Afortunadamente en estos últimos días no han faltado argumentos para señalar la responsabilidad del Estado sobre las acciones y omisiones del gobierno a todos los niveles en el caso de Ayotzinapa.
Están encendidas las alarmas que advierten el alto riesgo de que se recurra a la trillada respuesta de participación aislada del crimen organizado, que con el tiempo y la saturación de otras notas amortiguaría la urgencia de que se deshilvanen los elementos que desde el poder dan origen a estas pérdidas humanas.
Entre disculpas poco convincentes de Nueva Izquierda en el PRD y señalamientos que difícilmente eximen al resto de los partidos, está claro que la selección de candidatos para gobernarnos no atiende a criterios que garanticen, cuando menos, salud mental y trayectoria honesta de los aspirantes. No conozco un partido que antes de designar candidatos realice pruebas psicológicas, exámenes de conocimientos básicos, investigaciones profundas para descartar vínculos con grupos delictivos. Con las catástrofes derivadas de la intercepción de grupos criminales a los partidos y al gobierno, no hay forma de ignorar la responsabilidad que las cúpulas partidistas.
El ahora prófugo José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, compitió en 2012 por la presidencia municipal abanderado por la coalición "Guerrero Nos Une", conformada por PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Estos partidos apoyaron su candidatura a pesar de que conocían su posible relación con el crimen organizado; entonces se le vinculaba con los Beltrán Leyva y hoy con los Guerreros Unidos. Los indicios de estos lazos no eran especulaciones baratas: su esposa es hermana de Marco Alberto y Marco Antonio Pineda Villa, quienes presuntamente pertenecían al cártel de Los Beltrán Leyva y fueron asesinados en 2009. Lo eligieron a pesar de que no era un militante de carrera en ningún partido. ¿El resto de los partidos puede garantizar que entre sus gobernantes no exista uno o varios que mantengan lazos estrechos con el crimen organizado?
También hay responsabilidad por parte de los órganos electorales cuando se cuelan con tanta facilidad personas cuya trayectoria es una amenaza para la sociedad. Ahora que el Instituto Nacional Electoral tendrá nuevas facultades sobre las elecciones locales, sería pertinente que para el registro de candidaturas establecieran requisitos que inhibieran la incorporación de personas ligadas a la delincuencia.
Ante la vulnerabilidad de estos dos filtros que tienen mayores posibilidades de hacer infranqueable el acceso al poder, sólo nos queda una tercera opción: ¿los ciudadanos votamos conscientemente por criminales? José Luis Abarca obtuvo la presidencia municipal con un puntaje de 21,546 votos sobre 1,705 de Nueva alianza, 2,848 del PAN, 14,668 del PRI y 10,623 del PVEM. Rebasó drásticamente a los otros candidatos. Asumamos que gran parte de esos votantes desconocía las relaciones con delincuentes de Abarca, sin embargo existe una amplia posibilidad de que muchos hayan decidido apoyarlo pese a que tenían información sobre él. En México el voto no tiene valor sustancial en el imaginario colectivo para comprender que las consecuencias de elegir gobernante son determinantes en nuestra vida diaria. Difícilmente los partidos realizarán campañas para que hagamos conciencia de que si no tenemos suficiente información sobre los candidatos, nuestro voto puede empoderar a quienes no sólo tienen trayectorias corruptas sino vínculos con grupos criminales. Tampoco harán esfuerzo alguno para evitar el voto por miedo o las promesas de quienes desde campaña distribuyen recursos obtenidos con acciones criminales.
Así que como ciudadanos debemos asumir esa parte de responsabilidad cuando por voto directo otorgamos el poder a personajes capaces de asesinar, de ordenar enfrentamientos entre policías y ciudadanos, de negociar espacios y recursos públicos en beneficio del crimen organizado. Es justo frente a la boleta electoral en donde podemos hacer la diferencia.
