Menudo recibimiento le dieron al nuevo delegado de la Procuraduría de Coahuila en La Laguna, Gerardo Márquez. Y es que todavía ni se acomodaba bien en la silla cuando surgió el primer entuerto por resolver cortesía de uno de los integrantes de esa casta impune y sui géneris llamada guardaespaldas, guaruras o guarros. Como ya debe saber usted, enterado lector, el viernes pasado se suscitó un percance vial, como tantos que ocurren en esta civilizada urbe, que debido a la participación de los guaruras del conocido empresario gasero, Salomón Issa, pudo haber terminado en una tragedia. Resulta que un conductor perdió el control de su auto compacto y se subió al camellón del bulevar Revolución en el cruce con la calzada División del Norte.
Hasta ahí todo hubiera quedado en un mal rato y en el desembolso de dinero por los daños. Pero para su mala fortuna, la parte delantera de su vehículo alcanzó a golpear una camioneta a bordo de la cual se trasladaba el citado hombre de negocios. Y fue entonces que uno de los escoltas, haciendo gala de la fina prepotencia que los caracteriza, comenzó a disparar su fusil de asalto AR-15, de uso exclusivo del Ejército (aunque usted no lo crea, diría Ripley, y a ver qué opinan en la XI Región Militar), contra el auto del desdichado hombre accidentado, ¡que todavía estaba dentro! Por piadosa obra de los dioses, el conductor resultó ileso de la ráfaga, aunque seguramente se llevó el susto de su vida. Según el reporte oficial, el guarro de nombre Marco Antonio García Cepeda fue detenido por la Policía Municipal y consignado al agente del Ministerio Público de la delegación que ahora dirige don Gerardo, en donde de forma por demás misteriosa, el agresor fue liberado. Dicen nuestros subagentes disfrazados de auxiliares de oficina que el argumento usado por el agente fue que se trata de un caso de “justicia restaurativa” (aquí todos exclamamos con sorpresa: ¡Ooooh!), por lo que queda en los particulares involucrados arreglarse. O sea que para el agente en cuestión poco importa que el presunto agresor porte un rifle que, en teoría, sólo las fuerzas armadas mexicanas pueden usar; o que según el Código Penal del Estado pudiera ser responsable de homicidio en grado de tentativa; o que haya causado daños patrimoniales al hombre que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Para colmo, el domingo por la noche ocurrió un accidente, esta vez entre una camioneta de la empresa Combugas y otra en donde viajaba una familia. Desafortunadamente tres personas murieron, y más allá del deslinde de responsabilidades, nuestros subagentes nos comentan que escoltas aparecieron para amedrentar a medio mundo que, con genuino interés o no, se había acercado al lugar del accidente. El guarurismo se ha convertido en una plaga que debiera estar bajo el control y regulación de las autoridades y aquí hay materia para más de un mando: civil, policial y militar. Casos sobran, como el de los escoltas del exregidor y hoy director de Prevención del Delito, José Gánem Jr., que cuando sale de la presidencia municipal lo cuidan como magnate portando AR-15; o bien, guardaespaldas paseando con armas largas en la colonia Los Ángeles, presumiblemente empleados de don Jacobo Batarse; o en La Rosita, de igual forma, los presuntos custodios de la C.P. Lorena Gutiérrez. Vamos a ver qué hace al respecto el flamante delegado y a ver si los jefes de los guardaespaldas, destacados miembros de la sociedad lagunera, muestran un poco de consideración instruyendo a sus empleados a acatar un comportamiento, digamos, menos bárbaro. Aquí la responsabilidad es de las dos partes.
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De por sí ya andaban muy ocupados, al menos en apariencia, los funcionarios del gobierno de la gloriosa y endeudada provincia de Coahuila con eso del programa prelectoral de los “mil votos”, perdón, “mil obras”, y ahora van a tener chamba extra en algunos departamentos por las severas órdenes del señor gobernador Rubén Moreira. En la secretarías de Finanzas y de Salud andan como locos buscando dinero para acabar la obra del nuevo Hospital General de Torreón, misma que inició hace cuatro años, en los tiempos de la bonanza de la “deuda de la gente” del profe Moreira I, y es fecha que no tiene para cuándo acabar. Luego de que El Siglo de Torreón publicara que nadie en el gabinete estatal tuvo el cuidado de gestionar la partida de recursos suficientes para terminar la construcción, don Rubén dictó el firme mandato de que se “sacara el dinero de donde sea”. La gran interrogante es ¿a qué obra o programa le van a quitar recursos para reasignarlos al hospital? Porque no vaya a pensar usted, crédulo lector, que los funcionarios van a apretarse el cinturón y dejar de percibir sus sueldos ejecutivos para juntar lo que falta. El asunto es que ya había un presupuesto asignado para la obra desde 2010 y ahora resulta que nadie sabe dónde quedó. No dude que alguno que otro malicioso venga a decir que esto también es culpa del villano todopoderoso del momento, el extesorero Javier Villarreal. A la par de este dictado del gobernador, hubo otro que dejó atónitos a nuestros subagentes. Luego del tropiezo de la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, encabezada por Juan José Yáñez, en el manejo de las cifras de los restos humanos encontrados en el norte de Coahuila, y el posterior silencio y, más tarde, enmienda de la superioridad, ya nadie en las dependencias relacionadas con la seguridad y procuración de justicia va a poder dar declaraciones y todas las entrevistas van a tener que ser por escrito. Es decir, si algún periodista tiene preguntas a los voceros Jesús Carranza o Juan de León, o al procurador Homero Ramos, o al mismísimo Yáñez, va a tener que escribirlas y hacérselas llegar al funcionario que desee que las responda, lo cual no garantiza que esto ocurra, pues de sobra se sabe que en el gobierno estatal cualquier pretexto es bueno para no contestar a cuestionamientos incómodos. Pero en el supuesto de que sí estén dispuestos a responder, en vez de facilitar el trabajo a los encargados de las instituciones, se les complica. Así que, veamos qué tanto éxito tienen en las nuevas encomiendas.
