La sorprendente herencia del extesorero Pablo Chávez Rossique sigue creciendo. Esta semana se dio a conocer que los pasivos o deudas dejados por la pasada administración son “ligeramente” mayores a los declarados por el polémico exfuncionario, aficionado del buen vestir. Don Pablo dijo una y otra vez que la deuda que dejaría el gobierno de su patrón, Eduardo Olmos, no rebasaría el monto que recibieron de la administración de José Ángel Pérez, es decir, alrededor de 155 millones de pesillos. Pero como hemos visto, las sorpresas que el alcalde Miguel Riquelme no “esperaba” encontrar, se han venido presentando poco a poco. De entrada, el dato de corte de caja de Chávez Rossique fue superior: 231 millones. Pero un día de febrero, los torreonenses amanecimos con que había 14 millones de pesos más de un pasivo a corto plazo.
Y apenas esta semana nos enteramos que debemos otros 50.5 milloncillos por demandas de amparo ganadas por contribuyentes inconformes con el cobro del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, y por laudos a favor de extrabajadores que han promovido juicios laborales, aunque dicen en el municipio que varias de estas últimas vienen desde las administraciones panistas de José Ángel y Memo Anaya, verdadero caso para la araña. El chiste es que las deudas ya rozan los 300 millones, casi el doble de lo que el extesorero, siempre elegante, dijo que iba a dejar. En una especie de refrito a menor escala de lo ocurrido en el Gobierno de Coahuila, la sombra de la opacidad comienza a cernirse sobre la administración propiciando el surgimiento del fantasma de la excusa por metas no cumplidas. Por lo pronto, los regidores del PAN, que hasta ahora habían dado pocas muestras de entendimiento de la cosa pública municipal, pidieron que se llame a comparecer a Chávez Rossique para que explique a fondo los pasivos que en verdad dejó, y no estar en vilo con la angustia de que vayan a aparecer más deudas por aquí y por allá. Así que, comentan los malpensados, lo mejor sería que don Pablo mostrara de una vez por todas su famosa “licuadora” financiera y explicara cómo funcionó y los hoyos que tenía.
Y ya que hablamos de números, una de las principales promesas del jefazo de Torreón antes de asumir el cargo fue precisamente la de bajarle al gasto de nómina que en la administración de don Lalo crecía cada vez que se anunciaba que iba a disminuir. Con este antecedente, Miguel Riquelme se empeñó en decir que la suya no se trataba de una promesa, sino de un “compromiso” (aquí todo exclamamos: ¡oh!), por lo que no había manera de incumplir. No obstante, al menos en febrero ya quedó mal, aunque por una diferencia de apenas 2.5 millones de pesillos. Y como era de esperarse, rápidamente surgió la justificación de que la nómina aumentó, pese al compromiso, por las contrataciones de las brigadas rojas que limpian y pintan calles. Pero este pretexto, perdón, argumento, como muchos de los que la pasada administración esgrimió, habría que revisarlo concienzudamente a la luz de los gastos por servicios personales que mantienen algunas direcciones e institutos. Por ejemplo, y sólo por citar un ejemplo, el Instituto Municipal de Educación y Cultura es una de las dependencias con la nómina más robusta, en donde hay funcionarios de segundo nivel que ganan casi o lo mismo que servidores públicos de primer nivel. Tal es el caso de Armando Cobián, director de Radio Torreón, quien gana lo mismo que la directora de Atención Ciudadana, la expanista Martha Rodríguez, o Sergio Sotelo, mano derecha de Renata Chapa, directora del Instituto, y Dora Miriam Moreno, encargada de la Biblioteca Enriqueta Ochoa, quienes como segundos gozan de los mejores sueldos de la administración, por arriba de los 30 mil pesos. Mención aparte merece el director de Comunicación Social, Jorge Hernández Guerra, quien tiene sueldo casi de regidor y hasta hace poco también trabajaba (eufemismo, no vaya usted a creer otra cosa) para el Gobierno de Coahuila. El asunto es que los maldicentes se cuestionan cuál es la tarea de don Jorge en el ayuntamiento, sobre todo por los afanes del alcalde de ser su propio vocero en las buenas y en la malas.
