¿Y quién responde por Ayotzinapa?

Todos condenamos la atrocidad que conlleva la desaparición forzada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. No hay palabras para describir la barbarie y el horror que se cometieron en los momentos de la desaparición. Después no sabemos aún que sucedió. Resulta crucial que, como sociedad, seamos capaces de fijar las responsabilidades que condujeron a un hecho de esta naturaleza. Es ahí donde el panorama se enturbia pues los diferentes actores políticos se lamentan del suceso e incluso piden perdón, pero nadie se hace cargo de la larga cadena de decisiones y omisiones que, sumadas a lo largo de los años, dieron como resultado este terrible acontecimiento.

En efecto, lo que sucedió no fue un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de deterioro institucional y social que a lo largo de los años ha dejado pasar -por desidia, interés, corrupción, incapacidad o mera irresponsabilidad- hechos y condiciones que, de haberse corregido en su momento, habrían generado un escenario distinto. Los gobiernos del estado (actuales y pasados) y los partidos políticos, quienes en mi opinión tienen la mayor responsabilidad en este proceso, miran al otro lado, toman distancia, dicen que fueron "otros" y hasta se someten a una "revocación de mandato" que nunca sucederá. Resulta indignante la actitud política del gobernador Aguirre. Su renuncia voluntaria hubiera sido un acto de mínimo respeto a los ciudadanos. Por su parte, los partidos políticos se muestran incapaces de entender que su carácter de instituciones de interés público financiadas con recursos públicos los obliga a tomar responsabilidades directas por la selección de sus candidatos. No, no basta con pedir perdón, se necesita mucho más.

La magnitud de la tragedia hace que los "remedios" luzcan insuficientes y hasta ridículos, y que de nuevo muestren nuestra incapacidad de comprender la gravedad y complejidad de la situación que enfrentamos. Esperamos una acción rápida y contundente de la PGR, cuando sabemos que una investigación técnicamente robusta lleva tiempo y que, en el mejor de los casos, sólo nos conducirá a la identificación de los responsables materiales e intelectuales, no del fondo del problema. La indignación social sirve de fermento para nuevas acciones de violencia que sólo ayuda a quienes pescan en río revuelto. La acción de la CNDH es tibia y casi irrelevante. El gobierno de la República se debate entre los muchos dilemas que supone una intervención federal, especialmente frente a los escasos recursos humanos y materiales con que cuenta y la urgencia de acción en varios estados de la república.

En su escalofriante novela histórica "Las benévolas" Jonathan Littell da cuenta del proceso de descomposición moral y humana que sufre un miembro del SS durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra cómo no se trató de un caso aislado, sino del producto de una sociedad que poco a poco fue tolerando la degradación hasta que la muerte se convirtió en un proceso mecánico. Lamento decirlo, Ayotzinapa no es un caso aislado, se suma a Tlatlaya, San Fernando, y tantos otros. En el fondo, hay una realidad en la que hemos insistido una y otra vez. Nuestra democracia cojea de un pie, y es la carencia de un sistema efectivo de rendición de cuentas que sirva para evitar el deterioro institucional que sufrimos.

Entre otras acciones, los estudiantes del CIDE lanzaron simbólicamente globos de cantoya en memoria de los normalistas y dijeron: "somos conscientes del México que no queremos". ¡Bien por ellos! Las nuevas generaciones saben bien lo que resulta inaceptable. Nuestra responsabilidad es dejarles un mejor país en el que todos seamos capaces de rendir cuentas y asumir las consecuencias de nuestras acciones.

(Profesor investigador del CIDE