Soslayada por años una salida integral al problema que coloca en tela de juicio la viabilidad financiera del gobierno hacia el mediano plazo, la discusión sobre las reformas que abrieron la puerta a la pensión universal volvió a colocar el dedo en la llaga sobre los formidables boquetes en materia de pensiones de servidores públicos.
Estamos hablando de quienes trabajan en el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, el ISSSTE, la Comisión Federal de Electricidad, los bancos de desarrollo, las universidades públicas, los gobiernos estatales…
En el escenario surgieron cifras inauditas en relación a los parches aplicados por el gobierno para evitar el estallido, cuyo monto gravita sobre el presupuesto.
Las muletas, los tanques de oxígeno, han crecido en los últimos 13 años en el escándalo de dos mil 154 por ciento.
Si en el 2001 la Secretaría de Hacienda destinó 94 mil 23 millones de pesos para paliar el déficit, este año la cifra llegará a 336 mil 373 millones, equivalentes al 12 por ciento de los ingresos del fisco.
La dependencia que reclama más recursos es la Secretaría de Educación Pública, cuyo monto llegaría a 242 mil 158 millones de pesos.
Entre enero y noviembre del 2013 el presupuesto debió extenderse 9.1 por ciento, para alcanzar 318 mil 688 millones.
Y ni así…
La paradoja del caso es que capoteado el problema durante al menos seis sexenios, por más que su virulencia alcanza a 350 fondos para el retiro de entidades públicas a nivel federal, estatal y municipal, la Secretaría de Hacienda lo sacó a flote para justificar la reforma fiscal.
Lo cierto es que mientras no se tome al toro por los cuernos no habrá dinero que alcance, por más que el gobierno se sacara de la manda impuestos tan absurdos como el de la comida chatarra; subiera al infinito la tasa del IVA, y regresara a esquemas como los ordenados por el general Antonio López de Santa Anna para gravar puertas y perros.
En Brasil, a la vista de un problema similar, quizá menos virulento, el entonces apenas entrante presidente, Luis Inacio Lula Da Silva, arriesgó su capital político enfrentando la ira de los trabajadores públicos para ubicar las salidas.
Aunque en los últimos años se han realizado algunas reformas para atender el problema, ninguna de ellas ha llegado a la raíz. Estamos hablando de 14 modificaciones al esquema con que operan instituciones municipales de pensiones y 22 fondos de universidades públicas.
El caso más patético lo representa el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, cuya reforma alcanzó sólo a las nuevas generaciones, sin tocar los privilegios de trabajadores con antigüedad acumulada, lo que les garantiza la posibilidad de doble pensión.
Ahora que el escenario se da con mayor énfasis en el sector hacendario. Existen funcionarios que llegan a acumular hasta tres pensiones. Una del Banco de México, otra de algún banco de desarrollo, y una más del ISSSTE.
En el extremo del ámbito municipal, desde otro ángulo, se han ubicado empleados que a los 33 años se han jubilado… tras empezar a los cinco como campanilleros del servicio de recolección de basura.
Con excepción del IMSS, la antigüedad de los trabajadores señala el criterio básico para la jubilación, no la edad. En la mayoría de las instancias públicas, además, se obtiene una pensión equivalente al último salario bruto percibido, es decir superior al neto, lo que significa que el trabajador ganará más como retirado que como activo.
A lo largo de los años los administradores de las entidades públicas fueron cediendo más y más bajo el criterio de "el de atrás paga". El caso más representativo es el del Seguro Social, quien de pronto, hace 40 años, le dio a los trabajadores la posibilidad de jubilarse a los 27 años en el caso de las mujeres y a los 28 en el caso de los hombres… ganando el 120 por ciento de su último salario… ¡sin crearse un fondo para acumular los recursos requeridos!
El boquete de reservas llega a 1.7 billones de pesos.
Por lo pronto, sin una salida de fondo, los recursos fluyen al barril sin fondo, castigándose a los causantes con más recortes de deducciones y más impuestos.
Casos similares provocaron la crisis de la que aún no se levantan España y Grecia. Y ahí está Alemania en la lista.
La pesadilla de las pensiones públicas.
BALANCE GENERAL
En la posibilidad de que la extinta Comisión Federal de Competencia haya armado mal la resolución por la cual se le imponía a Cementos Mexicanos una multa simbólica de 10.3 millones de pesos por obstaculizar indebidamente la competencia, los damnificados de la fallida travesía del "Mary Nour", analizan la posibilidad de una demanda.
Según ello, ésta plantearía un reclamo de 10 millones… de dólares.
El golpe de la firma Comercio para el Desarrollo Mexicano, quien patrocinó la fallida incursión en el país del barco-silo griego de bandera panameña con 27 mil toneladas de cemento en las bodegas, apuntaría a la Comisión de Competencia Económica como heredera de la anterior.
Como lo comentábamos ayer, un tribunal de alzada determinó la inocencia de la firma hegemónica con sede central en Monterrey, justificando la resolución en que el caso no estaba debidamente sustentando.
Así, nada más, sin llegar al meollo.
GOLES A GRANEL
Aunque la propuesta de leyes secundarias que plantea el gobierno en relación con la reforma en materia de telecomunicaciones desliza escenarios distintos al espíritu de ésta, se mantiene intacto el rigor de los castigos.
En el marco, se le cancelaría la concesión para operar a las empresas con perfil de predominantes que le nieguen la posibilidad de interconexión de sus redes a la competencia, o cuando incumplan las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de desagregación de la red local.
En el plano de las televisoras habrá multas hasta por el equivalente al cinco por ciento de la facturación anual para aquellas que no instrumenten un mecanismo de defensa de cara a las audiencias; nieguen la posibilidad de trato publicitario, o infrinjan la obligación de ceder los canales abiertos a las firmas de paga.
Ahora que, en lo que apunta a una vigilancia policiaca en los contenidos, se le quitan atribuciones al propio Ifetel para dárselas a la Secretaria de Gobernación.
Censura, pues, a todo lo alto.
DRAGON MART EN LA TABLITA
La semana pasada el procurador federal del Medio Ambiente, Francisco Moreno Medina, se reunió con los senadores panistas Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ríos, en afán de discutir el alcance del amparo promovido por éstos, que obliga a revisar la manifestación de impacto ambiental para el proyecto Dragon Mart.
El argumento es simple: la revisión sólo la han realizado autoridades locales, por más que el desarrollo de un centro de exposición y venta al mayoreo de productos chinos en Cancún afecta áreas federales protegidas.
Estamos hablando del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
De acuerdo al juez que aceptó la protección de la ley, la Profepa está obligada a dictaminar sobre una posible afectación.
La empresa que construye el coloso en una zona de carácter turístico, está afectando el ecosistema costero al crear una planta desalinizadora.
Del plato a la boca, pues, podrá caerse la sopa… china.
albertobarrancochavarriaen0@gmail.com
