Intensos. Emilio Chuayffet (centro) compareció ante los legisladores, quienes lo cuestionaron con dureza por el caso de la evaluación.
Los argumentos del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, sobre los motivos de la suspensión de la evaluación docente, y su posterior reactivación, pasadas las elecciones, no convencieron ayer a los legisladores de oposición.
Durante su comparecencia ante la Segunda Comisión de la Permanente, el funcionario aseguró que la decisión de suspender los procesos de manera indefinida se debió fundamentalmente a la falta de equipos de cómputo en 19 entidades del país. Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, condenó la justificación.
"El Gobierno nos cree cándidos o nos cree tontos, imbéciles", expresó parafraseando a Jorge Ibargüengoitia. El panista criticó que el Gobierno aplique la Reforma Educativa con una política de silencios selectivos y con actitudes que rayan en la soberbia.
"No se puede gobernar desde el silencio", aseveró.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, advirtió que un secretario de Educación debe actuar como un hombre de Estado, más allá de filias y fobias, pero, sobre todo, por encima de las pasiones.
El legislador cuestionó a Chuayffet por no haberse comunicado con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para explicar las supuestas razones que los obligaban a suspender la prueba.
Incluso, acusó que el Gobierno ha echado a perder una reforma que no puede hacerse sin la participación de los maestros.
La diputada Esther Quintana, del PAN, cuestionó al titular de la SEP por no descontar a los maestros faltistas.
"¿Por qué carambas no le suspenden, hablando de suspensiones, el pago a los maestros de la CNTE? ¿Por qué no? Digo, no trabajan, han dejado al garete su principal deber que es educar a los niños. ¿En qué empleo le toleran a alguien que faltó lo que ellos han faltado y no pasa absolutamente nada?", dijo.
El titular de la SEP respondió que "ya lo ha explicado muchas veces", y que se debe a que los patrones sustitutos son los Gobiernos de los estados.
"¿Por qué no suspender los pagos a los maestros de la CNTE? Porque cuando se firmó el Acuerdo (Nacional de Modernización) de 1992, lo he dicho muchas veces, se señaló en la cláusula quinta que, al entrar en vigor, el Gobierno estatal sustituye al titular de la SEP", explicó.
Es a los gobiernos de los estados, insistió, a los que se debe cuestionar sobre el pago a los maestros faltistas.
El panista Fernando Rodríguez Doval preguntó incluso al titular de la SEP si era la persona adecuada para responder a los cuestionamientos de los legisladores sobre la negociación que sostiene el Gobierno federal con la CNTE.
En el Gobierno federal, recriminó, hay una doble estrategia de negociación, una en Gobernación con la CNTE, y otra de la SEP con el SNTE.
La senadora Angélica de la Peña, del PRD, cuestionó la inconstitucionalidad del comunicado 29 de la SEP y la decisión unilateral de la dependencia de suspender los procesos de evaluación.
Javier Lozano, senador del PAN, preguntó por qué el funcionario acudió a comparecer ante la Comisión Permanente 25 días después de suspender los procesos de evaluación.
"¿Por qué vine tanto tiempo después? Veinticinco días después, porque me citaron el jueves y el citatorio llegó el viernes", respondió el secretario.
Aprueban evaluación
La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional el sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros al servicio del Estado.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte resolvió ayer que cuatro artículos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que prevén la evaluación a partir de 2013, no violan el derecho humano a la estabilidad en el empleo, señalado para los burócratas en el artículo 123 de la Carta Magna.
Este era el argumento central de los amparos que miles de maestros, tanto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), promovieron para impugnar la legislación secundaria en la que se aterrizó la evaluación obligatoria señalada en la reforma al artículo Tercero Constitucional.
Todavía está pendiente discutir, mañana jueves, alegatos de que se violan derechos de previa audiencia, dignidad humana, libertad de trabajo y no aplicación retroactiva de la ley, que seguramente serán rechazados.
La mayoría de ministros sostuvo que el sistema de evaluación es sólo una modulación que fija ciertas condiciones al derecho a la estabilidad laboral, y beneficia a los maestros porque garantiza que no podrán ser removidos sin causa justa.
"El cese de los docentes que no aprueben tres evaluaciones garantiza que quienes estén al frente de un aula cuenten con conocimientos actualizados y las aptitudes necesarias par el desempeño de la labor", afirmó Arturo Zaldívar.
Varios Ministros destacaron que al caso aplica la garantía del interés superior de la niñez, previsto en el artículo Cuarto Constitucional.
