A Julia Carabias, mexicana ejemplar
En las campañas políticas y en el amor, como hubiera dicho Francisco de Quevedo "no hay cosa que no ofrezcas, que el prometer no empobrece". Así como el amante ofrece a su amada la Luna y las estrellas, Obama prometió en campaña cerrar la prisión de Guantánamo. El presidente de EU no ha podido/querido hacerlo y uno de los presos ha puesto a prueba el sistema judicial estadounidense. El ciudadano sirio Jidah Ahmed Mujstafa Diyab (así se llama), decidió ponerse en huelga de hambre en dicha prisión.
Ahora sufre una inacabable agonía porque los militares ahí destacados lo someten a brutales procedimientos de alimentación forzada para evitar que muera.
Una jueza federal había prohibido la alimentación forzada por tratarse de procedimientos inhumanos que consisten en inmovilizar al huelguista, insertar un tubo por la nariz que llega a la garganta para verter líquidos que van al estómago y repetir la operación tantas veces sea necesario. Luego modificó su criterio y autorizó que lo alimenten contra su voluntad para evitar que muera. La disyuntiva de la jueza era que si bien la alimentación forzada viola la disposición constitucional que prohíbe infringir castigos crueles y exorbitantes a los presos, había que decidir si respetaban su derecho constitucional o lo dejaban morir. Mujstafa lleva doce años preso, sin juicio y nadie ha comprobado sus actos terroristas. Él dice ser inocente. Declaró que se dedicaba a vender miel. Ahora lo único que quiere es morir.
Por otra parte, se ha extendido el debate sobre la constitucionalidad de aplicar la pena capital con la inyección letal. Después de las experiencias de algunos condenados, la más reciente en Oklahoma, en que un procesado tuvo que padecer 43 minutos de dolor, sofocación, angustia y convulsiones, hay dudas sobre la pertinencia de las inyecciones mortíferas. En Tennessee no se había utilizado la silla eléctrica desde 1960. No obstante a uno de los condenados se le dio la opción de inyección o electricidad y decidió sentarse en la silla. Ahora con los problemas que genera la inyección letal que hace sufrir e imponer un castigo cruel y exorbitante, varios estados consideran regresar a la silla eléctrica. Otros como Utah y Wyoming consideran la viabilidad de los escuadrones de fusilamiento. De manera que por un lado no dejan morir y por el otro debaten como matar sin causar dolor. Como si matar no fuera suficiente castigo cruel y exorbitante.
John Paul Stevens, juez de la Suprema Corte de EU (ministros les decimos en México) decidió retirarse del cargo. Lo hizo porque notó que cuando jugaba tenis en la modalidad de singles se fatigaba. Tenía entonces 90 años. Ahora a los 94 ya solamente juega dobles. Recientemente propuso en un libro seis enmiendas constitucionales. Una de ellas para abolir la pena de muerte. En el ámbito federal, la pena capital había quedado cancelada en 1972, por una decisión de la Suprema Corte. Cuatro años más tarde, Stevens fue uno de los jueces asociados que votó por su reimplantación en un caso (Greg vs. Georgia). De entonces a la fecha se ejecutaron, dice Stevens, cerca de mil 100 personas en el ámbito federal y aunque no lo hace explícito se adivina que él tuvo algo que ver.
Más de treinta años después Stevens considera que en su país: "se ha originado un sistema de penas capitales impregnado de racismo, distorsionado por las condenas, infectado de política y lleno de histeria". Su arrepentimiento es claro.
Hace una semana Guillermo Sheridan escribió un extraordinario artículo en estas páginas ("Montes Azules y Partidas Verdes") en que compara a Julia Carabias con Jorge Emilio González. A Sheridan, que nunca se le pasa nada, esta vez se le pasó señalar que mientras Julia Carabias dedicó su vida a la vida y por ello es bióloga, González y sus partidas verdes propusieron en 2009 la implantación de la pena de muerte como estrategia para ganar votos y mantener su vergonzoso registro.
(Investigador del IIJ de la UNAM)
