Villarreal, encargado de las finanzas estatales en el sexenio de Humberto Moreira, es acusado en México de simulación de actos jurídicos para solicitar créditos por más de 5,000 millones de pesos a nombre de Coahuila. (ARCHIVO)
Mientras que el extesorero coahuilense Javier Villarreal ha decidido entregarse a las autoridades estadounidenses y declararse culpable por lavado de dinero, en México se ha dedicado a promover nuevos amparos contra aseguramientos precautorios de bienes.
Villarreal ha recurrido a juzgados del Distrito Federal y de Coahuila para evitar que se realicen los aseguramientos.
Originalmente el amparo se interpuso ante el juez primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, quien indicó que no tenía competencia en este asunto.
Ante esta situación, el pasado 21 de agosto el extesorero coahuilense interpuso el amparo en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, bajo el número de expediente 10234/2014, para protegerse del aseguramiento.
Sin embargo, dos días después se emitió la resolución en donde este juzgado dice que no es la instancia competente.
NEGRO HISTORIAL
Héctor Javier Villarreal, encargado de las finanzas estatales en el sexenio de Humberto Moreira, es acusado en México de simulación de actos jurídicos para solicitar créditos por más de 5,000 millones de pesos a nombre de Coahuila.
La deuda de más de 34,000 millones de pesos fue reconocida en agosto de 2011, cuando Villarreal se desempeñaba como director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC).
Ese mismo mes presentó su renuncia. La única entrevista concedida por el extesorero fue a una televisora nacional en donde él negó haber falsificado documentos para solicitar los créditos.
Tras entregarse a las autoridades estadounidenses el pasado 12 de febrero, el gobierno del estado ha manifestado que el dinero incautado al extesorero no salió de las arcas del estado y aseguran que el dinero solicitado de manera ilegal entró a las arcas estatales.
Seis exfuncionarios estatales y federales más están involucrados en la adquisición ilegal de los créditos. Dos de ellos fueron detenidos en 2011. Se trata de René Jiménez Flores y Jorge López Alarcón.