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Y ya que hablamos de actividades gubernamentales preelectorales, perdone el atrevimiento de la siguiente pregunta: ¿ya fue usted por sus “tortibonos”? ¿No? ¿Qué no sabe que el alcalde de Torreón acaba de anunciar la reactivación del programa alimentario de subsidio a la tortilla para este año, a escasos dos meses de que arranquen las campañas de los suspirantes a una hamaca en el Congreso local? Todo parece indicar que la apuesta del ayuntamiento actual en materia de desarrollo social es la misma que la hecha por la administración de Eduardo Olmos. Como seguramente usted recordará, en 2012, también por marzo, se anunció el programa de “tortivales” que hasta escritos a mano se entregaban en tiempos de veda electoral. Curiosamente ese año también había elecciones, las federales, y una vez pasadas éstas, la Tesorería Municipal se desentendió de pagar a los industriales de la masa y la tortilla (así les dicen), y el programa terminó arrumbado, no sin antes haber cumplido su objetivo asistencialista y clientelar. Pero Miguel Riquelme, que se acuerda muy bien de lo ocurrido, dice que en su gobierno esto no va a ocurrir, que él sí va a pagarle a los tortilleros. Pero los malpensados ya empiezan a cuchichear que si el alcalde quiere demostrar que las cosas serán diferentes, debe empezar por transparentar el padrón de beneficiarios, ése que ha permanecido desde la antigüedad en lo oscurito de las profundidades de algún cajón de cierto operador electoral.
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En este mes que aprovechan los políticos para acordarse de sus mujeres (mamá, esposa e hijas, no piense mal), van dos veces que en Durango se les cruzan los cables y les cambian el apellido a conocidas damas políticas de la región. Pocos creen que haya sido un error el que cometió el siempre sonriente gobernador Jorge Herrera Caldera el pasado 3 de marzo durante la presentación del presidium en un acto del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) de Gómez Palacio, donde estuvo como invitada la senadora Leticia Herrera. Aunque le parezca increíble, don Jorge le cambió el apellido a doña Lety por el de “Ortega”. El gober trató de salir bien librado al hacerse el gracioso y ofrecer inmediatamente disculpas a la exalcaldesa, quien por cierto tiene ya varias semanas que abandonó la oficina que tenía asignada para su uso personal en las instalaciones del PRI de Gómez Palacio porque, dicen, alguien estaba metiendo las narices más de la cuenta para enterarse de la logística de su campaña anticipada, perdón, de las “gestiones” que anda realizando la senadora, quien, aunque ella jura y perjura que no, suspira por la gubernatura. Pero para no quedarse atrás los panistas también se aventaron una similar el domingo pasado, durante la visita el senador con licencia Ernesto Cordero, quien aspira a la dirigencia nacional del PAN. Resulta que en la presentación de los asistentes “distinguidos duranguenses” (así los llamó) a la recolección de firmas para la fórmula que él encabeza, destacó la presencia de... ¡Rosario Robles! Sí, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal. El problema es que don Ernesto se refería a la dos veces alcaldesa de Lerdo por el PAN, Rosario Castro, cuyo hermano, Juan de Dios, ha sido un aguerrido panista con más de 50 años de trayectoria. Al escuchar la bullan y los silbidos, Cordero sólo dijo: “No. Rosario Robles está pendiente pero la que sí está aquí es Rosario Castro”. Cuentan nuestros subagentes disfrazados de bolígrafos que bastaba ver la cara de doña Rosario (Castro) para darse cuenta que no le cayó en gracia la equivocación, menos cuando todos los panistas y acarreados -perdón asistentes- acudieron gracias al poder de convocatoria de este grupo que está en contra de la reelección de Gustavo Madero en la dirigencia nacional del PAN.
