Cumplir con las obligaciones que impone el fisco mexicano se ha convertido en un verdadero camino hacia el calvario para los contribuyentes, que no sólo tienen que generar los ingresos para solventar el pago de los impuestos respectivos, sino dedicar buena parte de su tiempo y recursos para satisfacer todos los requisitos exigidos por la autoridad.
Con el argumento de necesitar mayores ingresos para atender el creciente gasto del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, se han realizado desde hace varios años modificaciones al sistema tributario mexicano, aumentando la carga fiscal sobre los contribuyentes, personas físicas y morales.
Por otra parte, con la explicación oficial de combatir la evasión de impuestos, mucha de la cual es generada por una normatividad con múltiples tratos preferenciales, recargada y compleja, nuestras autoridades, a través de las llamadas misceláneas fiscales, han complicado cada vez más las disposiciones accesorias al pago de los impuestos.
Las cargas adicionales, además, son difíciles de cumplir, ya el Sistema de Administración Tributaria no está preparado para lidiar de manera expedita y eficiente con todos los requisitos que tenemos que llenar los contribuyentes.
Una muestra de las complicaciones para pagar los impuestos en México, aunque se refiere únicamente al caso típico de una persona moral de tamaño mediano (60 trabajadores), la ofrece el estudio "Paying Taxes" que publica regularmente el Banco Mundial (BM).
En la edición de 2013 de ese estudio, con datos para 2011, se ubica a nuestro país en el lugar 107 entre las 185 economías consideradas con respecto a la facilidad para el pago de impuestos. Canadá y Estados Unidos (EU), nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aparecen clasificados en los lugares 8 y 69, respectivamente.
Entre los indicadores que sirven de base para colocarnos en la media tabla inferior de la clasificación mundial, está el cálculo de que a la empresa considerada le toma en México un total de 337 horas al año para cumplir con el pago de los impuestos, frente a un promedio mundial de 267 horas. En Canadá y EU, las cifras respectivas son de 131 y 175 horas.
La eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única en 2014 reducirá el tiempo para el pago de impuestos, pero nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado de dinero y a la cual me he referido en ocasiones previas), así como los registros electrónicos obligados para todos los contribuyentes, los nuevos impuestos a los refrescos azucarados y a los llamados alimentos con alta densidad calórica, elevarán el tiempo requerido para cumplir las obligaciones fiscales en México.
A las complicaciones mencionadas hay que agregar las que enfrentan los contribuyentes personas físicas para reducir su carga fiscal. Me refiero, como un ejemplo, a la necesidad a partir de este año de que para que proceda la deducción de gastos médicos del contribuyente o sus dependientes, tienen que ser pagados con cheque o tarjeta bancaria a nombre del contribuyente, imponiendo costos y trámites adicionales, en varios casos, a causantes y médicos.
Algo similar ocurre con el pago de colegiaturas. Es decir, las deducciones correspondientes no serán reconocidas si el pago respectivo se realizó en efectivo. Lo absurdo de esta medida es que el Estado, único facultado para emitir, a través del Banco de México, el dinero en efectivo, no admite como válidos gastos cubiertos con ese medio de pago.
Por lo demás, con el llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el 27 de febrero pasado el Ejecutivo federal se compromete a "no proponer cambios en la estructura tributaria a partir de este momento y hasta el 30 de noviembre de 2018", aunque el mismo Acuerdo abre la puerta para incumplir dicho compromiso y elevar la carga impositiva al afirmar que "únicamente se realizarán ajustes al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos ante los cuales sea imperante realizar modificaciones".
Es decir, las distorsiones actuales se mantienen, pero si las circunstancias lo exigen, podrían ser aumentadas, porque están sujetas a la total discrecionalidad de las autoridades. El contribuyente en México, como siempre, pierde de todas, todas.
