Si no son nulos, son muy escasos los mecanismos formales de participación con los que los mexicanos podemos expresar el apoyo o el rechazo por una política pública, una ley, una reforma o alguna designación de alto nivel en los poderes del Estado y en los órganos autónomos.
Las opciones que tenemos para manifestar una opinión que gane la atención de los tomadores de decisión se reduce a las protestas en la calle, que aun multitudinarias, no son atendidas con respeto y empatía, además de correr el riesgo de que se criminalice a los que protestamos mientras se apuesta al agotamiento de los manifestantes y a la animadversión que las protestas constantes generan en otros ciudadanos.
Hay algunas excepciones para los gremios que han profesionalizado su protesta y cuyos líderes se prestan a negociaciones en las que la autoridad consigue que abandonen las calles sacando recursos de la "caja chica" de Bucareli.
Es por ello que las 52 mil firmas en change.org y recabadas en cinco días a partir de la iniciativa promovida por los académicos Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero, representa un contundente referente de la necesidad de abrir mecanismos efectivos de deliberación entre ciudadanos y representantes. Las razones para solicitar al Senado que no otorgara el nombramiento de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Eduardo Medina Mora eran suficientemente convincentes como para que en una semana miles de ciudadanos suscribieran públicamente su rechazo. La solicitud asumía que si Peña Nieto estaba dispuesto a impulsar una figura que se prestaba consistentemente a la violación de derechos humanos y la simulación en la procuración de justicia, los senadores no lo harían. Entre los hechos que implican al ahora ministro, sobresale la encarcelación de las indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta, a quienes acusó de haber secuestrado a seis agentes de la AFI. También el caso del "michoacanazo" en el que se detuvo a 38 funcionarios públicos de oposición, semanas antes de las elecciones federales sin tener prueba alguna en su contra. A esto se sumó la información de que fue Medina Mora quien liberó 37 millones de dólares a Raúl Salinas de Gortari. Hazañas que le han valido el reconocimiento de todos los senadores del PRI, Verde y Panal, algunos del PAN y la ausencia conveniente de los cuatro senadores de izquierda que no se presentaron a la votación: Luz María Beristáin, Rabindranath Salazar, Mario Delgado y Armando Ríos.
Antes, intentamos empujar reformas que independientemente de quienes estuvieran en el poder, permitieran a los ciudadanos hacer explícitas sus preocupaciones y señalar las afectaciones que una decisión pública podía tener sobre la colectividad. Desafortunadamente la élite redujo esas reformas a derechos constitucionales que en las leyes se han difuminado.
Lo que sigue ahora para los 52 mil firmantes y para aquellos que hubieran querido firmar la solicitud, es darle un estricto monitoreo a quienes desde su cargo de senadores permitieron con acciones u omisiones que en la Corte se incorporara a un ministro que representa la impunidad y la simulación de la que nos urge escapar. No merecen nuestro voto.
Esto no será suficiente, debemos en el mediano y largo plazos apostarle a construir mecanismos pacíficos y efectivos que nos permitan sustituir a la élite gobernante que se autorrecicla con negociaciones e intercambios que sólo a ella beneficia. Nos urge sustituir a esta casta política por una que asuma realmente el compromiso de reconformar las instituciones priorizando mecanismos efectivos de diálogo con los representados, que otorgue información fehaciente de lo que implica una designación, y que priorice la asignación de recursos públicos a la solución de problemas sociales antes que a la autopromoción de carreras políticas. Seguramente somos más de 52 mil los que queremos que así sea.
Analista política y activista ciudadana
Analista política y activista ciudadana
