reuniones en la capirucha del esmog, don Juanjo nomás no se deja pescar para que dé respuesta sobre las múltiples dudas que hay en torno al supuesto operativo que tiene a decenas de familiares de desaparecidos en vilo. Parece que este funcionario tampoco entiende mucho de sumas y restas.
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Otros que parece que andan en plan rebelde son los empresarios amantes de la grilla de cámaras y organismos que pagan (eso dicen) el controvertido Impuesto Sobre Nómina, aunque algunos no tienen más que uno o dos empleados. Nuestros subagentes disfrazados de... subagentes, cuentan que los llamados ipecos se están amotinando para darle una buena “estrenada” al flamante secretario de Finanzas del Estado, Ismael Ramos, alias “Lito”, en la próxima visita que hará para presidir la reunión del comité del mentado ISN. Y es, según nos cuentan, han estado conspirando -perdón, reuniendo- para preparar una interesante lista de obras que, a su parecer, son las más convenientes para Torreón. Y aunque nunca se paran a supervisarlas, con esa lista pretenden darle madruguete al funcionario estatal, pero además, al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, sobre todo luego del anuncio de que “ahora sí”, tras cuatro años de que el Municipio no aportó ni un peso, le meterá billetes a la bolsa. Seguramente de la próxima reunión del comité saldrán chispas.
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Hace ya algunas misivas, compartían nuestros subagentes que por los rumbos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encuentra actualmente un proceso abierto en contra del polémico extesorero de Torreón, Pablo Chávez Rossique, alias el “Bien Vestido”. Resulta que ahora empieza a darse color sobre el caso que se le sigue. Como recordará usted, atento lector, don Pablo tenía una fuerte fijación con los aparatos electrodomésticos, sobre todo con la licuadora, al grado que gustaba de meter en ella todo el gasto público para hacer una piña colada -como las de Héctor Bonilla hace varios lustros- de recursos de todo lo que caía en sus manos. El problema es que a esa licuadora sin fondo entraron también unos 8.5 millones de pesillos que estaban “etiquetados’’ para el Centro Histórico en 2013. Ese dinero, procedente del pago de los impuestos vehiculares de los ciudadanos torreonenses, fue usado para cubrir (música de suspenso)... nada más y nada menos, que el gasto corriente municipal en las últimas semanas de la administración (aquí todos fingimos cara de asombro). Bueno, eso dicen. Habrá que ver lo que informa el fiscalizador Armando Plata, titular de la ASE, al respecto. Se esperan más sorpresas en esta miniserie. Manténgase en sintonía.
