El asunto de la concesión del servicio de alumbrado público de Torreón está tomando un curso por demás interesante. Nuestros subagentes disfrazados de lámparas de sodio fundidas nos informan que, de entrada, el jugoso negocio de la reconversión tecnológica no será de 1,200 millones de pesos, como se anunció, sino de mucho más, por un contrato de 15 años que, en teoría, será pagado por el sufrido pueblo a través del Derecho de Alumbrado Público. De las once empresas que se apuntaron para competir por tan próspero negocio destacan dos cosillas: una, que Cook Lite luego de meterle 20 millones de pesos a la renovación del alumbrado de la avenida Morelos y la calzada Colón, haya decidido no entrar a la puja; y dos, el inusitado interés que ha generado en una televisora nacional todo el proceso de licitación, con despliegue de equipo y personal traídos desde el Ajusco.
Las malas lenguas se preguntan si en el repliegue aparente de Cook Lite algo tuvo qué ver la información que recientemente manejó una agencia nacional respecto a ciertas travesuras fiscales de empresas vinculadas con personajes políticos. También corre por ahí la especie de que el contrato de concesión dejaría abierta la posibilidad de que la empresa ganadora subcontrate varios servicios, como el mantenimiento, y que sea ahí donde pueda colarse Cook Lite. Respecto al interés extraordinario de la televisora, dicen los que saben que existe vínculo de ésta con la empresa Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con lo que se justificaría que sus cámaras y reflectores estén sobre el proceso, así como los incesantes cuestionamientos de su representante. No le cambie de canal, porque esto se va a poner bueno ya que andan involucrados en los enjuages varios próceres laguneros del binomio empresa-partido.
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El jefazo de Seguridad Pública, Adelaido Flores, protagonizó el miércoles pasado un capítulo más que evidencia que aún no se acostumbra a soltar el control de las áreas que antes estaban bajo su dominio. Nuestros subagentes disfrazados de radios Matra nos cuentan que don Adelaido observó un auto volcado en el Periférico Raúl López Sánchez, por lo que inmediatamente lanzó la orden de que personal de Tránsito y Vialidad, que ya no es subordinado suyo, se movilizara al sector para revisar el supuesto accidente. Y decimos supuesto porque los elementos de la corporación aludida tuvieron a bien informar al jefe de Seguridad Pública que no se trataba de una volcadura real, sino del llamado “monumento a la imprudencia” colocado en el marco del programa Conductor Seguro, por lo que no era necesaria la presencia de ninguna corporación, pese a la insistencia del teniente Flores. Los amantes del cuchicheo dicen que este hecho habla de que el director de la Policía Municipal ha sido desplazado completamente de las tareas que había absorbido la dependencia en los momentos más oscuros de la inseguridad. En aquél entonces, prácticamente no se movía un agente en el municipio sin que el director de Seguridad lo supiera. Parece que los tiempos han cambiado y don Adelaido se resiste a ello.
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Los que se traen un pleitazo a comunicados son el senador panista Luis Fernando Salazar y el jefazo del PRI estatal, David Aguillón. Y es que el legislador de los azules, en su afán por adquirir notoriedad con miras a ser el suspirante de su partido para la gubernatura, ha tomado como bandera el castigo del gobierno federal a Coahuila en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Además de denunciar insistentemente el hecho, Salazar ha exigido al mismísimo Enrique Peña que “corrija” la cifra y le dé más dinero a esta endrogada provincia, como si el preciso fuera a hacerle caso. La reacción de las huestes de Aguillón no se hizo esperar y a manera bullying político arrojaron una flecha emponzoñada en forma de boletín de prensa en donde le tunden al senador con todo tipo de calificativos por opinar sobre algo que, según los priistas, no sabe. La respuesta de don Luis a don David fue sutil y dijo que él no va a responder a los insultos con más insultos “por respeto a la propia ciudadanía”. En fin, además de ver en qué termina esta lucha a tres caídas y sin límite de tiempo, los malpensados comentan que cuando Salazar dice ciudadanía, en realidad ya está pensando en electorado. Y prueba de ello es que en la visita de Gustavo Madero, candidato a repetir en la dirigencia nacional del PAN, hubo varios camiones que llegaron al salón desde horas antes, con gente a la que le entregó un paquete con playera, gorra, lonche y jugo, al más puro estilo priista. Pero en vez de vitorear a Madero y agradecerle el regalito, la clientela se desvivió en porras hacia el senador Salazar, con quien además se tomaron fotos.
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Y a propósito del Programa Nacional de Infraestructura, es tanta la felicidad que le ha provocado al gobernador de Durango, Jorge Herrera, saber que su estado recibirá una rebanada mucho más grande que la de su vecino, que hasta anda inventando proyectos de obra que no están por ningún lado. Y es que en su promoción de los “beneficios”, el gobernador y su gente juran y perjuran que gracias al plan del preciso Peña Nieto habrá otro Cereso en Gómez Palacio, además del Cefereso que se acaba de inaugurar y que costó cerca de cuatro mil 500 millones de pesillos. Pero la alegría ha confundido (no crea usted que hay malicia, desconfiado lector) a los funcionarios, porque no es en Gómez Palacio en donde se va a construir el nuevo penal, sino en la capital de Durango. Más allá de esto, luego de saber que uno de los criterios de asignación de inversión pudo haber sido el índice de pobreza que en el Chiapas del Norte es superior al 50 por ciento, los maldicientes comentan que el gobernador no debería estar tan orgulloso y que mejor debería explicar cómo va a sacar al estado de los últimos lugares de desarrollo del país, ya que una buena parte de la cuantiosa inversión va a una planta eléctrica en Lerdo por parte de CFE, ¿y el resto, apá?
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Debido al escándalo que se ha armado por la, digamos, incompetencia mostrada por las autoridades estatales en La Laguna de Durango al no poder dar con el responsable de varias violaciones en Gómez Palacio y Lerdo, la fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza, visitó la región para tratar de calmar las aguas un poco... pero parece que le salió al revés. En primer lugar, volvió a cambiar la cifra de denuncias, la cual había “rasurado” recientemente. Luego, dijo que pese a la gravedad del problema, no se iba a aplicar la alerta de género -necesaria para que el gobierno federal le ayude a las perdidas instituciones estatales a resolver el entuerto-, para no desatar una “ola de pánico” entre la población femenina. De inmediato, los observadores de la cosa pública se preguntaron: ¿en verdad no se ha dado cuenta la fiscal de que el pánico ya existe entre las mujeres y sus familias porque, precisamente, hay un criminal suelto? Por si fuera poco, trascendió que doña Sonia, en vez de ofrecer apoyo al personal de la Vicefiscalía, vino a darle una fuerte reprimenda al encargado de la misma, Gerardo Salazar Mejorado, y que hasta le puso un ultimátum. La jefaza le reclamó por haber restado importancia al caso y por su falta de sensibilidad ante lo delicado del asunto. La malas lenguas dicen que Salazar Mejorado tiene ya sus días contados al frente de la Vicefiscalía por sus pobres resultados, aunado al hecho de que se ha ganado la animadversión de la gran mayoría de sus subalternos en esa institución. Lo cierto es que en el caso de las violaciones, el gobierno de Jorge Herrera Caldera nomás no da una.