Como si de una plaga se tratase, el mal ejemplo de las manos largas y la opacidad en cualquier puesto en donde haya dinero qué administrar, parece cundir a lo largo y ancho de la Perla de la Laguna. Uno de los nichos de polémica que más ruido ha generado en los últimos días es el patronato de la Unidad Deportiva “Braulio Fernández Aguirre”, presidido por Leonardo Navarro Rubí. Como usted sabrá, enterado lector, don Leonardo fue uno de los organizadores principales de las protestas a mediados de 2012 contra Omar Gutiérrez de Anda, entonces presidente del patronato. Lo curioso del caso es que los señalamientos y grillas contra Gutiérrez son prácticamente los mismos que ahora se lanzan contra Navarro: cobro excesivo de cuotas, malos tratos, uso indebido de las instalaciones y dudas sobre el manejo financiero de la unidad. Cuando don Omar fue sustituido, su sucesor fue apoyado por el entonces secretario del Ayuntamiento, Miguel Mery Ayup, y hoy primer regidor, quien, dicen los que saben, se convirtió en una especie de padrino protector de don Leonardo. Por otra parte, no son de extrañar las disputas continuas que hay en la Unidad Deportiva, ya que, si aguzamos los sentidos un poco, es fácil detectar la tentación de convertirla en un negocio. Además del cobro de la entrada, los cursos y equipos deportivos generan ingresos, así como el uso de algunas instalaciones, como el gimnasio de “alto rendimiento” de lo que debería ser una villa olímpica. También el patronato percibe recursos de la renta de espacios publicitarios y los permisos de venta de los estanquillos. Por si fuera poco, la energía eléctrica y el agua están subsidiados por el ayuntamiento, así que sólo quedan como gastos el mantenimiento del lugar, que no es para presumir, y los sueldos y prestaciones del personal, las cuales, según los enterados, no han sido cubiertas, como el IMSS y el Infonavit, aunque en descargo suyo hay que decir que la alberca quedó bien y el gimnasio de alto rendimiento también. Ante la controversia, el alcalde Miguel Riquelme tuvo que intervenir para ordenar una auditoría y en función de ella tomar la decisión de si Leonardo Navarro se va o se queda, en una especie de déjà vu de lo ocurrido hace dos años. Como ya es costumbre en esta querida comarca, parece que donde hay lana hay rebatinga, para bien y para mal.
Nos informaron nuestros subagentes en la misiva anterior de la comisión efímera que se creó en el departamento legislativo estatal de Durango para investigar (eso dijeron) los “presuntos actos de corrupción” del senador Ismael Hernández Deras derivados del faraónico convite por sus 50 años. Resulta que en Coahuila también se cuecen las habas, ya que existe una comisión que, si bien no ha sido efímera, pinta para ser inútil, ya que a más de dos meses de creada, hasta hoy se desconoce a ciencia cierta qué hará y, para acabar pronto, ni siquiera se sabe cuándo va a volver a sesionar. Se trata de la famosa comisión de la deuda, propuesta a finales de año pasado por el propio gobernador Rubén Moreira en su comparecencia ante su dependencia legislativa, con la intención, al menos aparente, de indagar los pormenores de la orgía financiera que vivió la provincia en el sexenio de su hermano Humberto. La última sesión de la mentada comisión fue el 26 de febrero, es decir, poco más de un mes, y en ella se aprobó el plan de trabajo. Pero nuestros subagentes disfrazados de escritorios nos cuentan que ese plan de trabajo es, digamos, sui géneris, ya que carece de fechas, compromisos y metas específicas, y sólo queda en un catálogo de buenas intenciones. Vamos, una hermosa oda a la simulación legislativa. Y así, casi se nos va marzo, no se tienen programadas sesiones y ya se acercan los tiempos de campaña, por lo que los augures indican que poco o nada saldrá de la dichosa comisión, como nada salió de la que se creó en Durango. Los maldicientes opinan que estas comisiones sólo sirven para acalambrar a los inquietos, es decir, asustarlos con el petate del muerto.
Quien no atina a encontrar el rumbo es el alcalde de la hermana república de Lerdo, Luis de Villa. En menos de ocho meses de gobierno ha despedido a 64 personas y ha realizado cambios de forma súbita en su equipo de trabajo por motivos que dejan mucho para pensar. Alberto Muñoz, exdirector del sistema de aguas, saltó del barco por motivos de “salud”, y Gabriela Moreno, exdirectora de Atención Ciudadana, abandonó la nave por razones de “crecimiento profesional”. Ambos dejaron sus áreas en medio de un halo de sospechas sobre el manejo de recursos, sobre todo el primero que, aunque tiene adeudos heredados, su cuenta de pasivos sigue creciendo. El problema ya está afectando a los ciudadanos, pues no se realizan los mantenimientos necesarios y la gente, sobre todo del sur, tiene que vivir en medio de charcos de aguas negras. Y ante esta problemática, no hay explicaciones claras por parte del profe De Villa, quien, por cierto, parece que no tiene estrategia de imagen, comunicación social y relaciones públicas. El sufrido pueblo de Lerdo que pocas veces le ve cruzar la entrada principal de la presidencia, dice que para tener una audiencia con él deben pasar días y aún así no hay una seguridad de que los reciba, como si se tratara del mismísimo emperador de Roma. Como ejemplo de deficiente manejo de control de crisis, aún resuenan los ecos de la manifestación a la que mandaron llamar a la tropa para que bloqueara, con su “sutileza” característica, el acceso a la oficina del alcalde. Dicen las malas lenguas que las cosas están tan graves que don Luis teme un manotazo de la capital de los alacranes, por lo que, mientras son peras o manzanas, en los actos de su patrón, el gobernador Jorge Herrera Caldera, organiza con enjundia las porras, los aplausos y matracazos.
