Dolor. Bajo el monumento a la Revolución, los familiares de los desaparecidos exigieron justicia.
Al cumplirse seis meses de la desaparición de 43 estudiantes en México, familiares de las víctimas advirtieron ayer que no permitirán la realización de comicios en el estado de Guerrero, mientras la Fiscalía defendió su "investigación transparente" del caso.
Los padres de los desaparecidos encabezaron diversos actos de protesta, incluyendo un mitin en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México, donde una delegación de familiares se reunió con miembros del Consejo General del organismo.
En el encuentro, los padres de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa entregaron un documento en que plantean una serie de "peticiones que no solamente se resumen en no (celebración de) elecciones" en el estado sureño de Guerrero, dijo un portavoz del INE.
Los familiares presentaron propuestas como elecciones por usos y costumbres, una figura incluida en la legislación mexicana para las regiones indígenas y que prevé la votación por mano alzada o a través de marcar el respaldo a un aspirante en un pizarrón.
Además, plantearon "gobiernos populares", señaló la fuente, que dijo que los consejeros electorales "reconocieron la voluntad de diálogo de los padres y del movimiento", así como su demanda de justicia y castigo para los responsables de la desaparición.
Las consejeros dijeron "que iban a analizar las peticiones" para "dar una respuesta por escrito más adelante", añadió sin precisar la fecha.
El abogado Isidoro Vicario, del centro de derechos humanos Tlachinollan, que apoya a los padres, recordó que las autoridades del municipio de Iguala (Guerrero) estuvieron involucradas en la desaparición de los 43 jóvenes.
La noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un tiradero de basura en el municipio vecino de Cocula, de acuerdo con la investigación oficial.
El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue detenido en noviembre pasado y está sometido a proceso penal como presunto autor intelectual de la agresión a los jóvenes.
Vicario declaró a la prensa que el texto entregado al INE pretende "exponer" por qué no hay condiciones para que sean elegidas las autoridades de Guerrero.
El próximo 7 de junio más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir 1,996 cargos, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de nueve estados, entre ellos Guerrero.
Los padres de los jóvenes no creen la versión de la Fiscalía sobre el caso y exigen la búsqueda de los estudiantes con vida, así como la apertura de una línea de investigación sobre el papel de las fuerzas federales en los hechos de Iguala, en los que también murieron seis personas y 25 más resultaron heridas.
"Han sido seis meses de dolor y movimiento, seis meses sin encontrar a nuestros hijos; no es nada sencillo", declaró a su vez Melitón Ortega, portavoz de los padres, ante un centenar de manifestantes concentrados en las instalaciones del INE.
Por su parte, los consejeros electorales "hicieron patente su respaldo y solidaridad a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y expresaron su identificación con el dolor, la indignación y la exigencia de justicia", indicó un comunicado del INE.
El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, explicó "la importancia de la protesta y la manifestación social como un derecho político que es compatible siempre con la realización de elecciones genuinas", añadió el boletín.
Los familiares encabezaron más tarde una manifestación en la que miles de mexicanos marcharon del Ángel de la Independencia, símbolo de la Ciudad de México, hasta el Monumento de la Revolución para recordar a los desaparecidos y exigir justicia.
Los manifestantes corearon consignas contra el Gobierno, mostraron carteles de inconformidad y con gestos de dolor pidieron el regreso con vida de los estudiantes.
Una muchacha con el rostro cubierto expuso que tiene el derecho de mantener su identidad en reserva para protegerse de represalias.
Se unen desde Nueva York
Alrededor de veinte mexicanos exigieron ayer justicia para los 43 estudiantes desaparecidos hace seis meses en Iguala, Guerrero, en una marcha desde la sede en Washington del Departamento de Estado hasta la embajada mexicana. “El Gobierno de México no responde a nuestra demanda de justicia.
“Eso nos ha llevado a caminar, a llegar este país para decirle al mundo que el caso Ayotzinapa (de donde eran los estudiantes) no se cierra porque nos faltan 43”, destacó en declaraciones el portavoz de la “Caravana 43”, Felipe de la Cruz.
De la Cruz, profesor de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y cuyo hijo sobrevivió el ataque contra un grupo de normalistas el pasado 26 de septiembre en México, forma parte de la llamada “Caravana 43”, una gira en la que los padres de los estudiantes están recorriendo Estados Unidos para pedir que no se olvide el caso.
Justo cuando se cumplen seis meses de la desaparición de los estudiantes, de la Cruz exigió a Estados Unidos que suspenda los subsidios que otorga desde 2008 a las fuerzas de seguridad mexicanas a través del Plan Mérida para combatir el narcotráfico o el blanqueo de capitales.
“Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos”, subrayó a través de un megáfono Armando Borja, de Mexicanos sin Fronteras, que se encargó de sostener junto a otros manifestantes la pancarta principal de la marcha, de color amarillo y en la que un mapa de Norteamérica estaba rodeado de flores.
Presume detenciones
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula, Guerrero, se iniciaron 25 averiguaciones previas y 104 personas han sido detenidas hasta el momento.
En un comunicado, la dependencia reiteró que por los sucesos de hace seis meses ha realizado una investigación transparente, exhaustiva y apegada a derecho, por lo que el compromiso es capturar al resto de los presuntos responsables.
Detalló que entre los detenidos, 48 pertenecen a la Policía Municipal de Iguala, 16 a la de Cocula y 40 son civiles vinculados con una organización delictiva con presencia en el estado de Guerrero.
De acuerdo con las investigaciones, a todas las personas capturadas se les ha dictado auto de formal prisión por homicidio, secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos.
La PGR afirmó que la detención de los probables responsables demuestra el compromiso que tiene para sancionar de manera contundente esas conductas delictivas.
Respecto a las consignaciones por el delito de desaparición forzada, indicó que se encuentra pendiente de la resolución que emita el Tribunal de alzada, ya que los agravios expuestos están siendo valorados por la autoridad jurisdiccional.
Precisó que se cuenta con nueve órdenes de aprehensión pendientes y a la fecha se han recabado 415 declaraciones ministeriales.
