Desde que arrancó el esquema del fondo metropolitano en el sexenio pasado para apoyar con recursos federales a las aglomeraciones urbanas que abarcan dos o más municipios, los ayuntamientos quedaron relegados de la toma de decisiones de los consejos y comités en donde se decide qué hacer con el dinero. Son los gobiernos estatales los que determinan a discreción qué obras realizar, a qué programas darles prioridad y qué proyectos llevar a cabo primero. Bajo este formato, era muy fácil que el fondo metropolitano terminara por convertirse en un sucedáneo o un parche de los presupuestos estatales, los cuales, al menos en Coahuila y Durango, han tendido a privilegiar a las capitales y a estar lejos de las necesidades de las ciudades de la Comarca Lagunera.
El Cabildo de Torreón exhortó el año pasado al Congreso de Coahuila a que enviara una solicitud a la Secretaría de Hacienda para que se revisara el esquema del fondo metropolitano con el fin de dar cabida a los ayuntamientos en la toma de decisiones de los proyectos a realizar. No obstante, el resultado fue negativo. Las reglas de operación para el programa en 2014 contemplan las mismas limitaciones para los gobiernos más cercanos, al menos en teoría, a los ciudadanos. Este año, las obras y programas que se discutan en los consejos y comités serán nuevamente las que determinen los representantes estatales.
Esta situación no sólo significa una aberración por el hecho de que las ciudades integrantes de una zona metropolitana no puedan decidir y consensuar qué es lo mejor para ellas y qué acciones se ajustan más a sus necesidades, sino que también afianza la subordinación de los ayuntamientos a los gobiernos estatales. Sin voto, los alcaldes y regidores de los municipios deben sujetarse a los designios de quien ejerce el poder en las capitales sin importar qué tan sensibles y conocedoras sean éstas de una realidad que sucede a 250 kilómetros de distancia.
Por otra parte, este hecho pone una vez más en evidencia que, contrario al discurso oficial, el Municipio no es en términos reales la base de la República democrática, federal y representativa, sino una división territorial al interior de los estados en donde los gobiernos locales se encuentran acotados por el centralismo de las entidades. En vez de que el poder se construya desde lo local hacia lo nacional, pasando por el ámbito estatal, ocurre a la inversa. Pero si en verdad aspiramos a un auténtico federalismo, deberíamos comenzar por fortalecer el nivel de gobierno más cercano a los habitantes y dotarlo de la autonomía y capacidad de gestión que hasta ahora sólo se encuentran en el papel. En las zonas metropolitanas, los municipios deben ser los protagonistas, no los gobiernos estatales.
